Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0652/2019-S2 Sucre, 5 de agosto de 2019
SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional
Expediente: 27954-2019-56-AAC Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 010/2019 de 1 de marzo, cursante de fs. 483 a 487, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Juana Chacapacha de Tapia contra William Eduard Alave Laura; Willy Arias Aguilar y Rosmery Lourdes Pabón Chávez, ex y actuales Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la acción
Mediante memoriales presentados el 20 y 22 de febrero de 2019, cursante de fs. 9 a 14 vta. y 20 a 21, la impetrante de tutela expuso los siguientes argumentos de hecho y derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal seguido contra Juan Sanga Sanga, por la presunta comisión del delito de violación, en la tramitación del proceso el imputado realizó actos propios de dilación, sucesos a los que siguieron cambios de investigadores, y de Director de la investigación, de manera que sin evaluar los elementos investigativos y de quién sería la responsabilidad por la duración del proceso, mediante Auto de Vista 139/2018 de 27 de junio, emitida por los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz, se declaró la extinción de la acción penal por el transcurso máximo del proceso, sin efectuar valoración de los elementos de convicción que se encuentran en el cuadernillo de investigaciones y de control jurisdiccional, quebrantando la doctrina legal, no considerando ni un solo fundamento jurídico de la resolución de rechazo en primera instancia emitida por el Juez Público Mixto de Partido e Instrucción Penal Primero de San Andrés de Machaca del departamento de La Paz.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
Denuncia como lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos de falta de fundamentación, motivación y valoración de la prueba, vinculado a la inobservancia del principio de la verdad material, citando al efecto los arts. 115.II, 117.I, 120, 180, 256 y 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE), 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). I.1.3. Petitorio
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia se disponga lo siguiente:
- a)Dejar sin efecto la Resolución 139/2018 de 27 de junio, debiendo emitirse una nueva determinación judicial, en la que se ordene la imputación formal que corresponde contra Juan Sanga Sanga; y,
- b)El pago de costas, daños y perjuicios.
I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías
La audiencia pública fue realizada el 1 de marzo del 2019, conforme el acta cursante de fs. 477 a 482 vta., produciéndose los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación de la acción
La parte accionante a través de su abogado, ratificó el memorial de su demanda y ampliándola refirió que el imputado dentro del proceso penal seguido en su contra por violación, con total falta de lealtad procesal, promovió incidentes, recusaciones a las autoridades jurisdiccionales; también, no asistió a audiencias, esquivando la justicia con su actuación; asimismo, logró anular una imputación formal, a partir de la cual no se llevó a cabo audiencia de medidas cautelares, haciendo que se emita otra en la gestión 2017; es así, que el Juez de primera instancia, luego de la presentación del incidente de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, valorando correctamente la actitud del imputado en el proceso, rechazó la pretensión del mismo, haciendo una relación cronológica de cómo y cuándo éste dilató el proceso, siendo que el mismo no demostró que la demora procesal fue atribuible por el Ministerio Público o querellante.
La Resolución aludida, emitida por las autoridades -ahora demandadas- fue impugnada en el acto procesal por el causídico letrado de la parte impetrante de tutela, al no tener una debida fundamentación; también, manifestó que en la tercera página de la Resolución aludida, en el tercer párrafo, citan la "Sentencia 43/2010", refiriendo que de los datos del proceso habrían iniciado el 2013, sin fundamentar el tiempo que transcurrió desde el inicio de la investigación, siendo que es obligatorio que se emita una resolución debidamente motivada y fundamentada, debiendo considerarse la Sentencia Constitucional Plurinacional "214/2013 de 6 de marzo", la cual establece el tratamiento de los incidentes por extinción por duración máxima del proceso, que debe obedecer a una cuidadosa valoración en cada caso concreto, siendo que no operó de manera automática por el transcurso del tiempo, sino que se deben observar la conducta de la partes que intervienen en el proceso; asimismo, hubo falta de congruencia, toda vez que se reconoció la presentación de varios incidentes, y si bien éstos pueden ser producto de un efectivo ejercicio del derecho a la defensa, debe valorarse si éstos fueron planteados maliciosamente; por otra parte, las autoridades demandadas citaron jurisprudencia que no es aplicable al caso, y por último, en la página "4" se citó la "Sentencia 1529", haciendo referencia a la duración máxima del proceso, reconociendo que al haberse demostrado que la dilación es atribuible a las partes o al Ministerio Público, no corresponde el recurso indicado; más aún, cuando se trata de personas de grupos vulnerables.
I.2.2. Informe de las autoridades demandadas
Willy Arias Aguilar y Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, remitieron informe cursante de fs. 34 a 37 vta., a través del cual solicitaron se deniegue la tutela, en mérito a los siguientes fundamentos:
- 1)El Auto de Vista 139/2018, está debidamente justificado , pues se razonó en función a lo dispuesto en el art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP), debido a que el límite de competencia del Tribunal de alzada es el agravio expresado; y, se debió plantear aclaración, complementación y enmienda, a efectos de agotar la subsidiariedad;
- 2)Lo solicitado por la -impetrante de tutela- no se enmarca en lo señalado por los arts. 128 y 12 de la CPE, porque no señaló el vínculo de causalidad entre el acto jurisdiccional y el derecho o garantía vulnerado, ya que las resoluciones no deben ser necesariamente ampulosas, sino de manera concreta, clara y sencilla la decisión de revocar la resolución impugnada, observando los principios de legalidad, seguridad jurídica, certeza y acceso a la justicia que todo debido proceso debe contener;
- 3)Un Tribunal de garantías, no es un tribunal ordinario o de otra instancia, de manera que la revisión de la actividad interpretativa de otras jurisdicciones, no es labor propia de la justicia constitucional; empero, para que ésta analice dicha actividad, se debe hacer una relación de la vinculación, sobre los derechos fundamentales, la interpretación y argumentación, situación que no ocurrió; y,
- 4)La jurisprudencia constitucional vertida en la , refiere que la acción de amparo constitucional no se activa para reparar incorrectas interpretaciones o indebidas aplicaciones del derecho.
William Eduard Alave Laura; ex Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no presentó informe alguno, como tampoco se hizo presente a la respectiva audiencia, pese a su legal citación, según consta en la diligencia cursante a fs. 29.
I.2.3. Resolución
Los Vocales de la Sala Constitucional Tercera del departamento de La Paz, mediante Resolución 010/2019 de 1 de marzo, cursante de fs. 483 a 487, concedió la tutela solicitada en mérito a los siguientes argumentos:
- i)Las autoridades demandadas no motivaron ni fundamentaron debidamente el Auto de Vista 139/2018 de 27 de junio, porque no mencionaron en base a que pruebas llegaron a efectuar su determinación, indicando únicamente el vencimiento del plazo previsto en el art. 133 del CPP y las circunstancias que incidieron en la dilación de la tramitación del proceso, inobservando la jurisprudencia constitucional que refiere que quien solicite la extinción de la acción penal, debe probar y argumentar que la mora procesal más allá del plazo máximo es de responsabilidad del Órgano Judicial o del Ministerio Público, según corresponda, precisando de manera puntual en qué parte del expediente se encuentran los actuados procesales que ocasionaron la dilación;
- ii)Los Vocales demandados, no mencionaron en su Resolución de que manera el incidentista demostró con pruebas objetivas o fehacientes que la demora procesal invocada es atribuible a los querellantes o víctimas y al Ministerio Público; toda vez que, conforme a lo que se advierte del cuaderno de control jurisdiccional, fue el propio imputado Juan Sanga Sanga, quien planteó una serie de incidentes, excepciones, recusaciones dilatorias y no asistió a las audiencias de medidas cautelares, y;
- iii)El Auto de Vista 139/2018, que carece de congruencia, señaló que al no haberse demostrado que la dilación sea atribuible al Ministerio Público o la parte querellante, no procedía la excepción planteada y se decidió declarar fundado el recurso.
I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional
Al no existir consenso en la Sala, de conformidad al art. 30.I.6 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), se procedió a convocar al Presidente de este Tribunal a fin de dirimir con su voto el caso en análisis.
Mostrando 25 de 124 parrafos.