0647/2019-S3

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías Celebrada la audiencia pública el 10 de mayo de 2019, conforme consta en acta cursante de fs. 682 a 687, se produjeron los siguientes actuados: I.2.1. Ratificación de la acción El accionante a través de su abogado ratificó el tenor de la acción de amparo constitucional presentada. I.2.2. Informe de los demandados David Valda Terán y Hugo Juan Iquise Saca, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, Misael Severiche Saravia, Juez de Sentencia Penal Quinto de la Capital del mismo departamento, no presentaron informe ni asistieron a la audiencia fijada, no obstante su notificación mediante comisión instruida cursante de fs. 624 a 630. I.2.3. Intervención de los terceros interesados Victoria Peña Lazarte a través de su abogado expresó que, la acción de amparo constitucional tiene su origen en la errónea interpretación en cuanto a la ejecutoria de la Sentencia Condenatoria dictada en su contra, pues en efecto apelada como fue, no se notificó el Auto de Vista emitido; por lo que, planteó acción de libertad que fue concedida a través de la Resolución 06/2014 de 1 de abril, en emergencia pudo activar recurso de casación, que fue admitido en el Tribunal Supremo de Justicia, asumiendo tal instancia plena competencia para conocer el recurso contra la Sentencia Condenatoria; el expediente fue devuelto al Juez de la causa el 30 de octubre de igual año por el Tribunal precitado, únicamente a efectos de la sustanciación de la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso por ella planteada, que fue declarada probada por Auto Interlocutorio 334 de 17 de septiembre de 2015, disponiéndose el archivo de obrados y la suspensión de todas las medidas jurisdiccionales de carácter real y personal que se hubieran determinado; por lo que, bajo esos dos antecedentes el Juez de la causa perdió competencia; empero, por Auto Interlocutorio 53/2016, anuló obrados cuando ya no podía hacerlo; toda vez que, él no resolvió la acción de libertad y al haber sido recurrido, se convirtió en juez y parte; el accionante en base a las certificaciones de ejecutoria obtenidas cree que el proceso penal se encuentra ejecutoriado, el mismo que inició la demanda de reparación de daños y perjuicios, y el Juez de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz por providencia de 27 de marzo de 2018, solicitó que el demandante adjunte el Auto Supremo que resolvió el recurso de casación, planteado contra la Sentencia Condenatoria 13/2012, el impetrante de tutela pretendió cumplir tal disposición, arrimando certificaciones de ejecutoria que son nulas de pleno derecho, porque fueron emitidas por un juez que no tenía competencia para hacerlo; sin embargo, admitida como fue la demanda, interpuso incidente de actividad procesal defectuosa, alegando que no se cumplió la providencia de 27 de marzo de 2018 y el Juez de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento citado, advertido de su error, declaró probado el incidente y anuló obrados hasta "fs. 64" otorgando el plazo de tres días para que presente el Auto extrañado, bajo la advertencia de declararse desestimada la demanda, apelada como fue tal decisión en sustanciación y resolución, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia del aludido departamento por Auto de Vista 207, declaró admisible e improcedente el medio de impugnación invocado. La base para pedir el pago de daños y perjuicios fueron las certificaciones extendidas por un juez que carece de competencia conforme lo antes explicado. De acuerdo al entendimiento de las SSCC "1358/2003-R" y 0096/2004-R de 21 de enero, el Tribunal Constitucional no puede revalorizar la prueba que fue compulsada en su momento conforme pretende el accionante, por lo que solicitó se le deniegue la misma. Justino Ojeda Peña y Rodrigo Barba Peña, no presentaron memorial ni asistieron a la audiencia pese a su notificación mediante comisión instruida cursante de fs. 615 a 620. I.2.4. Resolución El Juez Público Mixto en lo Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de El Torno del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 01/2019 de 10 de mayo, cursante de fs. 687 vta. a 692 vta., concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo la nulidad del Auto de Vista 207, para que los demandados dicten una nueva resolución, resolviendo la apelación de manera congruente, fundamentada, motivada y pertinente, valorando las leyes, el procedimiento, los elementos probatorios y aplicando la jurisprudencia constitucional vinculante, bajo los siguientes fundamentos:

1. a)Al margen de existir una Sentencia Condenatoria de dos años y seis meses contra los ahora terceros interesados, ellos interpusieron recursos, nulidades y una acción de libertad, el caso se encontraba en grado de casación ante el Tribunal Supremo de Justicia que lo admitió en la forma pero no en el fondo;
2. b)El Juez de causa dio cumplimiento obligatorio a la SCP "0468/2013", dictada por el Tribunal Constitucional Plurinacional en aplicación de la Ley Fundamental y el Código Procesal Constitucional;
3. c)Los demandados pronunciaron el Auto de Vista 207, "...quizás ello[s] no hicieron una valoración objetiva referente a lo que habría manifestado el Tribunal Constitucional o de repente por la recarga laboral que existe en los Tribunales es de que ellos omitieron valorar quizás esta sentencia, y este Tribunal Constitucional no puede valorar esta prueba ordinaria, porque está prohibido es de que va recomendar que la Sala Penal 1° valore desde su inicio de ese proceso e inclusive hasta la Acción de Libertad que origino a que sea recurrido en casación" (sic); y,
4. d)Efectivamente el cuaderno procesal estaba "emitido" en una de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia; pero también es evidente que se dictó una Sentencia Constitucional Plurinacional que dio origen a este recurso de casación, el Auto de Vista impugnado carece de congruencia, fundamentación y motivación respecto a la SCP "0468/2013", en cuanto a la consideración y resolución de todos los puntos, además de la coherencia en unidad de criterio dentro de una misma resolución, observándose que no "...se realiza el análisis sobre lo enunciado en el incidente sobre los Defectos Absolutos del Recurso de Acción de Libertad, las pruebas ofrecidas en el incidente en la Acción de Libertad los presupuestos de la congruencia de la tipicidad, culpabilidad, antijuricidad y de hecho ni la circunstancias personales la normativa aplicable al caso concreto ni la jurisprudencia constitucional vinculante existente sobre el tema en cuestión..." (sic). II. CONCLUSIONES De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Del Certificado de Ejecutoria, otorgado por Vania Beatriz Romero Peña, Secretaria del Juzgado de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, en cumplimiento al proveído de 11 de julio de 2017, se tiene que la Sentencia Condenatoria 13/2012 de 29 de junio, emitida dentro del proceso penal seguido por Fredy Rojas Salazar contra Victoria Peña Lazarte, Justino Ojeda Peña y Rodrigo Barba Peña -ahora terceros interesados-, se encuentra ejecutoriada desde el 20 de junio de 2017 (fs. 18 y vta.). II.2. Cursa memorial presentado el 26 de marzo de 2018, por el impetrante de tutela demandando la reparación de daño emergente de la Sentencia Condenatoria 13/2012, emitida contra los terceros interesados prenombrados (fs. 75 a 78); asimismo, por escrito presentado el 19 de abril de 2018, "CUMPLE LO EXTRAÑADO Y SOLICITA AUTO DE ADMISION DE DEMANDA" (sic [fs. 102 a 103]). II.3. Por escrito presentado el 27 de abril del citado año, Victoria Peña Lazarte -tercera interesada-, interpuso incidente de nulidad por actividad procesal defectuosa (fs. 194 a 197); que fue respondido por el accionante a través de memorial el 15 de mayo de ese año (fs. 203 a 205). II.4. Consta Auto Interlocutorio 198/2018 de 23 de mayo, por el que el Juez de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz -demandado-, determinó probado el incidente de nulidad por actividad procesal defectuosa planteado, anulando obrados hasta "fs. 64", disponiendo que el demandante dé cumplimiento a lo dispuesto en el decreto de 27 de marzo del enunciado año en el plazo de tres días bajo pena de declararse desestimada la demanda de reparación de daño (fs. 205 vta. a 206 vta.). II.5. A través de memorial presentado el 4 de junio del aludido año, el peticionante de tutela interpuso apelación incidental contra el fallo supra citado (fs. 208 a 210 vta.). II.6. Mediante Auto de Vista 207 de 5 de octubre de 2018, los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -demandados- declararon admisible e improcedente el recurso de apelación incidental activado confirmando en todas sus partes el Auto Interlocutorio 198/2018 (fs. 216 a 219). III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de congruencia, fundamentación y motivación de las resoluciones, a la defensa, a la tutela judicial efectiva y a los principios de legalidad y seguridad jurídica; toda vez que, dentro del proceso de reparación de daños que activó contra Victoria Peña Lazarte, Justino Ojeda Peña y Rodrigo Barba Peña -terceros interesados-, el Juez demandado -al pronunciar el Auto Interlocutorio 198/2018 de 23 de mayo-; y, los Vocales codemandados, -al emitir el Auto de Vista 207 de 5 de octubre de igual año- no otorgaron el valor correspondiente a los medios de prueba ofrecidos en la demanda que interpuso, consistentes en las certificaciones de ejecutoria de la Sentencia Condenatoria 13/2012 de 29 de junio y del Auto Interlocutorio 53/2016 de 11 de febrero; por consiguiente, declararon probado el incidente de actividad procesal defectuosa activado por la tercera interesada. En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada. III.1. Revisión de la actividad jurisdiccional de otros tribunales. Jurisprudencia reiterada