0640/2019-S3

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0640/2019-S3 Sucre, 2 de octubre de 2019

SALA TERCERA Magistrado Relator: MSc. Paul Enrique Franco Zamora Acción de amparo constitucional

Expediente: 28910-2019-58-AAC Departamento: Cochabamba

En revisión la Resolución AAC 24/2019 de 8 de mayo, cursante de fs. 461 a 464 vta. pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Nazareth Anghela Mercado Plaza contra Laslo Juan de la Cruz Vargas Vilte, Fiscal Departamental de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 22 de abril de 2019, cursante de fs. 407 a 419 vta., la accionante manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Como emergencia de un hecho ilícito suscitado el 30 de julio de 2017, el 28 de agosto del mismo año, denunció ante el Ministerio Público a Juan Carlos Vargas Camacho y Elizabeth Amanda Sangueza Ortuño, por la comisión de los delitos de lesiones graves y leves sancionado por el art. 271 del Código Penal (CP). Posteriormente, se adhirieron a la denuncia, su madre Silvia Plaza Noguera y su hermana Katherine María Soliz Plaza, como víctimas del hecho, agregando y ampliando en contra de los prenombrados por el delito de amenazas, previsto en el art. 293 del CP.

Concluida la investigación preliminar, los Fiscales de Materia adscritos al caso FIS-CBA 1703506-Int 578/17P, emitieron la Resolución de Imputación Formal de 22 de mayo de 2018 en contra de Juan Carlos Vargas Camacho por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves; asimismo, en la misma fecha dictaron Resolución de Rechazo de Denuncia a favor de Elizabeth Amanda Sangueza Ortuño, por la presunta comisión de los delitos de lesiones graves, leves y amenazas; rechazando únicamente para el prenombrado por el delito de amenazas; por lo que, el 22 de junio de ese año, formuló objeción al rechazo de denuncia, remitiéndose los antecedentes al Fiscal Departamental de Cochabamba, quien mediante Resolución Jerárquica FDC/JVV OR-OD 987/2018 de 7 de noviembre, resolvió en la parte dispositiva: "'...1) RATIFICA la resolución de Rechazo de la Denuncia en relación a Juan Carlos Vargas Camacho y Elizabeth Amanda Sangueza Ortuño, por el delito de Amenazas, previsto y sancionado en el Art., 293 del Código Penal, disponiendo en consecuencia el archivo provisional de obrados, sin perjuicio de la eventual reapertura del proceso que pudiere suscitarse en el plazo de un año si el caso amerita, conforme a lo previsto por el Art., 304 parte ultima, concordante con el Art. 27 numeral 9), ambos de la Ley 1970...(continua)... 2) RATIFICA la Resolución de Rechazo de Denuncia en relación a Juan Carlos Vargas Camacho, por el delito de lesiones leves previsto en el art., 271 segundo parágrafo del Código Penal, disponiendo en consecuencia el archivo provisional de obrados, sin perjuicio de la eventual reapertura del proceso que pudiere suscitarse en el plazo de un año si el caso amerita, conforme a lo previsto por el art., 304 parte ultima, concordante con el art. 27 numeral 9), ambos de la Ley 1790'... (continua)...3) REVOCA la Resolución de Rechazo de Denuncia en relación a Elizabeth Aamanda Sangueza Ortuño por el delito de lesiones leves, disponiendo la prosecución de la acción penal únicamente contra la prenombrada denunciada en relación al indicado delito..." (sic).

El 21 de enero de 2019, fue emitida la Resolución Conclusiva de Sobreseimiento a favor del imputado Juan Carlos Vargas Camacho, que impugnó y al presente se encuentra pendiente de resolución.

Al emitirse la Resolución Jerárquica FDC/JVV OR-OD 987/2018 por el Fiscal Departamental de Cochabamba, se vulneró el derecho al debido proceso, a la seguridad jurídica, a la tutela judicial efectiva, al acceso a la justicia, a contar con resolución motivada y fundamentada; toda vez que, dicha Resolución se apartó de los fundamentos y de la expresión de agravios, resolviendo más allá de lo que se cuestionó, contraviniendo los arts. 5 numerales 1, 3 y 4; y, 121.18 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), pues el petitorio era claro: "...ordene la continuación de la denuncia con relación a los denunciados y ordene la se emita la correspondiente imputación formal en contra de Elizabeth Amanda Sangueza Ortuño por los delitos de lesiones graves y amenazas y A JUAN CARLOS VARGAS CAMACHO POR EL DELITO DE AMENAZAS..." (sic); sin embargo, se ratificó algo que no se pidió; es decir, se objetó la Resolución Fiscal de Rechazo respecto al denunciado únicamente por el delito de amenazas, ya que por el de lesiones graves y leves, ya existía imputación formal consolidada, en ese contexto la autoridad fiscal departamental debió limitarse a lo solicitado y no ratificar la referida Resolución.

Se presentó solicitud de aclaración y enmienda y por decreto de 14 de diciembre de 2018, no se dio curso. En ese contexto, la citada Resolución se apartó del principio de objetividad y legalidad, que no contó con la debida motivación, no logró el convencimiento de las partes al ser incongruente, puesto que lo referido en el petitorio es diferente a lo resuelto; además, conforme se tiene de la indicada Resolución Jerárquica, en su contenido solo se realizó una simple mención de los medios de prueba de cargo y se omitió darle un valor probatorio a cada una de ellas o por lo menos a aquella en las que encontró respaldo para una decisión objetiva; no existió un razonamiento de hecho y de derecho que justifique la decisión asumida.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados La accionante alegó como lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos a la defensa, al juez natural, a recurrir, a la igualdad procesal de las partes, a la motivación, a la congruencia de las resoluciones, a la valoración razonable de la prueba; a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; citando al efecto los arts. 109.I, 115.I y II, 119.I y 121.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada, disponiendo revocar y/o dejar sin efecto la Resolución Jerárquica FDC/JVV OR-OD 987/2018 y se emita nueva resolución fundamentada, motivada y coherente dentro de los límites de lo peticionado, sin desconocer el principio de legalidad.