Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0649/2019-S1 Sucre, 31 de julio de 2019
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional
Expediente: 27830-2019-56-AAC Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 02 de 19 de febrero de 2019, cursante de fs. 135 a 138, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Alberto Rodrigo Vicente Ostria contra Mirael Salguero Palma, Fiscal Departamental de Santa Cruz; y, José Ausberto Parra Heredia y Cirilo Chambilla Siñani, Fiscales de Materia del referido departamento.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 23 de enero y 1 de febrero ambos de 2019, cursantes de fs. 35 a 42; y, 46 y vta., el accionante manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 19 de abril de 2015, presentó denuncia contra Juan Gabriel Lechín Siles -hoy tercero interesado- y otro, por la presunta comisión del delito lesiones graves y leves. Realizada la investigación preliminar, se emitió imputación formal contra el prenombrado encausado, quien fue declarado rebelde; empero, con posterioridad los Fiscales de Materia -ahora codemandados-, de manera ilegal determinaron el sobreseimiento a favor del aludido imputado el 19 de diciembre de 2017, Resolución que fue confirmada por el entonces Fiscal Departamental de Santa Cruz, a través de la Resolución Jerárquica 116/18 de 21 de mayo de 2018.
Puntualiza que, la supra referida Resolución Conclusiva de Sobreseimiento, es injusta e ilegal porque carece de sustento jurídico válido y de una adecuada fundamentación; además que, no realizó una correcta valoración de los elementos probatorios que aportó en calidad de víctima y denunciante, ni de los recolectados dentro la fase investigativa los que demuestran la existencia del hecho y la participación del imputado, aspecto que lesiona sus derechos al debido proceso y el principio de objetividad del Ministerio Público; ya que, cada una de las declaraciones testificales dieron cuenta que el encausado fue quien le agredió físicamente provocándole cincuenta días de impedimento; sin embargo, los Fiscales de Materia -codemandados- únicamente se limitaron a sostener que "...existirían 'contradicciones' ya que 'ninguno habría señalado haber utilizado objeto alguno para agredir'..." (sic), cuando ello no resulta ser evidente por cuanto las atestaciones fueron uniformes al sostener la existencia de la agresión por parte del nombrado encausado sin que exista contradicción alguna, por ello afirmar que los elementos probatorios son insuficientes para fundar una acusación es insustentable, ya que cada uno de los elementos de convicción, en especial los certificados médicos, establecen la autoría del sindicado del delito de lesiones graves.
Por otro lado, aduce que los Fiscales de Materia codemandados con la finalidad de hacer ampulosa la Resolución se limitaron a efectuar cita doctrinaria y jurisprudencial sin establecer la aplicabilidad de las mismas al caso concreto.
Con relación Resolución Jerárquica 116/18, puntualiza que la misma no es acorde a la línea jurisprudencial referente a la obligación del Ministerio Público de fundamentar sus resoluciones en el marco de debido proceso (), el cual adolece de los siguientes defectos:
- a)Carece de una apreciación clara de los aspectos fácticos pertinentes al momento de hacer una relación de los hechos con mención de circunstancias de tiempo, lugar y personas intervinientes;
- b)Solo describe de manera expresa los delitos denunciados y efectúa un escueto razonamiento de hechos contenidos en la norma jurídica aplicable al caso;
- c)No describe de manera individualizada todos los elementos de prueba en especial las de cargo, únicamente se los mencionó, sin referir por qué no se los valoró, por ello no existe una percepción concreta explicita e individualizada de todos los elementos probatorios; y,
- d)No determinó claramente el nexo de causalidad entre la denuncia o pretensión de las partes procesales, el supuesto hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de la pruebas aportadas y su consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad.
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