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TCP

0650/2026-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
27 de abril de 2026SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 0650/2026-S3

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0650/2026-S3 Sucre, 27 de abril de 2026

SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad

Expediente: 74106-2025-149-AL Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 41/2025 de 30 de mayo de fs. 131 a 137, pronunciada dentro de la acción de libertad presentada por Juan Carlos Mamani Misme, Silvia Jhanett Crispin Quispe y Gina Alejandra Roja Aguilar, abogados del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI) en representación sin mandato de la adolescente AA contra Wendy Luna Castro, Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Vigésima Primera de la Capital del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial de demanda, presentado el 28 de mayo de 2025, cursante de fs. 106 a 116 vta., los representantes de la menor accionante, expresaron los siguientes argumentos:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal signado con Número del Sistema Informático Judicial (IANUS) 201380479 seguido por el Ministerio Público contra Enrique Romero Tirina, por la comisión del delito de violación con agravante, el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, emitió la Sentencia 08/2017 de 12 de abril, que fue ejecutoriada el 13 de septiembre de 2020, por la cual se le declaró culpable al referido acusado, imponiéndole la pena de privación de libertad de veinticinco años a ser cumplida en el Centro Penitenciario de San Pedro del citado departamento, remitiéndose los antecedentes ante el Juez de Ejecución Penal Cuarto de la Capital del mismo departamento.

En ejecución de sentencia, Enrique Romero Tirina, interpuso acción de libertad contra el Juez de Ejecución Penal referido, mencionando que se encontraría padeciendo de diabetes mellitus tipo 1 y Coronavirus -COVID-19-, acompañado de insuficiencia cardiaca, por lo que solicitó internación domiciliaria, solicitud que fue rechazada por el Juez demandado; ante lo cual, el Juez de garantías, resolviendo la acción de defensa referida, mediante Resolución 187/2023 de 20 de julio, concedió en parte la tutela, dejó sin efecto los las providencias de 30 de mayo y 5 de junio de 2023 y ordenó que el demandado lleve una audiencia de consideración de los incidentes de internación y detención domiciliaria. Ante la denuncia del condenado de incumplimiento de la Resolución 187/2023, la Jueza ahora demandada, a través de la Resolución 250/2023 de 20 de septiembre, dispuso la internación domiciliaria, ordenó se expida mandamiento de detención domiciliaria y conminó llevar la audiencia de internación domiciliaria establecida en los arts. 92 y 93 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS).

En cumplimiento de lo dispuesto por la Jueza de garantías, el Juez de Ejecución Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, mediante Resolución 4/2023 de 6 de octubre, declaró improbada la solicitud de internación y detención domiciliaria; sin embargo, la Jueza demandada, el 18 de febrero de 2025, emitió resolución atendiendo a la solicitud del condenado sobre el incumplimiento de la Resolución 187/2023 referida, disponiendo su internación domiciliaria y expidiendo mandamiento de detención domiciliaria, esta nueva resolución se aparta radicalmente del procedimiento y orden constitucional vigente, que constituye verdaderos actos de hecho; lesiona flagrantemente el debido proceso y los derechos de la víctima vinculados al interés superior de la Niña Niño y Adolescente, a quien se coloca en estado de indefensión, por la vulneración irreparable del derecho a la integridad sexual.

Agregaron que, la decisión emitida por la demandada es incongruente y carente de motivación y fundamentación, lo cual tiene incidencia directa en el derecho de acceso a la justicia vinculado al derecho de impugnación, habida cuenta que la demandada, con su actuar contribuye a una dilación injustificada, arbitraria y vulneradora de derechos humanos de la víctima, como el derecho a la vida.

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Tribunal Constitucional Plurinacional27 de abril de 20260650/2026-S3Fuente oficial