0652/2019-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0652/2019-S1 Sucre, 31 de julio de 2019

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional

Expediente: 27875-2019-56-AAC Departamento: Cochabamba

En revisión la Resolución AAC-0002/2019 de 28 de febrero, cursante de fs. 91 a 93, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Mario Soria Ariñez contra Víctor Hugo Mercado Ustariz, Registrador de Derechos Reales (DD.RR.) del departamento de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 25 de febrero de 2019, cursante de fs. 26 a 27 vta., el accionante, manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Fue declarado heredero al fallecimiento de su esposa Julia Ruiz Barber, conforme consta del testimonio del Auto de "12" -lo correcto 11- de junio de 2010, desde entonces intentó la inscripción de sus acciones y derechos sobre la propiedad registrada bajo la Matricula 3.01.1.99.0015000, habiendo transcurrido más de diez años realizando gestiones en DD.RR., donde le pusieron una serie de objeciones que fueron subsanados; sin embargo, no tuvo éxito alguno; razón por la que, por memorial de 8 de febrero de 2019, recurrió ante el Registrador de dicha institución, adjuntando a su requerimiento documentación original del derecho propietario a inscribir; sin embargo, el 22 del mismo mes y año, fue notificado con el proveído ilegible de 11 de igual mes y año refiriendo que "...Revisado minuciosamente el trámite se evidencia que el mismo se encuentra en el Distrito 9 con el No. 608919 presentado por el Sr. Mario Soria Ariñez..." (sic), respuesta totalmente confusa y evasiva a su solicitud, agravando su derecho de petición consagrado en el art. 24 de la Constitución Política del Estado (CPE), sin considerar su condición de persona de la tercera edad de ochenta y tres años, jubilado y sin fuente de trabajo para erogar gastos; toda vez que, se encuentra protegido por la Ley General de la Personas Adultas Mayores -Ley 369 de 1 de mayo de 2013-.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela considera lesionado su derecho de petición y su condición de persona de la tercera edad, citando al efecto los arts. 24 y 128 de la CPE.