Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0643/2019-S1 Sucre, 30 de julio de 2019
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional
Expediente: 27749-2019-56-AAC Departamento: Tarija
En revisión la Resolución 04/2019 de 18 de febrero, cursante de fs. 114 vta. a 123 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Franz Darío Tejerina Mogro contra Aimoré Francisco Álvarez Barba, Fiscal Departamental de Tarija.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1.Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 7 y 13 de febrero ambos de 2019, cursante de fs. 58 a 79; 82 a 84 vta., el accionante expresó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 7 de mayo de 2018, fue imputado formalmente por la presunta comisión del delito de conducta antieconómica culposa; toda vez que, en su condición de Gerente General de Servicios Eléctricos Tarija (SETAR) no habría asumido medidas para cumplir el plazo establecido -1 de agosto de 2014- en el Decreto Supremo (DS) 26094 de 2 de marzo de 2001, para presentar el estudio tarifario a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad por el período noviembre 2014 a octubre de 2018, ante dicho incumplimiento se sancionó a la empresa SETAR con una multa de Bs153 578,42.- (ciento cincuenta y tres mil quinientos setenta y ocho 42/100 bolivianos) de acuerdo a la Resolución AE 657/2014 de 16 de diciembre.
Señala que, como emergencia de la instauración del proceso asumió actos para demostrar que no generó ningún tipo de daño económico al Estado, es así que el 26 de junio de 2018 presentó memorial proponiendo diligencias, específicamente requerimiento fiscal para el Gerente de la empresa SETAR a efectos de que informe:
- a)Cuáles son las unidades solicitantes de la empresa SETAR para el estudio tarifario de los períodos 2001-2014 y 2014-2018, y qué funcionarios participaron en ambos estudios;
- b)Si la Dirección de Gestión Estratégica cumplió o cumple funciones relacionadas con el estudio tarifario o con las tarifas que aplica la empresa;
- c)Cuál fue el efecto económico para la empresa SETAR el hecho de aplicar las tarifas de estudio 2014-2018 a partir de septiembre de 2015;
- d)Cuál fue el resultado del Estudio Tarifario 2014-2018;
- e)Cuánto cobró la empresa SETAR mensualmente durante el período noviembre de 2014 a agosto 2015 aplicando la antigua estructura tarifaria y cuánto debió cobrar en el mismo período se aplicaba la nueva Estructura Tarifaria;
- f)Si como consecuencia del retraso en la presentación del estudio tarifario y la multa cancelada por dicho concepto, la empresa SETAR perdió o se benefició económicamente; y,
- g)Respecto a los Estudios Financieros; cuál fue el estado de resultado de la empresa SETAR en las gestiones 2014, 2015, 2016 y 2017. Memorial en el que justificó que la misma era una diligencia útil porque ayudaría a dilucidar la existencia del tipo penal que se le atribuye; asimismo es legal porque se está requiriendo a la institución que sería la víctima y además es pertinente pues está íntimamente vinculado con el hecho investigado.
No obstante, por decreto de 29 de junio de 2018, dispuso que previo a considerar su solicitud debía aclarar la pertinencia y utilidad de la misma conforme al art. 306 del Código de Procedimiento Penal (CPP); por lo que, el 6 de julio del referido año, aclaró y fundamento la pertinencia y utilidad de cada una de las diligencias propuestas, conforme dispone la citada normativa; es decir, volvió a demostrar que las diligencias van a ayudar a dilucidar la existencia o no de causación de daño, elemento objetivo de tipo penal que se le atribuye, que es legal porque se está requiriendo a la institución presuntamente víctima y que es pertinente al tener un íntimo vínculo con el hecho investigado, es más fundamentó que las diligencias resultan imprescindibles para el ejercicio de su legítimo derecho a la defensa, el cual tiene un sustento legal y constitucional; no obstante, el 1 de agosto del señalado año le notificaron con la Resolución Fiscal de 10 de julio de igual año, negándole su solicitud, alegando la falta de pertinencia con el objeto de la investigación, señalando respecto a su primer punto de solicitud que la misma sería general y no se encontraría dentro el objeto de la investigación, en cuanto a los puntos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, fueron negadas de forma conjunta refiriendo que si su actuar benefició o no económicamente a la empresa, no se encuentra dentro los parámetros establecidos en el art. 306 del CPP, siendo impertinentes a la investigación; por lo que, objetó dicha Resolución el 2 de agosto de citado año, por coartar el ejercicio y preparación de su legítimo derecho a la defensa al no tener otro mecanismo para poder colectar información que considera esencial para demostrar la inexistencia del ilícito de conducta antieconómica al no existir daño económico.
Señala que su objeción mereció la emisión de la Resolución Jerárquica de 7 de agosto de 2018, emitida por el entonces Fiscal Departamental de Tarija, misma que resolvió confirmar la Resolución de negativa de diligencias, conculcando su legítimo derecho a la defensa porqué la ilegal negativa le genera "un cauce" de indefensión material, el derecho a la igualdad y también al debido proceso en su vertiente de motivación por incongruencia; toda vez que, se limitó en el punto 1 a transcribir los memoriales de "...ACLARA, FUNDAMENTA PERTINENCIA Y UTILIDAD DE LAS DILIGENCIAS PROPUESTAS" (sic), en el punto 2 transcribió el requerimiento fiscal de 10 de julio de 2018, por el que se niega sus diligencias, sin realizar en estos dos puntos fundamentación alguna, en el punto 3 se limitó a referir la objeción señalando que de manera general se hubiera indicado que las diligencias investigativas propuestas son útiles y pertinentes, valoración totalmente ajena a la realidad ya que se realizó en la objeción una delimitación específica de los aspectos cuestionados, los cuales se debieron absolver, no obstante dicha labor fue deficiente pues ni siquiera se delimitó los cuestionamientos que se formularon; ahora bien en el punto 4 del examen analítico de los antecedentes, en el apartado a) se transcribió los arts. 72 y 73 del CPP y 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público -Ley 260 de 11 de julio de 2012-, en el apartado b) indicó que el Ministerio Público está en la obligación de garantizar los derechos; en el c) concluye que así lo reconoció la Constitución Política del Estado y Tratados y Convenios Internacionales, en el "d)" transcribe el art. 5 de la Ley 260 y finalmente en el apartado "d" se realizó el único trabajo intelectivo valorativo, el cual carece absolutamente de fundamentación y motivación; toda vez que, solo señaló los antecedentes del caso, que el objeto de la investigación era que la empresa SETAR debía realizar un nuevo estudio tarifario de la gestión 2014-2018 y que se debía presentar a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad, pero que esta hubiera sido realizada fuera del plazo, disponiéndose por ello una multa que se constituye en el daño ocasionado a la empresa, para luego indicar que la Fiscal de Materia actúa bajo lo establecido en los arts. 40 de la Ley 260 y 74 del CPP (desarrollados textualmente), concluyendo que por ello se advierte que la Resolución Fiscal emitida por la Fiscal de Materia se encuentra debidamente fundamentada en el sentido que se quisiera realizar diligencias investigativas de aspectos que no son objeto de investigación.
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