Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0641/2026-S2 Sucre, 9 de abril de 2026
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional
Expediente: 56899-2023-114-AAC Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 120/2023 de 19 de mayo, cursante de fs. 101 a 105, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por José Alberto Rodríguez Mollinedo y Elba Geovana Sanjinés Bernal contra Félix Orlando Rojas Alcon y Claudia Marcela Castro Dorado, Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 24 de abril de 2022, cursantes a fs. 1; y, 34 a 41 vta., la parte accionante manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El Ministerio Público a instancia de parte dio inicio a la investigación por la presunta comisión del delito de contratos lesivos al Estado, en relación a la suscripción del Contrato ALC/004/2022 entre la Caja Nacional de Salud (CNS) y la empresa EXBEXTRA Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) que tenía por objeto el dotar diferentes insumos médicos a la CNS a nivel nacional para afrontar la pandemia por el Coronavirus (COVID-19) por el precio total de Bs20 501 243, 69.- (veinte millones quinientos un mil doscientos cuarenta y tres 69/100 bolivianos), en el que se habría dado un anticipo indebido del 50% del citado monto, es decir de Bs10 030 590, 50.- (diez millones treinta mil quinientos noventa 50/100 bolivianos), cuando de acuerdo al art. 19 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios -Decreto Supremo (DS) 0181 de 28 de junio de 2009- únicamente es permitido como anticipo máximo el 20% del importe total.
Empero, de forma posterior la Viceministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, mediante Nota MJTI-VTILCC-UDL-NE 34/2021 de 25 de noviembre, remitió el Acuerdo Restaurativo de 24 de ese mes y año, suscrito entre el representante de la CNS y J.M.L.C., representante de la empresa EXBEXTRA S.R.L. -ahora terceros interesados-, Acuerdo que habría sido aceptado por dicha cartera Viceministerial; a raíz de lo cual, se llevó a cabo la audiencia de consideración, oportunidad en la que el Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz mediante Resolución 118/2022 de 22 de marzo, rechazó la solicitud de consideración de justicia restaurativa, y siendo dicha determinación apelada tanto por el imputado como por el citado Viceministerio, la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz a través del Auto de Vista 105/2022 de 14 de abril, confirmó en parte la Resolución impugnada y dispuso que el Ministerio Público se pronuncie al respecto dando curso o rechazando la petición del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, lo que su turno dio lugar al decreto de 15 de abril de 2022, por el cual el Ministerio Público declaró no ha lugar la solicitud de homologación de acuerdo restaurativo.
No obstante, el hoy tercero interesado y representante de la empresa EXBEXTRA S.R.L., contra el Auto de Vista 105/2022 interpuso una primera acción de amparo constitucional, emitiéndose en consecuencia la Resolución 317/2022 de 5 de diciembre, por la que la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz concedió la tutela, disponiendo dejar sin efecto el citado fallo de alzada y ordenando la emisión de uno nuevo acorde a la Ley de Fortalecimiento para la Lucha Contra la Corrupción -Ley 1390 de 27 de agosto de 2021- en su art. "345" quater, así como lo establecido en el Protocolo de Actuaciones para la Aplicación del Programa de Justicia Restaurativa en el marco de la solicitud de colaboración eficaz aprobada mediante Resolución Ministerial (RM) 092/2021 de 13 de septiembre.
Lo que dio lugar al Auto de Vista 75/2023 de 1 de marzo, a partir del cual Félix Orlando Rojas Alcon y Claudia Marcela Castro Dorado, Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandados- dispusieron que en el plazo de tres días el Ministerio Público emita el requerimiento de homologación de acuerdo restaurativo, lo que fue objeto de solicitud de explicación y complementación por parte del Ministerio Público bajo la consideración de que la Ley de Fortalecimiento para la Lucha Contra la Corrupción establece como límite para la disponibilidad de la acción penal pública para los procesos que no causen grave daño económico al Estado cuyo detrimento sea igual o superior a los Bs7 000 000.- (siete millones de bolivianos), lo que no aplicaría en el caso donde el daño económico al Estado fue de más de Bs10 000 000.- (diez millones de bolivianos), solicitud que fue negada sin ingresar al fondo, considerando que dicho aspecto no formó parte del análisis de la autoridad a quo, por lo que no se podría introducir nuevos elementos que no fueron motivados por el Juez de primera instancia.
Así, en numerosas oportunidades el Ministerio Público en función a lo expresado precedentemente reclamó que no se cumplía la normativa en relación a la derivación al programa de justicia restaurativa, pues en el caso el daño económico fue de Bs10 000 000.-, aspecto que no fue considerado tanto en el Auto de Vista 75/2023 y su Auto complementario incurriendo en una incongruencia omisiva.
Por otra parte, de los fundamentos del Auto de Vista 75/2023, se advierte que los Vocales demandados consideraron al Protocolo de Actuación para la Aplicación del Programa de Justicia Restaurativa en el Marco de la Solicitud de la Colaboración Eficaz como la reglamentación de la Ley de Fortalecimiento para la Lucha Contra la Corrupción respecto a su art. 35 quater, fundamentación incongruente con lo establecido en la referida Ley; toda vez que, el citado Protocolo fue aprobado por la RM 092/2021 que no tiene rango de ley y tampoco de un Decreto Supremo para poder reglamentar la Ley de Fortalecimiento para la Lucha Contra la Corrupción.
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