0653/2023-S3

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0653/2023-S3 Sucre, 27 de junio de 2023

SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad

Expediente: 46945-2022-94-AL Departamento: Cochabamba

En revisión la Resolución de 8 de abril de 2022, cursante de fs. 46 a 50 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Celso Erick Olmos Gómez en representación sin mandato de Armando Ticona Urquieta contra Luis Fernando Barrios Quevedo, Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba. I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA I.1. Contenido de la demanda Por memorial presentado el 7 de abril de 2022, cursante de 15 a 19, el accionante a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente: I.1.1. Hechos que motivan la acción Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de tráfico -de sustancias controladas-, previsto y sancionado por el art. 48 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas -Ley 1008 de 19 de julio de 1988-, se encuentra privado de libertad en el Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz, -el mismo que radicaría en el "...Juzgado 2do de Partido y Sentencia de la ciudad de el Alto..." (sic), de acuerdo a la Resolución emitida por el Tribunal de garantías-. Alega que, ante la vulneración de sus derechos, el 6 de abril de 2022, interpuso una acción de libertad contra Claudia Marcela Castro Dorado, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en plataforma del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, siendo sorteada al Juzgado de Sentencia Penal Segundo de la Capital de ese departamento -cuyo titular es ahora accionado-, quien mediante Auto de la misma fecha, resolvió declinar competencia en razón de territorio a la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, bajo el fundamento central que la vulneración de sus derechos se habrían cometido en dicha ciudad, y que todos los actuados procesales se encuentran en igual departamento, además que su persona radica ahí; por otro lado refirió que, no existe ninguna circunstancia objetiva que pueda considerarse de manera excepcional para que la referida acción deba conocerse en un distrito distinto al que naturalmente dadas las circunstancias en particular, debería presentarse y resolverse; ello a pesar de que, en la demanda constitucional, en el Otrosí Tercero, señaló domicilio procesal en la consultora jurídica "CAMACHO Y ASOCIADOS", ubicado en la avenida San Martín "147", edificio "PRINCIPITO", tercer piso, oficina 5-A, entre avenida Heroínas y calle Colombia de la ciudad de Cochabamba, cumpliendo de esa manera la condición establecida por la jurisprudencia constitucional, que establece la posibilidad de interponer el recurso en el sitio al que la parte pueda acceder por razones de cercanía territorial o mejores condiciones de transporte como es su caso; circunstancia a partir de la cual advierte que la declinatoria de competencia dispuesta por la autoridad accionada constituye un acto dilatorio indebido que vulnera el principio de celeridad y la consiguiente restricción de su derecho a la libertad. I.1.2. Derechos y principio supuestamente vulnerados El accionante a través de su representante sin mandato, alega la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y acceso a la justicia, así como al principio de celeridad; citando al efecto los arts. 23, 68.II, 73.I, 115, 117 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE). I.1.3. Petitorio Solicita se conceda la tutela impetrada y en consecuencia, se revoque el Auto de 6 de abril de 2022, que declina competencia, emitido por el Juez accionado, disponiendo que sea dicha autoridad quien conozca y resuelva la acción de libertad interpuesta. I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías Celebrada la audiencia pública virtual el 8 de abril de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 45 a 46; presentes la parte accionante, la autoridad accionada, así como el representante del Ministerio Público, se produjeron los siguientes actuados: I.2.1. Ratificación de la acción El peticionante de tutela a través de su representante sin mandato, ratificó in extenso los argumentos expuestos en el memorial de la presente acción de libertad. I.2.2. Informe de la autoridad accionada Luis Fernando Barrios Quevedo, Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, en audiencia refirió que, ante la presentación de la primera acción de libertad el 6 de abril de 2022, por el impetrante de tutela, de manera pronta y oportuna emitió el Auto en igual data, determinando la remisión de los antecedentes al Juez de garantías de turno de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, al no existir ninguna justificación para que dicha acción sea presentada en el departamento de Cochabamba; por lo que, al no cumplirse con los criterios respecto al Juez natural, solicita se deniegue la tutela impetrada. I.2.3. Intervención del Ministerio Público

La autoridad fiscal en audiencia solicitando se deniegue la tutela impetrada, refirió que los argumentos expuestos por el impetrante de tutela carece de mérito; toda vez que, la autoridad accionada al declinar competencia obró correctamente, ya que si bien conforme dispone el art. 32 -del Código Procesal Constitucional (CPCo)- una acción de libertad puede interponerse ante cualquier Juez, pero el Juzgado o Tribunal competente será el del lugar donde se haya vulnerado el derecho, y en este caso la presunta vulneración se produjo en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, por ello compete conocer la acción de libertad formulada al Juez o Tribunal de garantías de ese departamento.

La 0SC 0045/2011-R de 7 de febrero, refirió que: "Entre las acciones de defensa, que la actual Constitución Política del Estado establece, está la acción de libertad, que tiene por objeto tutelar el derecho a la vida y a la libertad, en los casos en que aquélla se encuentre en peligro, y cuando ésta sea objeto de una persecución ilegal, un indebido procesamiento u objeto de privación en cualquiera de sus formas, pudiendo toda persona que considere encontrarse en cualquiera de las situaciones antes expresadas, acudir ante el juez o tribunal competente en materia penal, y solicitar se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad; así, su art. 125 señala: 'Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad'.

Empero, también debe tenerse en cuenta, que no en todos los casos en que una persona esté detenida o privada de libertad, necesariamente tenga que acudir a la acción de libertad, sino, que ello dependerá de las circunstancias que rodean a cada caso, y básicamente del supuesto acto ilegal denunciado y de su pretensión jurídica, para determinar si es posible ingresar al análisis de la problemática, otorgar tutela o si es que equivocó de vía" (las negrillas fueron agregadas).

Así también, la SCP 0037/2012 de 26 de marzo, señaló que: "La acción de libertad conocida en el derecho comparado y en nuestra legislación abrogada como 'recurso de habeas corpus', encuentra fundamento en innumerables instrumentos normativos de orden internacional como en la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, disposiciones normativas que forman parte del bloque de constitucionalidad, de conformidad a lo dispuesto por el art. 410 de la CPE. Se trata de un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares; así como a la vida, cuando esté en peligro.