0640/2023-S3

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga;

1. a)Dejar sin efecto el Auto de 3 de septiembre de 2021, emitido por la entonces Autoridad Sumariante a efecto de que se conceda el recurso jerárquico planteado;
2. b)La reincorporación a su fuente laboral; y,
3. c)El pago de sus salarios devengados y demás derechos laborales previstos por ley.

Manfred Armando Antonio Reyes Villa Bacigalupi, Alcalde, a través de su representante legal y Andrés Rodríguez Apaza, actual Autoridad Sumariante, ambos del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, mediante informe presentado el 27 de enero de 2022, cursante de fs. 42 a 46, así como en audiencia, manifestaron que:

1. 1)El accionante pretende que la jurisdicción constitucional revise la labor realizada por la autoridad administrativa, aspecto que constituye una causal de improcedencia para la tramitación de esta acción tutelar; ya que, la jurisprudencia constitucional estableció que la actividad jurisdiccional de otros tribunales no puede ser objeto de revisión vía acción de amparo constitucional, estableciendo en todo caso requisitos a ser cumplidos por parte del accionante que demuestre por qué la interpretación desarrollada por las autoridades -se entiende la entonces Autoridad Sumariante hoy coaccionada- vulneró derechos y garantías constitucionales, en tres dimensiones, entre ellas, por vulneración del derecho a una resolución congruente y motivada, valoración probatoria que se aparte de los marcos de razonabilidad y equidad; y, por una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico. Advirtiéndose que el accionante no cumplió con esa carga de demostrar la incongruencia de la resolución o pronunciamiento emitido ajeno al ordenamiento jurídico;
2. 2)Respecto a la existencia de hechos controvertidos, se hizo mención a una supuesta alteración de una diligencia de notificación; sin embargo, a la jurisdicción constitucional no le corresponde determinar la existencia de la alteración o no de una diligencia de notificación; es decir, si el accionante consideraba que se afectaron sus intereses a causa de una actuación procesal como la diligencia de notificación, debió reclamar por la vía correspondiente y no así a través de una acción tutelar;
3. 3)Manfred Armando Antonio Reyes Villa Bacigalupi, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, carece de legitimación pasiva; puesto que, en ningún momento hizo referencia o relación alguna en desmedro de los intereses del accionante;
4. 4)No existió ninguna alteración en la diligencia de notificación referida por el accionante, evidenciándose que la fecha '"LUNES 30"' no fue sobrescrita, más aun cuando el propio accionante al recibir la diligencia de notificación, escribió como fecha de recepción '"30-8-2021"', pretendiendo justificar el incumplimiento a un plazo procesal; por lo que, el accionante fue notificado el 30 de agosto de 2021 con la "...resolución Etapa de Impugnación A-31-08-2021..." que resolvió el recurso de revocatoria formulado por el accionante, quien presentó su recurso jerárquico recién el 3 de septiembre de igual año, fuera del plazo previsto por ley; y,
5. 5)El principio de informalidad no exime a que las partes deban cumplir plazos procesales, más aun cuando son perentorios, por cuanto corresponde denegar la tutela solicitada.

Luis Alberto Vega Pérez, ex Autoridad Sumariante del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, mediante informe presentado el 28 de enero de 2021, cursante de fs. 47 a 53 vta. así como en audiencia manifestó que:

1. i)No se cumplió con el requisito de la legitimación pasiva; ya que, el accionante no dirigió esta demanda contra el notificador quien debió comparecer a esta acción tutelar como accionado, al ser la persona que supuestamente consignó las fechas de notificación y vulneró sus derechos constitucionales que derivó en la destitución y la privación del derecho al trabajo del accionante;
2. ii)El nombrado fue sometido a un debido proceso, tramitado por autoridad competente de acuerdo al procedimiento establecido en el Reglamento Interno de Personal del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, Ley del Estatuto del Funcionario Público y el Reglamento de Responsabilidad por la Función Pública, ejerciendo el accionante en todo momento su derecho a la defensa amplia e irrestricta, y sin vulnerar la presunción de inocencia;
3. iii)Si existió una irregularidad en la notificación del "Recurso de Revocatoria", inmediatamente mediante un recurso de enmienda y complementación debió advertir a su persona -entonces autoridad sumariante- sobre la mencionada irregularidad, lo cual no fue efectuado por el accionante, consintiendo y convalidando esa situación;
4. iv)La jurisdicción ordinaria laboral aun no fue agotada, la doctrina estableció que cuando se despide a un trabajador mediante un proceso interno, y si este no está de acuerdo, debe recurrir ante la citada jurisdicción y no presentar la acción de defensa, salvo que en ese proceso interno se vulneraron derechos y garantías del trabajador;
5. v)El accionante en ningún momento ni en el recurso jerárquico denunció la observación a la fecha de notificación -se entiende con el Auto de "31" de agosto de 2021-; por lo que, su actuación se consideró un acto libremente consentido que da lugar a la improcedencia de esta acción de defensa;
6. vi)Se incumplió con la notificación del tercero interesado, siendo una causal de inadmisibilidad de la citada acción tutelar, en el presente caso el tercero interesado es la persona que viene desempeñando labores que ejercía el accionante desde que se lo desvinculó laboralmente;
7. vii)Bajo el principio de informalismo en materia administrativa el accionante pretende incumplir los plazos procesales establecidos para la impugnación; sin embargo, el propio accionante señaló que '"aunque en un hipotético caso mi persona hubiere presentado a DESTIEMPO no debiese aplicarse los plazos con esas rigidez bajo el principio de Informalismo''" (sic); por cuanto, se consintió la presentación de su recurso jerárquico a destiempo, y trata de sorprender con aseveraciones falsas y sin sustento legal, procurando subsanar su dejadez y negligencia; y,
8. viii)Pidió se deniegue la tutela solicitada.

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -con la aclaración que se convocó al Vocal de su similar Tercera-, mediante Resolución AAC-006/2022 de 27 de enero, cursante de fs. 110 a 114 vta., concedió la tutela solicitada disponiendo dejar sin efecto el Auto de 3 de septiembre de 2021 que ordenó la ejecutoria y corrección del Auto que resolvió el recurso de revocatoria y los posteriores emitidos al respecto, así como la diligencia de notificación que cursa "...a fs. 222 del expediente administrativo..." (sic) y todo acto administrativo que hubiese surgido con relación al cumplimiento de la resolución sumarial emergente de la ejecutoria determinada, y en consecuencia, la Autoridad Sumariante del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba proceda a regularizar el indicado procedimiento a partir de esos actuados precisados, a efecto de resguardar los derechos a la defensa y al debido proceso en su elemento de impugnación, sin perjuicio de lo que pueda corresponderle a la entonces Autoridad Sumariante hoy coaccionada en función a la concesión de la tutela solicitada; todo ello, bajo los siguientes fundamentos:

1. a)El 25 de agosto de 2021, el accionante formuló recurso de revocatoria, que fue resuelto por Auto de "31" de igual mes y año por la citada ex Autoridad Sumariante, y de acuerdo a la notificación cursante "...a fs. 222 del expediente..." (sic) se notificó al accionante el 30 de ese mes y año, precisando que esa diligencia en la fecha que se encuentra resaltada al igual que la fecha del pie de firma del nombrado, observándose que la notificación se realizó un día antes de la emisión del citado Auto;
2. b)La referida ex Autoridad Sumariante pronunció el decreto de 10 de septiembre del mencionado año, refiriendo que "'DE OFICIO.- En Vía de Enmienda y con la venia del abogado procesado del Señor: JAVIER JUAN COCA FLORES en este despacho y solo a mayor abundamiento se subsana error de Taipeo, siendo lo correcto de fecha de 30 de agosto de 2021, se subsana solo la fecha de la etapa de impugnación, manteniéndose incólume lo demás por lo que estando agotado el proceso y ejecutoriado el mismo se dispone archivo del expediente..."' (sic), el que constituiría el último acto procesal;
3. c)El recurso jerárquico planteado por el accionante mereció el Auto de 3 de septiembre de ese año, que de manera difusa indicó que el Auto en cuestión -que resolvió el recurso de revocatoria- se emitió el 30 de agosto del señalado año y en igual fecha se notificó al accionante; por lo que, su recurso jerárquico fue formulado de forma extemporánea, y que luego, por el "decreto" de 10 de septiembre de 2021 se enmendaría la fecha del citado Auto; "decreto" que se emitió de manera posterior al Memorando 2100 de 9 del mismo mes y año, que desvinculó laboralmente al accionante;
4. d)Se advierte la vulneración de los derechos al debido proceso en sus elementos de defensa e impugnación; puesto que, el Estado boliviano a través de las instancias respectivas y competentes determinó la posibilidad de impugnación en la vía administrativa estableciendo los recursos de revocatoria y jerárquico, para los funcionarios públicos, como resulta ser el caso del accionante;
5. e)La entonces Autoridad Sumariante ahora coaccionada imprimió el trámite procesal administrativo irregular, posterior a la emisión del Auto de "31" de agosto de 2021 y su notificación al accionante; por cuanto, al advertirse fecha errónea en el indicado Auto, correspondió no vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales, procediendo a notificar al nombrado con los actuados respectivos de corrección a efectos de otorgar al accionante la posibilidad de impugnación a partir de las correcciones efectuadas, y consecuentemente, activar su derecho a la defensa irrestricta en la fase de impugnación; por lo que, corresponde a los fines de su restitución, retrotraerse los actos procesales administrativos hasta la notificación con las correcciones efectuadas respecto a ese Auto sin que merezca pronunciamiento alguno con relación a las causales de improcedencia alegadas por los ahora accionados;
6. f)Al no tenerse por verificado la vulneración al derecho al trabajo, lo cual emerge de ser considerado en función a las resueltas del proceso disciplinario administrativo interno, por consiguiente no se tutela dicho derecho de manera directa; y,
7. g)En cuanto al Alcalde hoy accionado se evidenció que el accionante no acreditó su participación en los hechos motivo de la acción de defensa; por lo cual, corresponde determinar falta de legitimación pasiva respecto al nombrado.