0645/2023-S3

El accionante mediante su representante sin mandato, ratificó los términos expuestos en su memorial de acción de libertad y ampliando sus fundamentos, manifestó que:

1. a)Su privación de libertad se ejecutó inmediatamente, con carácter previo al oficio al IDIF que el Juez accionado ordenó para tener veracidad de la capacidad alegada; por lo que, se vulneró su derecho a que se refute la duda mediante el informe de la perito; de igual manera, dicha ejecución fue previa al oficio al Director del Centro de Rehabilitación Juvenil "Qalauma" del departamento de La Paz, a fin de que resguarde su salud y vida, por cuanto, se encuentra cumpliendo la medida de detención preventiva desorientado, sin los lentes que son de alta dioptría; por lo que, su vida corre peligro, ya que no puede ver a corta distancia;
2. b)Se remitió documentación idónea concerniente en el Informe del Médico Legista Psiquiatra Víctor Selaya Gonzales, quien fue a valorarle en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) el 1 de abril de 2022, concluyendo que si bien tiene 22 años de edad, tendría una edad mental de 6 y 9 meses, es decir la edad mental de un niño, que no cuenta con la capacidad de discernir lo bueno de lo malo; asimismo, refiere que si bien ingresó a la Universidad se debió a la "...ley de la no discriminación..." (sic) que estaba en vigencia;
3. c)El referido médico especialista Víctor Selaya indicó que tiene bajo riesgo de comportamiento violento y bajo riesgo de violencia sexual; de manera que, no debe confundirse discapacidad con psicopatía;
4. d)De los actuados remitidos existe "...el actuado 17 del informe..." (sic), en el que señala que si ingresa a un "Recinto Penitenciario" significa dejarlo sin la supervisión con la que desenvuelve su vida; además de un Informe Kinésico elaborado por Cinthia Peñaloza Santivañez, quien en su condición de especialista en fisioterapia y kinesiología, estableció que tiene deformación de los dedos y no tiene una caminata normal ni coordinación y equilibro al desplazarse; asimismo, que no puede realizar con normalidad a todas las actividades de la vida diaria y que necesita la asistencia de terceras personas para ello, lo que ratifica la discapacidad a causa de una meningitis, por lo que tiene que realizar la terapia manual ortopédica, movilizaciones activas, ejercicios de coordinación, ejercicios de equilibrio; asimismo, la citada especialista en Kinesiología estableció que su enfermedad no tiene cura, por lo que de manera permanente debe continuar con sus tratamientos asistido por terceras personas;
5. e)Si no realiza sus terapias cada dos días, empeorará su salud y funciones locomotoras, ya que podría quedar hasta estático;
6. f)Existe un certificado de 31 de marzo, emitido por el Neurólogo especialista Fernando Terrazas De La Barra, en el que se señala que tiene meningitis aguda; por tal razón, tiene un grado intelectual inferior determinado por las pruebas de "Raven y WISC III" así como síndrome cognitivo "priamidal" bilateral, parálisis cerebral infantil, retraso psicomotriz, secuelas a causa de la meningitis aguda, que evidencian que necesita cuidados;
7. g)Fue detenido de forma desproporcionada en un ambiente en el cual su vida corre en peligro, aspecto que va contra todo parámetro convencional; asimismo, la SCP 0010/2018-S2 de 28 de febrero, establece el lineamiento de aplicación del principio de proporcionalidad en la detención preventiva de las personas con discapacidad, así como la restricción de los derechos a la libertad, así como el derecho a la salud;
8. h)La finalidad de la presente acción tutelar es tutelar sus derechos a la salud y vida, reconocidos en instrumentos internacionales de derechos humanos, en razón a la discapacidad intelectual que le impide valerse por sí mismo "por lo cual está siendo perseguido indebidamente, sin considerar la documentación que se ha presentado..." (sic);
9. i)La Ley General para Personas con Discapacidad establece que se debe garantizar a las personas con discapacidad el ejercicio de sus derechos y deberes en igualdad de condiciones, asimismo, existen principios generales concordantes con Convenios Internacionales y la Constitución Política del Estado que reconoce la igualdad, dignidad, no discriminación, inclusión a todas las personas con discapacidad;
10. j)Existe duda razonable para el Juez accionado y por ello lo recluyó mientras tanto corre peligro su vida;
11. k)La autoridad judicial accionada determinó su detención preventiva sin considerar la petición del Ministerio Público de una detención domiciliaria;
12. l)Se le está discriminando, ya que no se está considerando el daño que se está causando, pues se procedió a quitarle los lentes en el Centro de Rehabilitación Juvenil de "Qalauma", de modo que se encuentra sin poder ver ni caminar y apenas come porque no recibe alimentos comunes, debe alimentarse con ciertos alimentos con el que sus progenitores lo mantenían; y,
13. m)La SCP 0827/2013 de 11 de junio, reconoce el principio pro homine relativo a que la interpretación de las normas jurídica debe ser favorable a la persona, sin restringir en lo menos posible algún derecho

Román Castro Quisbert, Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, a través de informe escrito, cursante de fs. 52 a 53 vta. solicitó que se deniegue la tutela, con base a los siguientes fundamentos:

1. 1)La acción de libertad planteada no es clara en sus pretensiones, ya que lleva varios elementos contradictorios;
2. 2)Convocó a una audiencia de consideración de medidas cautelares, previa notificación de la fecha y hora de realización de este acto procesal al Ministerio Público, a la víctima e imputado, en la que se emitió el Auto Interlocutorio 60/2022, que dispuso su detención preventiva; que el imputado se someta a una valoración médico legal por el IDIF, así como conminó al Director del Centro de Rehabilitación Juvenil de "Qalauma" del departamento de La Paz, a que tome las medidas necesarias para proteger a este ciudadano;
3. 3)Dio cumplimiento a la remisión del oficio a la FELCV, como dispuso en el punto 2 del señalado Auto Interlocutorio 60/2022, ello a través de la Unidad de Gestora de Procesos 3 del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; sin embargo, de la representación que realizó dicha Unidad, se establece que no se recibió el oficio dirigido, debido a que toda documentación sería recibida solo hasta horas 16:00, lo cual es de estricta responsabilidad de la Unidad Gestora de Procesos y el personal de la FELCV;
4. 4)Con relación al punto 4 del Auto Interlocutorio 60/2022, se notificó al Centro de Rehabilitación Juvenil de "Qalauma"; por lo que, el personal de apoyo judicial de su despacho dio cumplimiento a lo ordenado y a partir de la notificación efectuada a dicha entidad, lo posterior es de responsabilidad del personal de este Centro de Rehabilitación;
5. 5)Conforme el Auto Interlocutorio 60/2022, y el cuaderno de control jurisdiccional se valoró cada uno de los elementos de prueba que ofrecieron las partes, además se realizó una fundamentación y valoración de los argumentos expuestos, conforme a la línea jurisprudencial y procedimiento; asimismo, ninguna de las partes procesales hizo uso del recurso de apelación conforme lo prevé el Código de Procedimiento Penal, y aunque el abogado de la parte imputada refirió textualmente "'...anunciamos recurso de apelación'" (sic); sin embargo, conforme a los datos del proceso, no se presentó memorial alguno que establezca su interposición; por lo que se convalidó la decisión asumida; entonces, la parte accionante acude a la jurisdicción constitucional a tratar de subsanar aspectos netamente procedimentales, pues si consideraba que se vulneraron sus derechos, tenía la posibilidad de apelar la Resolución de medidas cautelares y fundamentar agravios y menos precisaron en qué precepto legal ampararían su solicitud, incumpliendo así con la observancia al principio de subsidiariedad;
6. 6)Los jueces se encuentran limitados de pronunciarse sobre aspectos que las partes procesales deben solicitar conforme a procedimiento, y para el caso el accionante plantea una acción traslativa y de pronto despacho, confundiendo su planteamiento a una acción vulneradora a derechos y garantías constitucionales referidos a la libertad de las personas;
7. 7)El accionante ofrece prueba a tiempo de la interposición de su acción de libertad y solicita que se libre un mandamiento de libertad, aunque la línea jurisprudencial que sustenta su petitorio, establece de forma clara que no existe esa figura legal, sino más bien debe llamarse a una audiencia para su consideración, lo cual no fue solicitado; y,
8. 8)Con respecto a la acción de libertad traslativa y de pronto despacho, se evidencia la inobservancia al principio de subsidiariedad, ya que la parte accionante no hizo uso de los mecanismos y recursos que la ley franquea.

El Juez de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 21/2022 de 6 de abril, cursante de fs. 126 a 131 vta., denegó la tutela solicitada, y conminó al Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, a dar cumplimiento estricto a la determinación asumida el 31 de marzo de 2022 -se entiende a través del Auto Interlocutorio 60/2022- en la que dispuso que en el plazo de veinticuatro horas se remita oficio al IDIF como al Centro de Rehabilitación Juvenil de "Qalauma" del departamento de La Paz, a fin de que se garantice el derecho a la vida y salud de Ricardo Arturo Ramírez Camacho, con base en los siguientes argumentos:

1. i)No existe una adecuada fundamentación sobre la pretensión de la parte accionante, ya que se hizo referencia a la acción traslativa y de pronto despacho, así como a Sentencia Constitucionales que se relacionan con el principio de celeridad en todas las solicitudes que guarden relación con la libertad de personas, que es un aspecto sobre el que el informe del Juez accionado identificó contradicción, ya que si bien por un lado el accionante reclamó o cuestionó que la autoridad judicial accionada, no cumplió con la remisión de oficios tanto al IDIF como al Centro de Rehabilitación indicado, a su vez solicitó su libertad pura y simple, argumentando la valoración inadecuada de los elementos de prueba que acreditan que tiene una discapacidad mental;
2. ii)La defensa técnica del accionante indicó que se encuentra perseguido indebidamente; empero, dicha denuncia también tiene que cumplir con el lineamiento jurisprudencial de la 0SC 0021/2011-R de 7 de febrero, que no fue demostrado; es decir, no se acreditó la existencia de un mandamiento de restricción de libertad que incumpla con las formalidades establecidas por el Código de Procedimiento Penal; pues al respecto debe tomarse en cuenta que el art. 23 de la CPE, reconoce que la libertad puede ser objeto de restricciones, entre ellas la existencia de proceso penal, en el que se atribuye al impetrante de tutela la comisión del delito de estupro, en el cual se dispuso la detención preventiva del mismo, mediante el Auto Interlocutorio 60/2022;
3. iii)En cuanto al incumplimiento del principio de subsidiariedad, existe línea jurisprudencial que de manera clara establece que cuando se denuncia la vulneración del derecho a la vida, no se aplica este principio, al tratarse de un derecho primario e inherente al ser humano, lo propio con el derecho a la salud, que encuentra su reconocimiento en el texto constitucional, así como los arts. 11 de CADH y XXV de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (DADDH); y este aspecto se vincula con la pretensión de la parte accionante; ya que a fin de solicitar el resguardo del derecho a la vida y salud, pretende que se valore o revise la valoración de la prueba efectuada por la autoridad judicial; empero, la SCP 1631/2013 de 4 de octubre, exige una carga argumentativa sobre la relevancia de los hechos alegados, que se aclare si existe una relación con los derechos y garantías alegados como vulnerados y la "actividad interpretativa" efectuada por la autoridad judicial, a fin de que la jurisdicción constitucional de manera excepcional establezca si se observaron los marcos de razonabilidad y equidad, si se incurrió o no en una conducta omisiva o arbitraria en la argumentación fáctica;
4. iv)Existe fundamentación en el Auto Interlocutorio 60/2022, en cuanto a la probabilidad de autoría y la concurrencia de riesgos procesales contemplados en los art. 234 y 235 del Código de Procedimiento Penal (CPP); asimismo, realiza un análisis del principio favor debilis, así como la igualdad de condiciones con otro sector vulnerable como son las adolescentes mujeres, considerando la protección reforzada que con respecto al mismo establece el Código Niño, Niña y Adolescente, la Constitución Política del Estado, los principios de especialidad y desformalización, presunción de verdad, reserva, proporcionalidad, interés superior de los niños, niñas y adolescentes, lo establecido en la 0SCP 0353/2018-S2 de 18 de julio, de protección reforzada a la víctima en delitos de carácter sexual, jurisprudencia constitucional y legal sobre el carácter provisional y la finalidad de las medidas cautelares;
5. v)En lo referente a la situación de discapacidad del accionante, la misma autoridad toma en cuenta este aspecto, con base a los elementos de prueba que presenta pero también toma en cuenta la equivalencia de los derechos a la víctima;
6. vi)La autoridad judicial accionada en la resolución que ahora se cuestiona, tomó en cuenta varios elementos de prueba que comprendía la documentación puesta a su conocimiento y con respecto a la misma advirtió la posibilidad de que tenga grado de discapacidad; sin embargo, la documentación presentada es contradictoria, ya que en algunos casos establece que tiene carácter moderado, en otros característica independiente, asimismo en el carnet de discapacidad refiere que tiene una deficiencia intelectual de 42 % y concluye la autoridad judicial que no le generó convicción sobre el grado de discapacidad que tuviera el procesado, pues no cuenta con la capacidad técnica para el conocimiento de ese extremo y no se presentan elementos objetivos para establecer la deficiencia mental que padece el accionante y es la razón por la que dispone la remisión de oficio al IDIF, a fin de que establezca su situación médico legal;
7. vii)En cuanto a los Informes de 1 de abril de 2022, correspondiente a la Médico Cinthia Peñaloza Santivañez, relativo a tratamientos de fisioterapia; así como de los Médicos Fernando Terrazas De La Barra y Víctor Selaya Gonzales, referente a la situación del accionante, se evidencia que son posteriores a la audiencia de 31 de marzo de 2022; es decir, que no fueron de conocimiento de la autoridad judicial accionada, por lo que, no se puede establecer que haya sido mal valorada para determinar la situación jurídica del accionante;
8. viii)Sobre la ponderación de derechos, es evidente que la autoridad judicial debe tomar en cuenta la discapacidad del accionante; sin embargo, también se encuentra comprendida en el proceso penal otro sector vulnerable, referente a una menor de edad mujer, para quien existe lineamientos de protección reforzada en la 0SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, enfoque interseccional y de género, para evitar todo tipo de discriminación; en esa línea obró la autoridad judicial respecto a la aplicación del art. 60 de la CPE, lo que supone evidentemente sacrificar en caso de colisión, un bien menor en aras de la protección de un bien mayor, además se indicó que la victimización se dio en reiteradas oportunidades;
9. ix)Es evidente que las medidas cautelares no causan estado, pueden ser modificadas y revocadas en cualquier momento, entonces debe ser la parte accionante quien ponga en conocimiento de la autoridad judicial, la documentación traída a la jurisdicción constitucional para el pronunciamiento respectivo y la aplicación de otra medida cautelar "...en este caso se establece que esta situación que hace conocer el Sr. Ricardo Arturo Ramírez Camacho, no es la única que establece la detención preventiva de su persona en el Centro de Rehabilitación de Qalahuma..." (sic);
10. x)Sobre el principio de proporcionalidad, la parte accionante invocó la SCP 0010/2018-S2; empero, la misma no es análoga al caso concreto, pues se refiere a otro sector vulnerable relativo a los adultos mayores; por lo que, no puede ser aplicada a la pretensión que persigue el accionante;
11. xi)Si bien la tutela que pretende el peticionante de tutela no es viable porque está impetrando que se determine su libertad pura y simple; empero, cuando la restricción se encuentra fundamentada por una determinación de la jurisdicción ordinaria, la protección debe ser garantizada por la autoridad judicial, quien se constituye como juez contralor que verifica la vulneración de derechos; asimismo, se debe tomar en cuenta que si bien el accionante se encuentra con detención preventiva, el Director del Centro de Rehabilitación Juvenil en el que se encuentra recluido también es responsable de su situación, conforme lo previsto en la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, por cuanto sus demás derechos, al margen de la restricción excepcional a su derecho a la libertad no se encuentran limitados; y,
12. xii)La autoridad judicial en conocimiento de las pruebas presentadas en esta acción de libertad, debe tomar las previsiones para garantizar el tratamiento a la salud del impetrante de tutela, lo que no implica que se constriña a establecer que se notificó al Centro de Rehabilitación Juvenil y lo posterior ya es de su responsabilidad, además la disposición de remisión de oficio al IDIF no fue cumplida, pues en el cuaderno de control jurisdiccional cursa oficio dirigido a la FELCV; y si esta fuese representada por la Oficina Gestora de Proceso del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, es el juez quien debe asumir las sanciones correspondientes para los servidores públicos que no remitieron en tiempo oportuno esta documental; asimismo, en cuanto a la remisión de oficio al Director del Centro de Rehabilitación Juvenil de "Qalauma" del referido departamento, debe existir plena constancia de que se dio estricto cumplimiento, pues la referencia de notificación a esta autoridad, no es suficiente para establecer que evidentemente esta orden llegó a los responsables de dicha entidad, aspecto que también es de responsabilidad del Juez accionado.

II.2. Mediante Auto Interlocutorio 60/2022 de 31 de marzo, Román Castro Quisbert, Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, dispuso:

1. a)La detención preventiva del accionante en el Centro de Rehabilitación Juvenil de "Qalauma" por el plazo de un mes, a partir de su notificación; y,
2. b)De forma inmediata el imputado deberá someterse a una evaluación médico-legal en el IDIF a efectos de que dicha entidad informe a la brevedad posible a la autoridad fiscal sobre los resultados de dicho examen, a fin de que inmediatamente conozca de estos antecedentes, asuma lo que corresponde en resguardo de sus derechos, y que de alguna manera podría ponerlo en peligro en un Recinto Penitenciario; asimismo, se ordenó y conminó al Director del mencionado Centro de Rehabilitación, que adopte las medidas necesarias para proteger al precitado, que con probabilidad tenga algún tipo de deficiencia de carácter mental, resguardando su vida y su salud en dicho Centro, donde deberá ser considerado únicamente como un detenido preventivo de carácter especial, en atención a su posible deterioro mental, a cuyo efecto ordenó se notifique al nombrado Director (fs. 9 a 14 vta.).

El accionantes a través de sus representantes sin mandato, denuncia que se vulneraron sus derechos a la libertad, a la salud, a la vida, a la "...no privación de libertad para discapacitados..." (sic), y a la dignidad; así como, al debido proceso en sus vertientes de motivación y valoración de la prueba; y el principio de celeridad; debido a que, el Juez hoy accionado:

1. 1)Determinó su detención preventiva, pese a que, dicha medida cautelar no fue solicitada por el Ministerio Público;
2. 2)Dispuso la medida cautelar sin considerar la documentación presentada, por lo que se encuentra indebidamente perseguido;
3. 3)No aplicó el principio de proporcionalidad a partir de un enfoque interseccional; y,
4. 4)Ejecutó la privación de su libertad inmediatamente, dilatando la remisión de oficios al IDIF a fin de su valoración médico-legal; así como al Director del Centro de Rehabilitación Juvenil de "Qalauma" donde se encuentra recluido, a fin de que se asuman las medidas de protección especiales a sus derechos, en atención a su posible deterioro mental.

La SCP 1916/2012 de 12 de octubre, luego de hacer referencia a varios entendimientos jurisprudenciales sobre la correcta apreciación de los medios probatorios, así como a la competencia de las autoridades judiciales y administrativas, concluyó que: "En resumen, por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor:

1. 1)Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad;
2. 2)No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y,
3. 3)Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Claro está que además de ello, en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia de que su incumplimiento ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional. Supuestos que constituyen excepciones a la regla aludida; dado que se admite injerencia de la jurisdicción constitucional, únicamente cuando se evidencian dichas vulneraciones; empero, dicha competencia se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente.

Sus componentes son:

1. i)Idoneidad consistente en considerar si la restricción de derechos es adecuada para lograr un fin constitucional;
2. ii)Necesidad strictu sensu consistente en determinar si la restricción resulta simplemente necesaria y es la menos gravosa en términos del sacrificio de los otros principios constitucionales para alcanzar el fin perseguido; y,
3. iii)Proporcionalidad en sentido estricto que significa determinar si el grado en que se afecta un derecho fundamental se encuentra justificado por el fin perseguido"".

"...en el momento de la decisión, las autoridades judiciales justifiquen:

1. a)que la finalidad de las medidas que restringen ese derecho sea compatible con la Convención, esto es, el asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia,
2. b)la necesidad de su imposición en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto, y,
3. c)que sean medidas que resulten estrictamente proporcionales, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. De ese modo, a la hora de analizar la imposición de ese tipo de medidas, las autoridades judiciales deben basar sus decisiones en elementos objetivos que puedan indicar que se puedan materializar efectivamente los peligros procesales que se buscan precaver".

Consiguientemente, el test de proporcionalidad constituye una de las principales metodologías de adjudicación para resolver conflictos entre principios y derechos, o para evaluar la constitucionalidad de una medida que pudiera restringir un derecho constitucional, en el que debe analizarse tres aspectos esenciales:

1. i)Si la medida limitativa o restrictiva de un derecho fundamental es idónea o adecuada para la finalidad buscada con la misma;
2. ii)Si la medida limitativa o restrictiva es necesaria y si acaso, existen otras medidas menos graves, que restrinjan en menor grado el derecho fundamental, que podrían ser adoptadas en el caso concreto para alcanzar la finalidad perseguida; y,
3. iii)Analizar la proporcionalidad en sentido estricto que consiste en dilucidar si la afectación, restricción o limitación al derecho fundamental no resulta exagerada o desmedida frente a las ventajas que se obtienen con tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida.