Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0652/2025-CA Sucre, 27 de noviembre de 2025
Expediente: 78443-2025-157-AIC Acción de inconstitucionalidad concreta Departamento: La Paz
En consulta la Resolución de 8 de agosto de 2025, cursante de fs. 196 a 199, pronunciada por el Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, por la que "no promovió" la acción de inconstitucionalidad concreta, interpuesta por Hernán Iván Arias Durán, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Nuestra Señora de La Paz, demandando la inconstitucionalidad del art. 13.II de la Ley de Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales -Ley 1468 de 3 de octubre de 2022-, por ser presuntamente contrario a los arts. 115,II, 119.II, 178.I, 180.II, 256 y 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de la solicitud de parte
Por memorial presentado el 31 de julio de 2925, cursante de fs. 208 a 214 vta., el accionante manifiesta que dentro del proceso administrativo de reincorporación laboral correspondiente al caso MTEPS-DNC-REDLAB-809-2025 seguido a instancia de Gary Estiven Mamani Apaza y Eduardo Germán Mendoza Monrroy, cuestiona el art. 13.II de la Ley 1468, que dispone la ejecución inmediata de las resoluciones de reincorporación laboral, y habiendo el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, dispuesto el 6 de junio de igual año, la reincorporación de los nombrados, por considerar que fue un despido sin causa justificada, más pago de salarios devengados por el tiempo de la suspensión laboral y la restitución de derechos a la seguridad social reincorporación laboral, habiendo formulado el 25 del citado mes y año, dentro de plazo recurso de revisión, conforme al procedimiento establecido por la Ley 1468, encontrándose el mismo pendiente de resolución.
Indica que, la Ley cuestionada fue concebida como una respuesta institucional a las demandas de sectores laborales afectados por despidos injustificados, vulneraciones del fuero sindical y falta de pago de salarios, teniendo el propósito de establecer el procedimiento administrativo ágil y especializado, evitando la judicialización de los conflictos, por ello en la práctica la ejecución automática genera perjuicios operativos, económicos y jurídicos a entidades públicas y privadas, quedando vacío de contenido sustantivo, generando un desequilibrio procesal, convirtiendo el procedimiento en una vía de ejecución sumaria, privando además al recurso de revisión administrativa de su efectividad sustantiva, al impedir la suspensión de la ejecución de resoluciones dictadas en primera instancia dentro del procedimiento de reincorporación , transformando el recurso en una formalidad carente de tutela efectiva, vulnerando el principio de impugnación, al no garantizar una revisión real que pueda prevenir o revertir los efectos de un acto administrativo cuestionado, generando efectos económicos y organizativos irreversibles, lo cual vulnera el debido proceso, la defensa y la seguridad jurídica, así como el derecho a un recurso útil, previsto en los arts. 115, 119, 178 y 180 de la CPE; 8.2 inc. h) de la CADH y 14.5 del PIDCP.
La jurisprudencia constitucional como son las , y la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021, establecieron que las conminatorias de reincorporación laboral tienen carácter provisional, no pudiendo ejecutarse como definitivas, además de incorporar el principio de razonabilidad en la ejecución administrativa y estar sujeta a control previo, especialmente en casos de reincorporación, por ello la ejecución automática prevista por el art. 13.II de la Ley 1468, rompe ese equilibrio y convierte el proceso en una vía sumaria sin defensa efectiva ni posibilidad de suspensión, pese al recurso de revisión interpuesto el 25 de junio de 2025, el empleador está obligado a reincorporar y pagar salarios devengados sin una decisión firme, lo que vuelve ineficaz la impugnación y contradice el art. 115.II de la CPE.
Por ello, solicita que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, promueva esta acción normativa, suspendiendo el procedimiento administrativo y, como medida cautelar, pide se deje sin efecto los alcances de la Resolución de Reincorporación Laboral MTEPS-DNC-REDLAB-809-2025, incluyendo cualquier intento de ejecución material o jurídica hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional Plurinacional.
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