0645/2022-S3

Los accionantes a través de sus abogados, ratificaron los argumentos expuestos en su memorial de acción de amparo constitucional y ampliando en audiencia manifestaron:

1. a)Mediante Ley Municipal 92/14 de 8 de mayo de 2014, se declaró propiedad municipal el Sector 3 del área de aproximación del aeropuerto internacional de El Alto del departamento de La Paz y el 20 de igual mes y año, el GAM de El Alto del citado departamento, señaló ser titular del derecho propietario de los seis sectores que comprenden el área de aproximación del aeropuerto denominado "cola del aeropuerto" con registros vigentes; y,
2. b)A partir del 2010 el referido Gobierno Municipal, conoció del asentamiento ilegal de personas en el sector 3 del área de aproximación del Aeropuerto, lo que dio origen a una denuncia y consiguiente proceso administrativo de demolición que concluyó con la emisión de la Resolución Administrativa (RA) 01/2013 de 28 de noviembre, cuya parte resolutiva en su artículo primero dispone "...declarar la clandestinidad de las de las construcciones existentes sobre área no edificable identificada como el área de aproximación o Zona de Protección Aeronáutica, prolongación del aeropuerto internacional de El Alto señalando la superficie de 60.000 mtrs.2" (sic).

Asimismo, ante a las preguntas de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, manifestaron que:

1. 1)No es evidente que no tienen planimetría aprobada, "...ya que de acuerdo al informe jurídico DELAPAZ se ha presentado a los requisitos que nos pueden exigir en su momento" (sic);
2. 2)Respecto a que se hubiera generado una conexión de carácter temporal, en ningún momento suscribieron algún documento donde especifique que la instalación era de manera provisional, sino ejecución del proyecto de identificación individual solicitado, pues el proyecto de tal naturaleza no puede ser provisional; por lo que, no existe documento que demuestre lo contrario; y,
3. 3)Lo expuesto por la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA) y el GAM de El Alto del departamento de La Paz, no corresponde a la verdad; pues, el asentamiento de la Urbanización "Eduardo Avaroa" deviene de 1995.

Julio Freddy Aruquipa Mamani, Gerente General de la empresa DELAPAZ S.A., mediante sus representantes legales, por informe escrito, cursante de fs. 457 a 458 y en audiencia, solicitó se deniegue la tutela impetrada, señalando que:

1. i)La acción de amparo constitucional fue interpuesta contra Franklin Moisés Tavera Ibarra y Alfredo Adrián Deheza Gutiérrez, ex y actual, respectivamente, Gerente de Operaciones y Mantenimiento de dicha empresa; sin embargo, esa área de trabajo no cuenta con personería jurídica propia, ni los prenombrados son funcionarios públicos, pues tampoco ejercen ningún tipo de competencia o jurisdicción administrativa;
2. ii)La referida empresa es una sociedad anónima con participación mayoritaria del Estado boliviano, que se dedica a la distribución de energía eléctrica con cobertura en todo el departamento de La Paz, regulada por la Ley de Electricidad, "... y tiene el ente gobernador que es la organización de la gerencia nuclear..." (sic), que en su momento era la Unidad de Fiscalización y Control de Electricidad, autoridad que, el 11 de julio de 2014, les comunicó oficialmente mediante hoja de ruta "AE93 ADLG84" emitida por el GAM de El Alto del departamento de La Paz, la RA 01/2013, indicando que: "...es una zona de protección aeronáutica a la ubicación del aeropuerto de El Alto y que ha sido sancionada en medición de las construcciones clandestinas de la urbanización Eduardo Avaroa..." (sic); y,
3. iii)Por nota con Cite "SABM4/NOTAS/H/GCHD362/2020" el citado Gobierno Municipal, informó que mediante proceso técnico administrativo en la gestión 2016, se procedió a la demolición de construcciones en la Urbanización "Eduardo Avaroa" y posteriormente, a través de la hoja de ruta YBYA/1018/2018 de 22 de mayo, el Director General de AASANA indicó que Bolivia firmó convenio de relación civil internacional obligándose a garantizar la seguridad operacional al tratarse de vidas humanas, concluyendo que independientemente del derecho propietario, la empresa accionada no puede autorizar la instalación ni prestar suministro de electricidad -se entiende de la zona en cuestión- debido a que ponen en riesgo las operaciones de alto despegue y de las naves en el aeropuerto internacional aludido. Respondiendo a las preguntas del Vocal de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, señaló que: No vulneraron derechos y garantías constitucionales porque la empresa accionada no otorgó el servicio de energía eléctrica de forma permanente como refieren los peticionantes de tutela, debido a que los mismos nunca presentaron planimetría aprobada por el GAM de El Alto del referido departamento; razón por la que, no pueden prestarles el servicio de forma permanente, únicamente suministraron energía a dos medidores con un plazo de vigencia.

El GAM de El Alto del departamento de La Paz, en audiencia sostuvo que:

1. a)Los accionantes no manifestaron claramente en donde se encuentra la medida de hecho; asimismo, no presentaron planimetría, pues se encuentra todavía en trámite; por lo que, no cuentan con "forma real" aspectos importantes;
2. b)La Ordenanza Municipal "094/96" declara -la zona- superficie libre de obstáculos a efectos de un libre tráfico aéreo, de modo que estas construcciones fueron declaradas ilegales, existiendo "Auto de demolición" de 30 de abril de 2015, emitido por la Sub Alcaldía del Distrito Municipal 4 de El Alto del citado departamento, entonces lo que realizaron los impetrantes de tutela es quitar la franja de seguridad de protección del aeropuerto; y,
3. c)Si bien los prenombrados exigen la instalación de luz eléctrica; sin embargo, a dicho efecto deben presentar el documento de propiedad, aspecto que no se cumple dado que actualmente esos predios se hallan en conflicto.

Juan Chura Quispe, Sub Alcalde del Distrito Municipal 4 de El Alto del departamento de La Paz, en audiencia, a través de su abogada, señaló que:

1. 1)En la referida Sub Alcaldía no cursa planimetría aprobada a nombre de la Urbanización "Eduardo Avaroa", tampoco forma parte "propiamente" de la jurisdicción de dicho municipio; por lo que, no corresponde otorgar energía eléctrica, ya que la empresa DELAPAZ S.A. y AASANA indicaron que esa zona no es edificable; es decir, que no puede existir construcciones, porque las mismas serian catalogadas como obstáculos y un riesgo en la operación aeronáutica;
2. 2)En la gestión 2013 se emitió una "resolución administrativa" en la cual, se dispuso declarar la clandestinidad de las construcciones existentes; y,
3. 3)En el marco de las normas de uso de suelo y de asentamiento, las construcciones que se encuentran en dicho sector no son aptas para el uso habitacional debido a su proximidad con el Aeropuerto Internacional de El Alto del departamento de La Paz; por lo tanto, se encuentra en riesgo la categoría 1 al Aeropuerto Internacional de El Alto, conforme la "OACI" como Organización de Aviación Civil Internacional; asimismo, el GAM de El Alto, mediante ley municipal declaró de su propiedad la misma mediante folio real registrado en DD.RR.; por lo que, dichas construcciones no se encuentran autorizadas por la Sub Alcaldía ni por el GAM del indicado municipio.

Freddy Bobaryn Villavicencio, Director Regional a.i. de AASANA de La Paz -ahora Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (NAABOL)-, por informe escrito, cursante de fs. 359 a 361, y en audiencia, solicitando se deniegue la tutela impetrada, refirió lo siguiente:

1. i)Existe un proceso civil de interdicto de adquirir la posesión radicado en el entonces Juzgado Civil y Comercial Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, seguido a instancia de Teodocio Ali Quispe, German Chino Alave y otros, en representación de la Urbanización "Eduardo Avaroa" con oposición del Ministerio de Defensa, "AASANA" y el GAM de El Alto del referido departamento, mismo que se encuentra actualmente en fase de apelación;
2. ii)La Sub Alcaldía del Distrito Municipal 4 de El Alto, expresó que dentro de su jurisdicción existen setenta y cuatro urbanizaciones, entre las que no se reconoce ninguna denominada "Eduardo Avaroa" deduciéndose que no se cuenta con planimetría aprobada por dicha entidad municipal;
3. iii)Consta un proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia del GAM de El Alto contra German Chino Alave y otros, apoderados de la citada Urbanización, por los delitos de falsedad material y uso de instrumento falsificado, que se encuentra con imputación formal, al evidenciar que su título de propiedad pertenece a una transferencia de vehículo;
4. iv)La RA 01/2013 y Resolución Administrativa a Recurso Jerárquico 009-14 de 6 de mayo de 2014, emitidas por la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) del GAM de El Alto confirmaron la RA 02/2013 de 16 de diciembre -emitida a su vez por el Sub Alcalde del Distrito Municipal 4 de El Alto-, que declaró la clandestinidad de las construcciones existentes sobre área no edificable, identificada como área de aproximación o zona de protección aeronáutica prolongación del Aeropuerto Internacional de El Alto y a su vez, sancionó a los infractores con la demolición de las construcciones en una superficie de 60 000 m2 aproximadamente, por ser construcciones clandestinas en bien de dominio del Estado, fallo que se encuentra debidamente ejecutoriado; debido a lo cual, fueron demolidos más de noventa y dos lotes durante la gestión 2016;
5. v)Por RA YVYA 161/2013 de 9 de julio, el Director General Ejecutivo de "AASANA" argumentó que:
6. a)El art. 339.II de la CPE, establece que los bienes del patrimonio y de las entidades públicas constituyen propiedad del pueblo Boliviano; por lo que, no pueden ser empleados en provecho de particular alguno; asimismo, mediante Decreto Supremo (DS) 772 de 13 de febrero de 1944, Bolivia ratificó el Convenio Sobre Aviación Civil Internacional suscrito en Chicago el 7 de diciembre de igual año, que fue elevado a rango de ley mediante Ley 1759 de 26 de febrero de 1997, siendo de cumplimiento obligatorio para los países suscribientes;
7. b)El Anexo "14" del referido Convenio, dispone las normas y métodos recomendados relativos a la construcción de aeródromos, los cuáles son de cumplimiento obligatorio, documento que se encuentra en concordancia con la Reglamentación Aeronáutica Boliviana RAB 139 (Reglamento sobre Certificación y Operación de Aeródromos), estableciéndose los elementos básicos que determinan la forma y dimensiones generales del aeropuerto, así también el Manual de Servicios de Aeropuerto, contempla aspectos como las condiciones meteorológicas, control de ruido, seguridad, zonificación de aeropuerto y margen de franqueamiento de obstáculos, etcétera. El art. 26 de la Ley de Aeronáutica Civil de la República de Bolivia -Ley 2902 de 29 de octubre de 2004-, establece que: "En las áreas cubiertas por la proyección vertical de la superficie limitadora de obstáculos de aeródromos y sus inmediaciones, las construcciones, plantaciones, estructuras e instalaciones de cualquier naturaleza, no podrán tener una altura mayor que la limitada por dicha superficie, ni construir un peligro para la circulación aérea" (sic), por lo tanto, las disposiciones constitucionales, convenios internacionales y normativa legal referidas deben ser acatadas; y,
8. c)En mérito a sus atribuciones conferidas por el art. 27 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) -Ley 2341 de 23 de abril de 2002-, en caso de existir asentamientos en los terrenos del Aeropuerto Internacional de El Alto, específicamente en el área de aproximación, las mismas se consideran automáticamente como construcciones o asentamientos ilegales debiendo requerir al GAM de El Alto su inmediata demolición; por consiguiente, la empresa accionada no puede suministrar energía eléctrica a la parte peticionante de tutela, porque los mismos tomaron posesión ilegal de los predios del Aeropuerto realizando construcciones clandestinas en la franja de seguridad, puesto que no existe ningún fallo judicial ejecutoriado que otorgue siquiera la posesión provisional del bien que demandan, el cual técnicamente fue identificada como área no edificable, que conforme el Plano Oficial de la ciudad de El Alto, aprobado por Ordenanza Municipal 057/2012 de 28 de marzo, en resguardo de la seguridad de las personas contempla zona de protección del Aeropuerto Internacional de El Alto, en el cual, se encuentra el equipo VOR-DME, cables en toda la superficie que tienen la denominación VO-LOC que por su naturaleza perjudicarían las actividades del equipo VOR-DM que cumplen la actividad de suministrar datos e indicar a que distancia del umbral de pista se encuentra la aeronave para su aterrizaje y que debe existir una distancia considerable para la seguridad de las aeronaves;
9. vi)Se denomina zona de protección aeronáutica a una pista alterna, a nivel mundial todos los aeropuertos internacionales tienen que contar con una pista alterna expedita de cualquier obstáculo en ese sector de aproximadamente cinco kilómetros, pista que se denomina sello de confección aeronáutica utilizado a efecto de un buen aterrizaje, sector oeste del Aeropuerto Internacional de El Alto;
10. vii)El 2012 se hizo las denuncias correspondientes en cuanto a la existencia de asentamientos ilegales de más de noventa y dos lotes en el referido sector que ponen en riesgo la categoría 1 de dicho aeropuerto, lo que conllevaría a perder los recursos que van directamente al Tesoro General de la Nación (TGN), ante esa denuncia se inició un proceso técnico administrativo que derivó en la RA 01/2013 y la Resolución Administrativa a Recurso Jerárquico 09/2014, que ordenó la demolición de las construcciones en la superficie de 60 000 m2; y,
11. viii)De acuerdo a la Ley de Aeronáutica Civil de la República de Bolivia, la Dirección General Aeronáutica Civil da los parámetros respecto a las "notificaciones" que debe existir en cada aeropuerto, considerando que la zona de protección aeronáutica comprende hasta quince kilómetros de cada extremo de pista en el sentido de longitud y seis kilómetros de cada lado lateral, superficie en la que no debería encontrarse ninguna construcción; por lo que, desde la última demolición en "2015" nuevamente se efectuaron asentamientos, por ello, se realizaron las denuncias el 2019, 2020 y 2021, a efectos que se inicie el proceso técnico administrativo y con la consecuente demolición, más aun considerando que en ese sector se tiene un equipo veedor de alta tensión que va por debajo de la tierra, que proporciona coordenadas para el aterrizaje de las aeronaves. En tal sentido la "...ley 1902 en su Artículo 26 27 y 28..." (sic), prohíbe cualquier obstáculo que pueda perjudicar el desarrollo de la aeronavegación estableciendo su demolición; en consecuencia, existió una irresponsabilidad al autorizar el servicio de electricidad temporal, porque se atenta contra la vida de pasajeros.

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 084/2021 de 30 de junio, cursante de fs. 490 a 495 vta., denegó la tutela impetrada, bajo los siguientes fundamentos:

1. 1)De los documentos presentados por la parte accionante se tiene el folio real referente a la urbanización Juana Azurduy de Padilla; por lo que, se desconoce esa denominación, pues se adjuntó Nota CITE: FE.JU.VE./NYQU/00112/2019 de 28 de agosto, suscrita por la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) de El Alto del referido departamento sin sello de recepción, así como recibos oficiales, nota de 23 de diciembre de 2020, por la cual, se hizo conocer el corte de energía eléctrica y la solicitud de reinstalación de luz, fotografías, nota de respuesta de 16 de junio de ese año, nota de 15 de enero de 2021, por la que, se otorgó respuesta a las notas de igual mes y año, y las fotocopias de las cédulas de todos los impetrantes de tutela;
2. 2)De los antecedentes relacionados al caso, se puede evidenciar que los peticionantes de tutela no acreditaron haber tenido conexión del servicio eléctrico de manera individual en algún bien inmueble que tuviesen en la Urbanización "Eduardo Avaroa"; por otro lado, la empresa accionada hizo conocer la Guía de Trámite de Procedimiento de Gestión de Suministros Temporales que implica la instalación del servicio por un período de no más de noventa días calendario y dentro de los requisitos que deben cumplirse, se encuentran: documento de identidad vigente, Número de Identificación Tributaria (NIT), teléfonos de contacto, fecha de inicio y finalización del servicio temporal solicitado, entre otros;
3. 3)En atención al "...formulario de suministro temporal..." (sic), se tiene que Celestino Choque Condori, Presidente en ese entonces de la Urbanización "Eduardo Avaroa", suscribe este formulario de solicitud de suministro temporal, con vigencia de 16 de junio al 15 de septiembre de 2020, adjuntando los depósitos de garantía comprometiéndose a cancelar la energía total consumida de acuerdo a la lectura de los medidores, estableciendo como fecha de retiro el 15 del citado mes y año; de igual forma, de forma posterior existe otro formulario con el mismo objeto pidiendo suministro temporal de energía desde el 16 de junio al 21 de diciembre del indicado año, y de acuerdo a las órdenes de inspección e informe de trabajo se suspendió el servicio por haberse generado un suministro temporal en conexión; de lo que se concluye que el suministro de energía eléctrica generado en favor de la Urbanización "Eduardo Avaroa" ha sido mediante un proceso de suministro de carácter temporal conforme a la documentación mencionada, mismo que tenía como data de conclusión en diciembre de la gestión 2020 y no de forma indefinida;
4. 4)De lo manifestado precedentemente esa Sala no advierte la comisión de vías de hecho por parte de la empresa accionada, por cuanto los accionantes mediante su representante accedieron al servicio de instalación de energía eléctrica de carácter temporal; por tanto, conocían que el mismo se encontraba supeditado a una conclusión, lo que se puede "patentar" a través de la nota de 22 de diciembre igual año, en el que se hace mención al Informe Jurídico IJ-ACZ-HAGV-055/2020, nota que evidencia que el suministro de dicho servicio fue con carácter provisional, pues el referido informe en su recomendación señala que deben cumplirse ciertos requisitos técnicos legales, debiendo ser otro el escenario donde se discuta un eventual suministro de energía eléctrica de carácter definitivo; y,
5. 5)Al no evidenciarse la concurrencia del ejercicio de una medida de hecho, no es pertinente efectuar mayor análisis en cuanto a otros aspectos expuestos vinculados a la existencia de construcciones clandestinas, la resolución municipal de demolición ni con relación a que la urbanización estuviese en la franja de seguridad del Aeropuerto Internacional de El Alto, máxime si conforme a la documentación presentada por los impetrantes de tutela de la revisión de sus cédulas de identidad ninguno contiene como su domicilio la Urbanización "Eduardo Avaroa".

En vía de enmienda y complementación la parte peticionante de tutela, señaló que:

1. i)En cuanto al folio real de la Urbanización Juana Azurduy de Padilla, en el asiento A-1 se cita a la Urbanización "Eduardo Avaroa";
2. ii)Se debe tomar en cuenta que Celestino Choque Condori, habría realizado dos formularios una instalación temporal; empero, conforme al Informe Jurídico IJ-ACZ-HAGV-055/2020, la empresa accionada estableció que ese trámite fue de carácter personal y los accionantes son propietarios de esos terrenos;
3. iii)Asimismo, respecto a que los impetrantes de tutela no acreditan domicilio en la referida zona, de acuerdo al informe realizado se manifiesta que los mismos están en posesión y son propietarios de dichos terrenos; y,
4. iv)De igual modo se debe aclarar que Celestino Choque Condori no actuó con poder alguno, más aun considerando que los accionados refieren que la aludida Urbanización no existe; por lo que, se debe señalar el alcance de la SCP "...0012/2021-S4 de 22 de marzo..." (sic), sobre el corte de servicio de electricidad y normativa legal vigente. En atención a dicha petición, la Sala Constitucional, manifestó que:
5. a)Efectivamente existe un folio real que señala en el asiento 2 a la Urbanización "Eduardo Avaroa"; por consiguiente, se tiene por enmendado ese aspecto;
6. b)Respecto al Informe Jurídico IJ-ACZ-HAGV-055/2020, independientemente del contenido que se haya expresado en el mismo, en su parte in fine se estableció la "procedibilidad" del trámite en caso de cumplirse todos los requerimientos técnicos legales "... y solicitudes posterior en contra de terceros analizada en su momento..." (sic); por lo que, sin lugar al pedido de enmienda o complementación;
7. c)En cuanto a si Celestino Choque Condori actuó o no con poder, ese extremo no fue considerado por esta jurisdicción constitucional, lo que sí se pudo advertir a través de la documentación presentada, fue que a tiempo de generarse las instalaciones temporales el mismo actuó en representación de la citada Urbanización, no habiendo sido objeto de análisis la existencia o no del poder a efectos de examinar algún contexto de lo actuado por ese ciudadano; y,
8. d)En cuanto al alcance del entendimiento del fallo constitucional referido, independientemente al análisis que pretende introducir el abogado de la parte peticionante de tutela, la postulación central se encuentra basada en la existencia de medidas de hecho, lo cual fue abordado en ese sentido por la Sala Constitucional, y si la parte accionante concibe que cumplen con los requisitos de orden administrativo y aun, así la empresa se niega a brindarles el servicio, ante dicha situación emergerá recién ese criterio que se postula; por lo tanto, no ha lugar a lo solicitado.