0652/2020-S1

La peticionante de tutela concurriendo a la audiencia pública, a través de su abogado, ratificó in extenso su memorial de acción de libertad, y ampliándolo señaló que:

1. a)La jurisprudencia constitucional estableció que para imponer la detención preventiva debe existir un pedido fundamentado por parte del Fiscal de Materia o de la víctima, el juez nunca puede disponer dicha medida de oficio;
2. b)En la audiencia pública de apelación incidental el abogado de la víctima señaló que no se había enervado el riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP; empero, en ninguna parte del Auto de Vista cuestionado se efectuó un análisis de los presupuestos establecidos en el art. 233.1, 2 y 3 del mismo Código, puesto que no justificó su determinación, pese a que es obligación de toda autoridad fundamentar la resolución que impone la detención preventiva, tomando en cuenta que los casos en trámite deben regirse a la Ley 1173; y,
3. c)Precisamente la Jueza de la causa le beneficio con medidas sustitutivas a la detención preventiva porque enervó los riesgos procesales y la vigencia de la citada Ley desde el 4 de noviembre de 2019, en su Disposición Transitoria Décimo Segunda relacionada al art. 235 ter, referida a la conminatoria de oficio al Ministerio Público respecto a la necesidad de la detención preventiva, bajo alternativa de disponer la cesación de dicha medida cautelar en caso de silencio, en ese entendido, la autoridad judicial conminó al Ministerio Público, sin que se haya pronunciado al respecto ni concurrido a la audiencia de cesación de la detención preventiva; por lo que, la Jueza a quo concluyó que ya no hay la necesidad de mantener su detención preventiva, ya que se trata de un delito patrimonial y porque se cumplieron las investigaciones, además el investigador informó que solo faltaba la inspección ocular como último acto, además de referir que su persona pertenece a un sector vulnerable, al ser madre de familia y ser humano ante todo; por lo que, es preciso que se le explique la concurrencia de los tres presupuestos y porque no se está aplicando en su caso la Ley 1173.

La Sala Constitucional Segunda de departamento de Oruro, por Resolución 031/2020 de 21 de febrero, cursante de fs. 38 a 43, denegó la tutela solicitada, en mérito a los siguientes fundamentos:

1. 1)El Tribunal entiende que al mencionar que no se habría realizado la valoración de los riesgos procesales, así como de los presupuestos aplicados a una detención preventiva se incurrió en falta de motivación, fundamentación y congruencia, elementos que "son componentes del debido proceso, aspecto que si bien está vinculado a la acción de libertad pues vinculan también a la libertad de aquella, empero no han sido denunciados en esta audiencia y más bien sí han sido tomados en cuenta en la contestación al recurso de apelación..." (sic), agregando que "...a momento de contestar el recurso de apelación la parte ahora accionante no ha hecho este reclamo efectivo que a ameritado la correspondiente valoración del Tribunal..." (sic); por lo que, respecto a este punto no existe ningún agravio;
2. 2)De la lectura del Auto de Vista cuestionado, se evidencia que se dio respuesta justa a ambos cuestionamientos realizados por la impetrante de tutela a momento de contestar la apelación, en cuanto a los presupuestos que concurren para la detención preventiva, "el Juez ha emitido la resolución que considera pertinente debidamente fundamentado en los términos de su apreciación" (sic), el Tribunal no puede analizar los fundamentos de esa resolución porque no se ha denunciado falta de fundamentación, puesto que se ha denunciado procesamiento indebido por falta de aplicación de la Ley 1173;
3. 3)El Tribunal realizo la interpretación del contenido de la Disposición Transitoria Décimo Segunda de la citada Ley, la conminatoria, el cumplimiento de los plazos para que el Fiscal de Materia pueda manifestarse respecto a la cesación de la detención preventiva, en ese entendido, no existen las conminatorias, su notificación a la autoridad fiscal asignada al caso para que entre en vigencia el plazo, no encontraron nada, más allá de la vigencia de la Ley 1173;
4. 4)Ahora que se entienda que estos elementos deban entrar en aplicación de hecho o de derecho, es una cuestión de interpretación; empero, tenemos que darle una interpretación que sea eficaz al objeto del proceso, la conminatoria debe materializarse mediante una notificación escrita, que no se acreditó en la especie; por lo que, no se acreditó que haya un procesamiento indebido; y,
5. 5)Para considerar la existencia de procesamiento indebido, no se tiene el otro elemento, cual es el estado de indefensión, que la peticionante de tutela no tuvo la oportunidad de impugnar los presuntos actos lesivos dentro el proceso y que recién asumió conocimiento, extremo que en el presente caso no concurre, puesto que la accionante tuvo la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa, contradecir los argumentos contrarios e impugnar.