0642/2019-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0642/2019-S1 Sucre, 30 de julio de 2019

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional

Expediente: 27727-2019-56-AAC Departamento: Tarija

En revisión la Resolución 004/2019 de 19 de febrero, cursante de fs. 152 a 163 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Oliver Romero Mendoza contra Vladimir Gustavo Taboada Suarez, Juez de Instrucción Penal Segundo del departamento de Tarija.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 11 y 13 de febrero de 2019, cursantes de fs. 24 a 32 y de 34 a 37, el accionante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra y otros por la presunta comisión de delitos de tráfico de sustancias controladas y otros, en base al art. 169.3 del Código de Procedimiento Penal (CPP), dentro del plazo legal, formuló incidente de nulidad del Acta de Prueba de Campo y Pesaje de Sustancias Controladas de 18 de enero de 2019 de, pues advirtió que el pesaje fue realizado fuera de la norma, al incluirse los envases en el peso total de 1.184 g de cocaína y 92 g de marihuana, afectando su derecho a la defensa respecto a la calificación jurídica, pues una mínima cantidad de dichas sustancias puede cambiar la tipificación del delito, y por otra parte, no es "...concebible que una mínima cantidad de sustancia controlada requiera la participación de una pluralidad de sujetos para su comercialización..." (sic); asimismo, arguyó que en el indicado Acta se omitió especificar de dónde se obtuvo la muestra para realizar dicho estudio, considerando que la sustancia estaba fraccionada y distribuida en distintos lugares, lo que ameritaba realizar el test de campo de cada empaque. En base a esos argumentos, correspondía que se aplique el art. 314 del CPP, es decir, correr en traslado dicho incidente y resolverlo en el fondo.

Sin embargo, el Juez de Instrucción Penal Segundo del departamento de Tarija -ahora demandado-, por Auto Interlocutorio de 6 de febrero de 2019, rechazó in limine su incidente, señalando que la oportunidad para reclamar actividad procesal defectuosa era en audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares, donde la problemática planteada ya fue tratada y resuelta, que se encontraba con recurso de apelación incidental, lo que impediría resolver el incidente incoado; empero, no tomó en cuenta que en la referida audiencia dicha autoridad judicial se limitó a definir su situación jurídica disponiendo su detención preventiva, tal cual se tiene del Auto Interlocutorio 17/2018-MCP de 19 de enero de 2019, en el que no consideró aspectos sobre la legalidad del Acta de Prueba de Campo y Pesaje de Sustancias Controladas de 18 del indicado mes y año, como erróneamente se señaló en el citado Auto Interlocutorio de 6 de febrero de 2019.

El Auto Interlocutorio de 6 de febrero de 2019 vulneró el debido proceso en su componente de legalidad procesal por cuanto hubo una errónea aplicación del art. 315.II del CPP, pues la figura de rechazo in limine de excepciones e incidentes se halla reservada al planteamiento de incidencias manifiestamente improcedentes por carecer de fundamento y prueba; es decir, cuando su finalidad sea una pretensión ilícita, su resolución no sea atribución del Órgano Judicial y carezca de fundabilidad; tomando en cuenta ello, su incidente no es improcedente, pues su pretensión es legal, estando amparado en el art. 169.3 de la ley adjetiva penal, y además se respaldó en prueba que demostraba su pretensión, por lo que, el rechazo in limine de su incidente fue realizado fuera del marco del art. 315.II del aludido Código. Asimismo, el Juez ahora demandado actuó al margen del art. "93" -siendo lo correcto 33- del Decreto Supremo (DS) 3434 de 13 de diciembre de 2017, cuando estableció que su defensa podía pedir un nuevo pesaje u otro medio pericial para establecer el peso real de la sustancia controlada encontrada, cuando dicha norma prevé que la misma se destruirá en el plazo de seis días desde su secuestro.

También se vulneró el debido proceso en su componente de fundamentación, por cuanto se aplicó la figura del rechazo in limine sin adecuar la decisión judicial a las circunstancias del art. 315.II del CPP, justificando esa actuación arbitraria con criterios ilegales como que toda actividad procesal defectuosa debía reclamarse en audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares donde la defensa hubiera realizado dicho reclamo, el mismo que mereció un pronunciamiento, extremo que no es evidente, de acuerdo al contenido del Auto Interlocutorio 17/2018-MCP, es decir, que no tiene fundamento alguno el rechazo in limine.

La vulneración del derecho a recurrir emerge del arbitrario rechazo in limine que no admite recurso ulterior, negando la oportunidad de que un tribunal superior revise la ilegal resolución consistente en el Auto de 6 de febrero de 2019, el cual está reconocido en el art. 403 del CPP y pese a ello el Juez ahora demandado negó el recurso en aplicación del art. 315 de igual Código.

Finalmente, se coartó su derecho a la defensa el cual se materializa con la interposición de los mecanismos lícitos establecidos por el legislador, previsto por el art. 169 del CPP para el establecimiento del debido proceso cuando exista actividad procesal defectuosa que vulnere derechos fundamentales, pues se rechazó in limine una pretensión legal reconocida a todo justiciable para evitar que se utilicen en su contra elementos indiciarios obtenidos de forma ilegal por el Ministerio Público.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

El accionante denunció como lesionado su derecho al debido proceso en sus vertientes de legalidad procesal, fundamentación, impugnación y defensa, citando al efecto los arts. 115.II, 117, 120 y 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE).