0644/2022-S2

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar:

1. a)A la AEVIVIENDA que le cancele los sueldos que dejó de percibir desde el 30 de junio al 31 de diciembre de 2020, así como los beneficios sociales que le correspondían durante ese periodo, sea en el plazo prudente de quince días a partir de la emisión de la "Sentencia"; y,
2. b)El pago de "penalidades de ley, costas y costos" (sic).

La accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar y amplió señalando:

1. 1)El Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda pudo haberse pronunciado sobre el fondo de los agravios y en consecuencia no "derivar" a la AEVIVIENDA para que emita una nueva resolución, a raíz de lo cual considera lesionado su derecho de petición y de forma indirecta su derecho al trabajo porque se ha interrumpido el contrato de prestación de servicios; y,
2. 2)Considerando que no es materialmente posible la restitución a su "fuente laboral" dado que el precitado contrato feneció el 31 de diciembre de 2020, solicitó la concesión de la tutela a los efectos del pago de los salarios y beneficios sociales que dejó de percibir después del 30 de junio hasta la referida fecha.

Edgar Montaño Rojas, Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, a través de su representante legal, en audiencia solicitó se deniegue la tutela en mérito a los siguientes argumentos:

1. i)La accionante tenía suscrito el Contrato de Prestación de Servicios Personal Eventual - "Partida 121" DAJ/PE 126/2020, con la AEVIVIENDA, bajo la partida de personal eventual; en ese marco, a través de Nota AEV/GTH_DES/046/2020, el Director General Ejecutivo de esa entidad le comunicó a la prenombrada la resolución del mismo, esto en virtud a la cláusula 14.1 inc. e) del referido convenio;
2. ii)Contra esa determinación, la impetrante de tutela interpuso recurso de revocatoria que fue rechazado por Resolución Administrativa de Revocatoria 001/2020, frente a la cual presentó recurso jerárquico, que fue atendida por RM 032; por la cual, se revocó la decisión impugnada y se ordenó a la precitada entidad demandada que emita una nueva determinación, instrucción que fue cumplida a través de la Resolución Administrativa de Revocatoria 004/2021 de 19 de marzo, misma que se constituye en el último acto administrativo dentro de la litis que nos ocupa y contra la cual debió haberse dirigido la presente acción tutelar, lo que deviene en el no agotamiento de la vía administrativa;
3. iii)Si la solicitante de tutela consideraba la existencia de silencio administrativo negativo debió haber interpuesto un nuevo recurso jerárquico ante el Ministerio a su cargo y de esa manera concluir la vía, extremo que no ocurrió; por lo tanto, deviene en el incumplimiento del principio de subsidiariedad y la consecuente improcedencia de esta acción de defensa; y,
4. iv)Finalmente, considerando que contra la citada RM 032, la prenombrada no presentó ninguna acción o recurso y tampoco constituye el último acto generado en el proceso administrativo, se entiende que carece de legitimación pasiva dentro de este mecanismo de defensa.

Juan José Espejo Condori, Director General Ejecutivo de la AEVIVIENDA, a través de su representante legal remitió informe escrito el 10 de agosto de 2021, cursante de fs. 161 a 180 vta., mediante el que solicitó se deniegue la tutela, en mérito a los siguientes argumentos:

1. a)La Resolución Administrativa de Revocatoria 004/2021, se configura en la última determinación emitida dentro de la vía administrativa, misma que fue gestionada por la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de la AEVIVIENDA en atención al recurso de revocatoria conforme lo previsto por el art. 64 de la LPA y no así por el titular del citado Ministerio; por lo que, se descarta su legitimación dentro de esta demanda tutelar, lo que acontece en la improcedencia de la misma;
2. b)Con la referida Resolución Administrativa de Revocatoria se notificó a la parte accionante el 25 de marzo de 2021, en Secretaría de la Dirección General Ejecutiva de la oficina nacional de la AEVIVIENDA; a partir de esa data, la peticionante de tutela tenía la vía expedita para interponer recurso jerárquico contra esa decisión, extremo que no sucedió y ante su supuesto desconocimiento activó los mecanismos referentes al silencio administrativo; bajo tales consideraciones, es pertinente indicar que la acción de amparo constitucional no es un instrumento alternativo de la acciones ordinarias, lo que deviene en el incumplimiento del principio de subsidiariedad que rige este tipo de acciones de defensa;
3. c)Como se tiene señalado, la notificación con la precitada Resolución Administrativa de Revocatoria a la demandante de tutela se realizó en Secretaría de la Dirección General Ejecutiva de la oficina nacional de la AEVIVIENDA, esto en atención a la previsión contenida en el art. 33.III de la LPA, con lo cual la entidad que dirige no incurrió en acto u omisión alguno que devenga en la vulneración de derechos;
4. d)Con respecto a la supuesta lesión del derecho de petición, es necesario que al efecto la accionante acredite los elementos configuradores de dicho derecho; no obstante, en el caso de autos se otorgó respuesta al pedido de la aludida a través de la mencionada Resolución Administrativa de Revocatoria con la que fue debidamente notificada como se indicó supra;
5. e)En relación a que no se dió respuesta al memorial de 9 de abril de 2021, por el que denunció de silencio administrativo e incumplimiento de deberes, el mismo fue diligenciado a través de proveído de 20 de igual mes y año, extremo que también fue notificada a la prenombrada el 26 de similar mes y año en Secretaría de Dirección General Ejecutiva de la AEVIVIENDA;
6. f)La relación entre la solicitante de tutela y la entidad a su cargo se sustentaba en el Contrato de Prestación de Servicios Personal Eventual -"Partida 121" DAJ/PE 126/2020, en cuyo mérito acordaron la posibilidad de resolución del mismo por decisión unilateral de la parte contratante (cláusula 14.1 inc. e), situación que aconteció el 30 de junio de 2020 a través de Nota AEV/GTH_DES/046/2020;
7. g)Sobre la pretensión de aplicación de la Ley que Coadyuva a Regular la Emergencia por el COVID-19 -Ley 1309 de 30 de junio de 2020-, a su caso por parte de la accionante, se tiene que la entidad demandada no subsume su condición en las establecidas para las organizaciones económicas estatales, esto en conformidad con lo previsto en el Decreto Supremo (DS) 986 de 21 de septiembre de 2011, por el cual fue creada y por lo tanto no se encuentra dentro del ámbito de la mencionada norma; asimismo, el DS 4325 de 7 de septiembre de 2020, que reglamenta la precitada Ley, estableció que la cuarentena establecida como consecuencia de la pandemia COVID-19 tenía vigencia del 22 de marzo al 30 de abril de 2020;
8. h)Por otro lado, la impetrante de tutela no habría identificado el hecho lesivo con relación a los derechos, cuya vulneración alega; toda vez que, expresa como tal a la emisión de la "Resolución de Contrario" y las repuestas que se emitieron a sus solicitudes; extremos que no denotan vínculo con los derechos al trabajo y a la estabilidad laboral; asimismo, tampoco señala como se habría vulnerado el debido proceso; todo ello deviene en la ausencia de nexo de causalidad entre los hechos, derechos y petitorio; e,
9. i)De acuerdo a la naturaleza jurídica de la acción tutelar no es posible dilucidar hechos controvertidos ni reconocer derechos a través de la misma, así en el caso de autos correspondería denegar la tutela.

En audiencia tutelar manifestó que:

1. 1)Frente a la nota de 9 de abril de 2021, por la que la solicitante de tutela denunció la existencia de silencio administrativo negativo, se emitió el proveído de "16" de igual mes y año, por el que se le comunicó que no correspondía la procedencia de dicho extremo ya que existía una respuesta al recurso de revocatoria; y,
2. 2)No obstante, la prenombrada omitió hacer uso del recurso jerárquico si consideraba la existencia de silencio administrativo negativo, a la luz de lo establecido en el art. 17 de la LPA, lo que devendría en el incumplimiento del principio de subsidiariedad.

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 110/21 de 10 de agosto de 2021, cursante de fs. 191 a 196, denegó la tutela, sin costas por ser excusable. Decisión asumida con los siguientes fundamentos:

1. i)Como consecuencia de la resolución unilateral del Contrato de Prestación de Servicios Personal Eventual - "Partida 121" DAJ/PE 126/2020, por parte de la entidad ahora demandada, la impetrante de tutela interpuso recurso de revocatoria contra esa decisión y ante su rechazo, presentó recurso de jerárquico que mereció la RM 032, determinación que no obstante de haber revocado la resolución impugnada, no se habría pronunciado en el fondo, lo que según criterio de la prenombrada, derivó en la vulneración sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral y a la petición;
2. ii)Al respecto, se tiene que en cumplimiento de la precitada Resolución Ministerial se emitió la Resolución Administrativa de Revocatoria 004/2021 -por el Director General Ejecutivo de la AEVIVIENDA-, con la que se notificó a la solicitante de tutela el 25 de marzo de ese año;
3. iii)Sin embargo, el 9 de abril de igual año, la hoy accionante denunció silencio administrativo negativo ante la supuesta ausencia de la citada Resolución Administrativa de Revocatoria y posteriormente interpuso esta acción de defensa;
4. iv)Bajo esos antecedentes se configura la causal de improcedencia prevista en el art. 53.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo) ya que la nueva Resolución Administrativa de Revocatoria 004/2021, podía haber sido impugnada por la ahora demandante de tutela, extremo que deviene en el no agotamiento de la vía administrativa; y,
5. v)Asimismo, respecto a la precitada RM 032 se configura la existencia de actos consentidos por la aludida.