0647/2019-S2

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0647/2019-S2 Sucre, 5 de agosto de 2019

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de amparo constitucional

Expediente: 27975-2019-56-AAC Departamento: Chuquisaca

En revisión la Resolución 81/2019 de 7 de marzo, cursante de fs. 451 a 455 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Amelia Silvia Ruiz Peñaranda y Justo Abel Villarroel Reynolds contra Iván Sandoval Fuentes y Mirna Sandra Molina Villarroel, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca y Odalis Shirley Serrano Montalvo, Jueza de Instrucción Penal Quinta de la Capital del mismo departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 1 de febrero de 2019, cursante de fs. 319 a 350, los accionantes expresaron lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra a instancia de la Fábrica Nacional de Cemento Sociedad Anónima (FANCESA) y el Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y favorecimiento al enriquecimiento ilícito; presentaron la excepción de falta de acción e incidente de nulidad de imputación, alegando al efecto, que al no tener la calidad de funcionarios públicos, no podían cometer los delitos imputados; en este sentido, la Jueza de Instrucción Penal Quinta de la Capital del departamento de Chuquisaca emitió el Auto Interlocutorio de 12 de octubre de 2017, por el cual rechazó la excepción planteada y declaró infundado el incidente; por esta razón, interpusieron apelación incidental en contra de la referida Resolución, misma que fue resuelta por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante Auto de Vista 236/2018 de 16 de julio.

Refieren, que el Auto de Vista señalado es arbitrario, por cuanto no fundamentó ni motivó debidamente las razones de su decisión, y no resolvió todos los motivos de su apelación, principalmente el segundo, referido a que no pueden ser procesados por delitos contra la función pública, al no ejercer la misma; extremo que fue reclamado ampliamente en el incidente de nulidad de imputación formulado, en el que se denunció la falta de subsunción de los elementos constitutivos de los tipos penales atribuidos que están reservados exclusivamente para servidores públicos; sin embargo, este extremo no fue debidamente resuelto, convalidando una imputación formal carente de sustento y fundamento, en la cual no se señalan aspectos trascendentales, como la naturaleza jurídica de FANCESA, ni la forma y manera en la que hubieran supuestamente cometido los delitos; es decir, cual el grado de autoría y participación criminal; en ese contexto, la resolución en grado de apelación, no advirtió el error de la Jueza de la causa, y confirmó su ilegal Resolución, misma que no controló el principio de certeza que debe observar toda imputación formal, justificando esa falencia, bajo el simple argumento, que existe una calificación provisional de los delitos, sin considerar que el proceso penal lleva más de dos años en su etapa preparatoria, tiempo suficiente para poder precisar claramente los hechos por los cuales son procesados, a efectos que puedan asumir correctamente su defensa.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Los accionantes denuncian la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de una debida motivación, fundamentación y congruencia de las resoluciones, y principio de legalidad citando al efecto los arts. 54.1, 169.3, 115, 116.II, 117.I y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitan se conceda la tutela y en consecuencia se deje sin efecto el Auto de Vista 236/2018, dictado por los Vocales ahora demandados y el Auto Interlocutorio de 12 de octubre de 2017 dictado por la Jueza hoy demandada a efectos de que en ambas instancias se dicten nuevas resoluciones de manera fundamentada, motivada y congruente respetando los parámetros establecidos por la jurisprudencia constitucional.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías