0652/2023-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0652/2023-S1 Sucre, 19 de junio de 2023

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad

Expediente: 46155-2022-93-AL Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 16/2022 de 4 de marzo, cursante de fs. 29 a 33 vta., pronunciada dentro la acción de libertad interpuesta por Wilfredo Evar Villa Quispe contra Andrés Franz Zabaleta Callisaya; Juez y Jhonny Chinche Plata, Secretario Abogado suplente, ambos del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 4 de marzo de 2022, cursante a fs. 6 y vta., el accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Como antecedentes señaló que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la supuesta comisión del delito de violación, se encontraba detenido en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, siendo que de acuerdo al certificado Médico Forense se demostró científicamente que nunca hubo tal delito; encontrándose entre la vida y la muerte todo por apropiarse de sus dineros que se encuentran en su casa, lo denunciaron falsamente.

En base a esos antecedentes, el Médico del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, indicó que debe salir a realizar sus tratamientos porque se encontraba con una sonda en su cuerpo, desangrándose todos los días; los médicos dijeron que debía salir un día sí y otro día no; con prueba documental presentó esos extremos al Juez ahora demandado; empero, dicha autoridad violando la "Sentencia 134/2018", no ordenó su salida judicial del mencionado Centro Penitenciario, encontrándose en riesgo su vida.

El certificado médico extendido por el médico del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, refrendada por el Urólogo del Hospital General estableció que debe salir en forma intermitente "un día si, un día no"; sin embargo el Juez demandado, no providenció dicha salida en razón a que no había fecha señalada, ni específica, motivo por el cual, presentó un memorial "el día de hoy" señalando las fechas específicas para su salida al Hospital General, es decir, desde el sábado 5 de marzo de 2022 a horas 08:00, pero el mencionado Juez tampoco providenció el memorial, violando la "Sentencia 134/2018".

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela, denunció la lesión de su derecho a la vida y a la salud, citando al efecto los arts. 15.I, IV y V, y 125 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, "se ordene al juez que extienda mi salida judicial en forma inter diaria" (sic).

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 4 de marzo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 26 a 28, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

I.2.2. Informe de la autoridad y funcionario demandados

I.2.3. Resolución

CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:

II.1. Cursa Recetario Médico emitido por el Doctor Robert Aruquipa Oropeza del Hospital de Clínicas de 22 de febrero de 2022 que señaló que el paciente Wilfredo Villa Quispe, ahora accionante, tiene:

"... infección de sitio de exteriorización de tallo vesical, requiere curaciones interdiarias y cumplir tratamiento antibiótico. Requiere cambio de talla vesical cada 15 días" (fs. 4).

II.2. Por Informe de Área Médica, emitido por el Doctor Elmer Acho Nina, Médico de Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, de 23 de febrero de 2022 con Referencia: SOLICITUD DE SALIDA MEDICA DEL PACIENTE WILFREDO EVAR VILLA QUISPE, dirigido al Juzgado que corresponda cuyo diagnóstico refiere:

"Antecedentes de lesión ósea en región de pelvis; Portador de zonda vesical; Infección Urinaria a descartar; Hernia de Disco por antecedentes; y Trauma de rodilla derecha. CONCLUSION: Se sugiere SALIDA MEDICA AL SERVICIOS UROLOGIA (curación interdiaria y control de tallo vesical cada 15 días) del hospital de Clínicas para el día que su autoridad lo disponga desde horas 08:00 am, además se solicita cuente con custodios para el traslado, valoración conclusión y retorno al recinto penitenciario ya que no se cuenta con la especialidad mencionada y solo se da atención básica de primer nivel amparado en el artículo 92 de la Ley 2298" (fs. 5).

II.3. Por memorial de 23 de febrero de 2022, el ahora accionante solicitó "SALIDAS JUDICIALES" señalando que los informes médicos tanto del Hospital de Clínicas, así como del galeno del Penal de San Pedro, debe salir de forma interdiaria por encontrarse en riesgo de vida o muerte por encontrarse con una sonda vesical que hace que todos los días tenga sangrado, por lo que solicitó al Gobernador de dicho Penal, su salida judicial interdiaria al Hospital de Clínicas desde las 08:00 de la mañana, con custodio y demás recaudos de ley, cada quince días (fs. 15 y vta.). II.4. Por proveido de 24 de febrero de 2022 firmado por el Secretario Abogado Jhonny Chinche Plaza del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, este dispuso "Previamente señale los días y fechas que requiere su salida judicial" (fs. 20). II.5. Consta memorial de 2 de marzo de 2022 con suma REITERO Y BAJO EL PRINCIPIO DE VERDAD MATERIAL PIDE, realizado por el ahora accionante y dirigido al Juez de Instrucción Anticorrupción y de Materia Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz en el que señaló: "me encuentro desangrándome por tener una sonda introducida al cuerpo en la que los médicos no se hacen responsables del hospital general...(LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS TANTO POR EL MEDICO DEL PENAL DE SAN PEDRO COMO DEL HOSPITAL GENERAL EVIDENCIAN QUE NECSITO SALIDAD UN DIA SI UN DIA NO, ADEMAS DE LOS 15 DIAS QUE SEÑALA EL CERTIFICADOMEDICO, POR LO QUE SOLICITO ORDENE MI SALIDA JUDICIAL AL HSPITAL GENERAL, UN DIA SI UN DIA NO, TOMANDO LAS PREVISIONES QUE SEÑALA LOS CERTIFICADOS ADJUNTOS AL ANTERIOR MEMORIAL. ACLARO A SU AUTORIDAD QUE DEBO ESTAR UN DIA SI UN DIA NO EN EL HOSPITAL GENERAL A HORAS 08:00 AM" (sic [fs. 22]). Por proveído de 2 de marzo de 2022 el referido Juez Autorizó la Salida Judicial del ahora accionante del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz para el jueves 3 de marzo de 2022 desde horas 08:00 hasta su conclusión, a fin de que sea conducido al Hospital General, en ese sentido el Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, deberá tomar los recaudos necesarios de escoltas y demás medidas de seguridad bajo su responsabilidad (fs. 22 vta.). II.6. Cursa Oficio de 2 de marzo de 2022 elaborado por Andrés Franz Zabaleta Callisaya, Juez de Instrucción Anticorrupción y de Materia Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, dirigido al Gobernador del Centro Penitenciario San Pedro de misma ciudad, disponiendo la SALIDA JUDICIAL de Wilfredo Evar Villa Quispe, para que sea conducido a dependencias del Hospital General el 3 de marzo de 2022 de 08:00 hasta su conclusión, debiendo retornar a guardar su detención preventiva, sea con escolta necesaria y bajo su entera responsabilidad (fs. 21). II.7. Por memorial de 4 de marzo de 2022 Wilfredo Villa Quispe, ahora accionante, solicitó al Juez ahora demandado que las salidas al Hospital General comiencen el sábado 5 de marzo y como es un día si y un día no, el lunes 7, miércoles 9 viernes 11, domingo 13, martes 15, jueves 17, sábado 19, lunes 21 y miércoles 23 de marzo de 2022 a horas 08:00 (fs. 24). II.8. Por proveído de 4 de marzo de 2022 el Secretario Abogado del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, Jhonny Chinche Plaza, dispuso:

"Señale con documentación lícita y pertinente la fecha los días que refiere citas médicas debiendo el mismo estar consignado e inserto en dicha documentación, debiendo asimismo señalar con precisión el lugar donde deberá ser atendido medicamente, por medico en ejercicio, así como el Centro Medico Público o Privado, tiempo de duración de su tratamiento y establecer con precisión dichos extremos. Sin prejuicio, toda vez que se han remitido antecedentes al Juzgado de Ejecución Penal Cuarto, en cumplimiento a la Ley 2298 art. 92... debiendo acudir ante dicha autoridad a efecto de lo que corresponda" (fs. 25).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela a través de su abogado, denunció la lesión de su derecho a la vida y a la salud; toda vez que se encontraba entre la vida y la muerte, por lo que debe salir del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz a realizar el cambio periódico de una sonda en su cuerpo, desangrándose todos los días; siendo que los médicos dijeron que debía salir un día sí y otro día no, con prueba documental presentó esos extremos al Juez ahora demandado; empero, dicha autoridad, no ordenó su salida judicial del mencionado Centro Penitenciario, encontrándose en riesgo su vida; asimismo, el certificado médico extendido por el médico de dicho Centro Penitenciario, refrendada por el Urólogo del Hospital General estableció que debe salir en forma intermitente; sin embargo el Juez demandado, no providenció dicha salida en razón a que no había fecha señalada, ni específica, motivo por el cual, presentó un memorial "el día de hoy" señalando las fechas específicas para su salida al Hospital General, es decir, desde el sábado 5 de marzo de 2022 a horas 08:00, pero el Juez tampoco providenció el memorial, violando la "Sentencia 134/2018".

III.1. El derecho a la vida y a la salud, la integridad personal y la acción de libertad

El derecho a la vida, ha sido considerado como uno de los derechos más importantes en el catálogo de los derechos fundamentales de los seres humanos; puesto que, este bien jurídico es el soporte físico de los demás derechos fundamentales, es un bien natural, un derecho innato; por lo tanto, si este derecho es violentado desaparece el titular del mismo, consiguientemente, es deber del Estado proteger la vida humana frente a cualquier agresión de los individuos y sancionar severamente a todas las personas que atenten contra este derecho; este concepto fue recogido y aceptado en todas las Constituciones Políticas y demás normas legales de los diferentes países del mundo, así como en los Instrumentos Internacionales que libre y voluntariamente algunos países han integrado a sus respectivas legislaciones.

En ese entendido, nuestro país también asumió tal concepción sobre el derecho a la vida, es así que, la Constitución Política del Estado ha consagrado este derecho en innumerables artículos entre ellos está el art. 15.I. que señala: "Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual...", constituyendo así el derecho que tiene toda persona al ser y a la existencia, cuyo valor o bien jurídico protegido es la vida humana que tiene como núcleo fundamental a la dignidad -SCP 0129/2015-S3 de 10 de febrero-; en tal sentido, el Tribunal Constitucional como máximo guardián de la CPE, y en su labor de protección de los derechos y garantías fundamentales, desde sus inicios entendió la importancia de este derecho, así se tiene la SC 0687/2000-R de 14 de julio1, que estableció la importancia del derecho a la vida y que su sola vigencia es la base para el ejercicio de los demás derechos fundamentales; entendimiento que fue reiterado en la SC 1294/2004-R de 12 de agosto2, la cual además razonó que el derecho a la vida, se traduce en la imposición de ciertos deberes al Estado, entendido en su sentido amplio de conjunto de los poderes públicos; el deber de no lesionar por sí mismo la vida humana y el deber de proteger efectivamente la vida humana frente a agresiones de los particulares.

En esa misma línea de razonamiento, la SC 0172/2006-R de 16 de febrero3, ampliando este concepto señaló que el derecho a la vida implica también otros derechos como el derecho a la seguridad e integridad personal y la satisfacción de las necesidades básicas como la alimentación, vestido y vivienda; y que obliga al Estado a su protección a través de mecanismos efectivos que garanticen el bienestar físico, mental y social; a partir de allí, se fue precisando sobre lo que se entiende por derecho a la vida, señalándose que esta supone una obligación tanto negativa como positiva; es decir, por una parte, el derecho a no ser privado de la vida -a que nadie me mate- y, por otra, el derecho a recibir al menos lo mínimo indispensable para sobrevivir; en ese sentido, la SCP 0033/2013 de 4 de enero, asumiendo la igualdad jerárquica de los derechos, consagrada en el art. 13.III de la CPE, que no reconoce superioridad de un derecho sobre otro; empero dicho fallo constitucional, reconoció que el derecho a la vida es la base fundamental para el ejercicio de los demás derechos, lo cual implica considerar situaciones particulares4 cuando se demanda su protección, así estableció que el derecho a la vida abarca tres concepciones distintas que son:

Ahora bien, de estos conceptos desarrollados por la jurisprudencia constitucional sobre el derecho a la vida, se puede comprender que esta no implica, solamente la facultad de impedir que se nos dé muerte, sino también la concurrencia de un conjunto de condiciones, pueden ser estas laborales, sociales, económicas, asistenciales y sanitarias que hagan factible el mantenimiento de la existencia dentro de un nivel propio de la dignidad humana; consecuentemente, el alcance de este derecho a la vida supone también la facultad jurídica, de exigir su conservación y la protección de la vida humana.

En este fin, es posible considerar que el derecho a la vida incluye e incorpora necesariamente la protección del derecho a la salud que significa, a lo menos, asegurar aquellas prestaciones mínimas de las cuales depende directamente la vida de las personas, en tal sentido, el derecho a la vida tiene vinculación directa a otros elementos que la conforman como es la salud e integridad física, derechos tutelables a través de la acción de libertad, bajo esa comprensión la SCP 0264/2014 de 12 de febrero, señaló que:

"...el derecho a la vida guarda íntima relación con otros Derechos Humanos, como son la integridad física y la salud, los cuales gozan de protección por el orden constitucional vigente, señalando que a través de la acción de libertad es posible tutelar tal derecho, aun cuando este no esté relacionado con el derecho a la libertad, indicando concretamente que: 'Como se advierte de lo establecido por la jurisprudencia constitucional la vida al ser un derecho primario del ser humano, se encuentra directamente vinculada a otros elementos que la conforman como es la integridad física y la salud que igualmente es un derecho de la persona, por lo que de igual forma goza de protección por el orden constitucional vigente, toda vez que le impele al Estado no solo la proteja sino también la garantice, efectivizándose, entre una de sus manifestaciones, en la asistencia médica que requiere la persona que se ve afectada en su salud".

Concluyendo, con relación al derecho a la vida y su vinculación directa a otros elementos que la conforman como es la integridad física y la salud, tutelables a través de la acción de libertad, la SCP 0435/2016-S2 de 9 de mayo, en armonía con la SCP 0129/2015-S3 de 10 de febrero, señalan:

"III.1.1. La Constitución Política del Estado consagra el derecho a la vida como un derecho fundamental en el art. 15.I. indicando que: 'Toda persona tiene derecho a la vida...', constituyendo así el derecho que tiene toda persona al ser y a la existencia, cuyo valor o bien jurídico protegido es la vida humana que tiene como núcleo fundamental a la dignidad. Por ello, su titularidad corresponde a todos los seres humanos y es en este sentido, que el Estado está obligado no solamente a su respeto, sino a su protección, creando condiciones indispensables para su observación y cumplimiento.

(...)

En virtud a la tutela que brinda la acción de libertad, respecto al derecho a la vida y también a la integridad física o personal, esta acción tutelar es concebida como una acción esencial y, por lo mismo, debe señalarse que si bien su génesis como garantía jurisdiccional está asociada con la defensa del derecho a la libertad física y personal; no es menos cierto que, dado el carácter primario y básico del derecho a la vida, del cual emergen el resto de los derechos, la acción de libertad también se activa en los casos en que exista un real peligro para éste, pudiendo incluso prescindirse del cumplimiento de formalidades procesales".

Concluyendo, se tiene que la vida es un derecho fundamental, consagrado en la Norma Suprema, así como en los instrumentos internacionales y en todas las legislaciones a nivel mundial; puesto que, es un derecho del cual emergen los restantes derechos, constituyéndose el sustento de estos, debido a que si desaparece el titular del derecho a la vida, desaparece cualquier otro derecho posible; a partir de esta conceptualización el derecho a la vida es inviolable, por lo que la ley ampara jurídicamente este derecho y lo protege frente a cualquier agresión de las personas o de la sociedad; es decir, se tutela este derecho tanto en el área privada como en la pública, pues el derecho a la vida está reconocido como un principio indiscutible. El derecho a la vida es universal y es el origen de todos los demás valores humanos, los demás derechos derivan del derecho a la vida que es el fundamental y está ligado directamente con la dignidad de las personas, ya que la dignidad es la base de todo derecho, en especial del derecho a la vida.

III.2. La acción de libertad en su modalidad instructiva

El art. 125 de la CPE, introdujo el derecho a la vida dentro del ámbito de protección de la acción de libertad cuando se encuentra en peligro, tomando en cuenta que este derecho merece una protección amplia que no implique formalismos innecesarios como en el caso del amparo constitucional, justamente porque su tutela debe ser efectiva y sin dilaciones a fin de garantizar su ejercicio inmediato dentro del enfoque del estado de derecho constitucional que pregona la Ley Fundamental.

Ahora bien, dentro del sistema de protección de los derechos humanos el derecho a la vida, se encuentra también tutelado por el habeas corpus -acción de libertad- cuando esta encuentra en riesgo, al respecto Patricia Serrudo Santelices5 efectuando un análisis sobre la acción de libertad dentro de los instrumentos internacionales señaló que fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) la que estableció de manera amplia el ámbito de protección del hábeas corpus extendiendo su tutela a los derechos a la vida, integridad física, prohibición de desaparición forzada y derechos conexos a través de la Opinión Consultiva 08 de 30 de enero de 1987, que estableció que el hábeas corpus se constituye en un medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; por cuanto, la Corte IDH plasmó este criterio en el caso de Castillo Páez vs. Perú, estableciendo que "El habeas corpus tiene como finalidad, no solamente garantizar la libertad personal, sino también prevenir la desaparición o indeterminación del lugar de detención y, en última instancia, asegurar el derecho a la vida".

En este marco, la disposición mencionada implica una internalización del bloque de convencionalidad dentro del texto constitucional, a fin de efectivizar la protección de los derechos, a cuyo mérito las autoridades ya sean judiciales como administrativas en sus actuaciones, deben regirse a una interpretación más favorable de los derechos y así lograr la materialización de la justicia.

En efecto, la protección del derecho a la vida a través de la acción de libertad, fue instituida de acuerdo al desarrollo jurisprudencial de la Corte IDH; asimismo, pese a que la Constitución Política del Estado de 1994 no estableció su protección a través de dicha acción tutelar, como lo hizo la actual Norma Suprema; empero, se encontraba reconocido como derecho fundamental; en este entendido, la jurisprudencia constitucional a través del entonces recurso de habeas corpus ya estableció una protección del derecho a la vida y a la salud a momento de imponer una medida cautelar de arraigo o de considerar una solicitud de desarraigo; es así que, en la SC 1879/2003-R de 17 de diciembre, se señaló que el juez para imponer tal medida o dejarla sin efecto debe realizar un análisis de razonabilidad sobre las circunstancias del imputado y efectuar una ponderación al tratarse de dichos derechos, cuando los mismos se encuentran en riesgo, y siguiendo este entendimiento la SC 0651/2004-R de 4 de mayo, estableció dos criterios para considerar el desarraigo, entre ellos el derecho a la vida y a la salud; asimismo, la SC 0470/2004-R de 31 de marzo6, sustentándose en el Sistema Internacional de Derechos Humanos, conforme lo establecido en los arts. 3 de la DUDH, 4 de la CADH o Pacto de San José de Costa Rica y 6 del PIDCP, entendió que la restricción a la libertad, no puede poner en riesgo el derecho a la vida y es el juzgador quien debe asumir medidas inmediatas para evitar su vulneración.

Por su parte, la SC 0023/2010-R de 13 de abril, se refirió a la inclusión que hizo el art. 125 de la CPE del derecho a la vida dentro de los derechos tutelados a través de la acción de libertad y fue la SC 0044/2010-R de 20 de abril7, que efectuando una explicación sobre las modalidades de las acciones de libertad incluyó la acción de libertad instructiva en la jurisprudencia constitucional, teniendo en cuenta la interpretación efectuada por la Corte IDH en diversos fallos relacionados sobre el alcance del entonces habeas corpus, considerándolo como un medio para garantizar la libertad, la integridad personal, prevenir la desaparición o indeterminación del lugar de detención y, asegurar el derecho a la vida; es así que, hasta este momento la jurisprudencia vinculó la protección de este derecho con el de la libertad.

Asimismo, la SC 0589/2011-R de 3 de mayo, se refirió al habeas corpus instructivo considerando el alcance de la protección de derecho a la vida establecido en la Sentencia Constitucional Plurinacional referida precedentemente, es decir, vinculando la protección del señalado derecho a través del citado recurso cuando existe lesión del derecho a la libertad.