0648/2021-S3

Contra esa decisión, interpuso recurso de casación, expresando agravios sobre lo siguiente:

1. a)El Tribunal de alzada inobservó el Auto Supremo (AS) 47 de 28 de enero de 2003, al valorar prueba y sentenciar sin ser oído ni percibir el desfile probatorio documental o testifical, siendo que el sistema procesal penal se basa en la centralidad del juicio oral y público. No reconoce competencia, facultad o atribución al Tribunal de apelación restringida, para actuar como Tribunal de los hechos o segunda instancia de juzgamiento; y se aplicó errónea y arbitrariamente el art. 413 del Código de Procedimiento Penal (CPP), -que- no concede la doble instancia; y,
2. b)El Tribunal de apelación restringida actuó indebidamente como Juez de segunda instancia y no resolvió los puntos apelados, constituyendo vulneración del derecho al debido proceso.

En el recurso de casación planteado se cuestionó que:

1. 1)El Auto de Vista 053/2017 vulneró el debido proceso penal acusatorio caracterizado por el juzgamiento de los hechos en única instancia, y contradijo el AS 47 de 28 de enero de 2003. El Tribunal de apelación usurpó funciones del Tribunal de Sentencia Penal, valoró prueba y emitió sentencia contra su persona, sin ser oído ni percibir las pruebas testificales y documentales, lo que contradice la doctrina legal aplicable contenida en el referido Auto Supremo citada como precedente; reclamo que no fue resuelto por los Magistrados ahora accionados;
2. 2)-Los Vocales coaccionados- lesionaron el debido proceso, incurriendo y convalidando la actividad procesal defectuosa absoluta, desnaturalizando el sistema de recurso penal, basado en la centralidad del juicio oral y público. Se solicitó al Tribunal de casación un control efectivo de la nueva Sentencia dictada por el Tribunal de apelación, pretendiendo la reparación del ilegal actuar de los miembros de ese Tribunal; sin embargo, los Magistrados hoy accionados no respondieron en el fondo ese cuestionamiento de manera clara y completa. Los Vocales ahora coaccionados que actuaron ilegalmente como Jueces de Sentencia Penal, convalidaron defectos absolutos, incurriendo en actividad procesal defectuosa, actos que de oficio debían ser objeto de control por el Tribunal de Casación;
3. 3)Vulneración de las garantías del debido proceso y del derecho a la impugnación por arbitraria e ilegal confirmación de sentencias condenatorias emergentes de un indebido juzgamiento. Los Tribunales de Sentencia Penal Segundo y el de apelación, dictaron cada uno Sentencia condenatoria contra su persona, pese a que se alegó que fue sometido a un procesamiento y juicio indebido, sin observar las garantías judiciales ni los principios del juicio oral y público. Tampoco se observó el límite temporal del ejercicio de la acción penal pública, y el reclamo relativo a que debió declararse de oficio la prescripción, no fue respondido; además, se conculcó el debido proceso al no fundamentarse debidamente el Auto de Vista ni el Auto Supremo sobre las cuestiones que fueron objeto de impugnación;
4. 4)Ausencia de control del sistema de impugnación penal ordinario sobre violaciones al orden público y violación del debido proceso en su elemento de motivación. Las autoridades hoy accionadas no declararon la nulidad absoluta por falta de participación del Fiscal de Materia en el desarrollo de la etapa preparatoria, la presentación de la acusación formal y la sustentación de la acusación en juicio oral y público. Este reclamo no fue resuelto por dichas autoridades con la debida carga argumentativa, habiéndose convalidado defectos absolutos, puesto que en la acusación participaron Fiscales Asistentes, designados y posesionados como Adjuntos, que carecen de autonomía para sostener la pretensión punitiva del Estado o ejercitar la acción penal sin supervisión del Fiscal de Materia; y confunden la contratación de personal eventual con atribuciones de Fiscales adjuntos y asimilando potestad legal o atribución con impedimentos e incompatibilidades. Validando además un juicio promovido por Fiscales asistentes adjuntos que genera un precedente vulneratorio de la legalidad institucional del Ministerio Público así como la sentencia emergente de un proceso indebido, promovido y sustentado por funcionarios públicos sin atribución legal para actuar en representación válida del Ministerio Público;
5. 5)Las resoluciones emitidas sobre el recurso de apelación restringida respecto de la Sentencia condenatoria, no fueron resueltas de forma motivada, lo que constituye en vulneración de la garantía del debido proceso. El Auto de Vista -053/2017- no resolvió todos los motivos apelados, omisión que no fue objeto de control por el Tribunal de Casación, lo que también vulnera el debido proceso. Además, las autoridades ahora accionadas omitieron cumplir con su deber de fundamentar las resoluciones que pronunciaron, no ingresaron al fondo de la problemática desarrollada, ni resolvieron los cuestionamientos puestos en su conocimiento de manera específica, clara y completa, acudiendo a argumentos genéricos y se basan en la centralidad y continuidad del juicio oral y público relativizando y convalidando el defecto absoluto. Lo más grave es que los Vocales ahora accionados dictaron nueva Sentencia, que sin juicio debido, inmediación ni ejercicio del derecho a la defensa, volvió a valorar y validar prueba ilícitamente introducida al juicio oral y público. Y los Magistrados ahora accionados, sin motivación convalidaron la ilegal Sentencia de segunda instancia que es prohibida en materia penal, omitiendo controlar el iter lógico de la Sentencia y el Auto de Vista emitidos, vulnerando además el derecho a la impugnación, incumpliendo sus obligaciones y convalidando la vulneración de derechos y garantías e incurrieron en nuevas vulneraciones al orden constitucional y procesal penal. La ausencia de control de los tribunales de impugnación con relación a los tribunales de primera instancia, vulneró los derechos a la impugnación, al debido proceso y a la petición;
6. 6)Se privó al accionante del derecho al recurso de apelación restringida, cuando el Tribunal de apelación actuó como tribunal de segunda instancia para el conocimiento de los hechos y responsabilidad penal del imputado. El recurso de apelación restringida que se interpuso en forma y plazo legal, era el medio pertinente e idóneo de impugnación contra la Sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de La Paz. Si el Tribunal de apelación, vulnerando las reglas básicas del sistema recursivo ordinario, dictó sentencia conforme al objeto previsto en el art. 329 del CPP, privó al accionante del recurso de apelación restringida contra esa nueva Sentencia. Al respecto, se señala la nulidad del Auto de Vista por indebida motivación y por indebido juzgamiento ante la falta de continuidad del juicio oral y público;
7. 7)La expresión concreta de los motivos de su impugnación que justifican la nulidad absoluta por vicios de la sentencia -defectos de la sentencia- y determinan la necesidad del juicio de reenvío:
8. i)Procedencia de la apelación por defecto de fundamentación de la sentencia; y,
9. ii)Insuficiente fundamentación de la sentencia basada en una errónea valoración de la prueba -art. 370. 5 y 6 del CPP-;
10. 8)Defectos in iudicando de la Sentencia que habilitaban la admisibilidad y procedibilidad del recurso de apelación restringida. Inobservancia de la ley sustantiva -art. 370.1 del CPP-. El Auto de Vista impugnado se pronunció sobre hechos y responsabilidades penales, participación y circunstancias, lo que le estaba prohibido por el carácter restringido de la apelación de sentencias;
11. 9)Defecto absoluto no susceptible de convalidación por inobservancia de las reglas relativas a la congruencia -art. 169.3 y 362 del CPP- entre los hechos y circunstancias contempladas en las acusaciones y la sentencia; y,
12. 10)Valoración defectuosa de la prueba, al incluirse ilegalmente declaraciones informativas brindadas ante personal policial sin motivación descriptiva e intelectiva, más aún si el Tribunal de Apelación dictó Sentencia condenatoria contra su persona. No se aplican los principios de la recta razón ni se establece una valoración concreta de todos los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico y de manera motivada; tampoco se determina el nexo de causalidad entre las pretensiones de las partes, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable la valoración de las pruebas y la sanción emergente.