0653/2023-S2

Solicitó se le conceda la tutela, y en consecuencia ordenar:

1. a)Revocar el Auto de Vista 23/2022 de 9 de febrero; y,
2. b)Disponer que la autoridad demandada aplique el criterio estándar vinculante y no regresivo.

Norka Díaz Morales, Vocal de la Sala Penal de Tribunal Departamental de Justicia de Beni, en audiencia brindó informe oral argumentando que:

1. 1)Se pronunció el Auto de Vista 23/2022, como consecuencia de la apelación interpuesta por el Ministerio Público contra la determinación del Juez de la causa que concedía la detención domiciliaria al impetrante de tutela al tener por desvirtuado el riesgo inmerso en el art. 234.7 del CPP;
2. 2)Para emitir su determinación el Juez de primera instancia tomo en cuenta un informe psicológico solicitado sin requerimiento fiscal, fuera de lo preceptuado en los arts. 13 y 72 del citado Código;
3. 3)Se hizo referencia a la obtención de prueba y que su incumplimiento daría lugar a nulidades en el proceso penal por que así lo establece el art. 169 del CPP;
4. 4)También debe quedar claro que la 0SCP 0775/2018-S4 de 14 de noviembre, moduló el entendimiento para otras etapas del proceso penal en cuanto a la emisión de requerimientos por parte del Ministerio Público, para la cesación de la detención preventiva aún exista acusación formal;
5. 5)El art. 209 del Código Adjetivo Penal, establece que los peritajes deben ser solicitados al Fiscal de Materia, así también el juez o tribunal en cualquier etapa del proceso puede designar y determinar los alcances de este tipo de prueba; y,
6. 6)Este es un caso complejo pues se encuentran comprometidos derechos de personas pertenecientes a grupos vulnerables establecidos en el art. 14 de la CPE en presunta situación de violencia, y si bien el accionante hace referencia al principio de favorabilidad en estos casos este principio es aplicable a la parte más débil que merece protección reforzada, por otro lado la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- si bien tiene como objeto el descongestionar el sistema penal al mismo tiempo tienen la misión de proteger los derechos de los niños niñas y adolescentes y mujeres en situación de violencia, al margen de haber señalado que el contralor de derechos y garantías jurisdiccionales por imperio de la ley es el juez de instrucción penal donde debió elevar su reclamo ante la negativa del Ministerio Público para que sea analizada y en su caso repuesta por dicha autoridad.

Paúl Sergio Paes Melgar, Fiscal de Materia, en audiencia refirió que:

1. i)El imputado no precisó si se encuentra ilegalmente perseguido, procesado o que su vida se encuentre en peligro, incumpliendo los requisitos establecidos en el art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo); y,
2. ii)La jurisdicción constitucional se encuentra impedida de realizar una valoración probatoria, sobre aspectos que supuestamente no fueron valorados por la autoridad demandada como pretende el impetrante de tutela.

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, mediante Resolución 04/2022 de 27 de marzo, cursante de fs. 51 a 54, denegó la tutela solicitada, con los siguientes fundamentos:

1. a)La problemática emerge del memorial de 6 de diciembre de 2022, que pidió la designación de un perito para que realice una evaluación psicológica al impetrante de tutela tendiente a desvirtuar el riesgo procesal inscrito en el art. 234.7 del CPP por el cual fue detenido preventivamente;
2. b)La Vocal demandada fundamentó y motivó su determinación al realizar la diferencia entre el caso concreto y la problemática de la Sentencia Constitucional Plurinacional citada, más allá de establecer que se trataba de una solicitud de pericia, la cual fue rechazada;
3. c)Sobre la problemática se tiene que si bien la 0SCP 0775/2018-S4, establece que el imputado puede recabar la información pertinente a desvirtuar los riesgos procesales que pesan en su contra sin necesidad de un requerimiento fiscal, dicho extremo no es aplicable porque el impetrante de tutela solicitó se realice una pericia y de conformidad con el art. 209 del CPP los peritos deben ser designados por el Fiscal en la etapa preparatoria y por el juez o tribunal en cualquier etapa del proceso, por tanto ante la negativa de la autoridad fiscal y el jerárquico el accionante tenía la opción de acudir al juez de control jurisdiccional para que determine si correspondía o no emitir; y,
4. d)Al tratarse de una pericia y no un requerimiento cualquiera para obtener información tendiente a desvirtuar un riesgo procesal dentro de los fundamentos de la detención preventiva, se puede evidenciar que no se vulneraron derechos y garantías.