0654/2021-S1

Solicitó se conceda la tutela impetrada, disponiendo que:

1. a)La Jueza codemandada previo a señalar nuevamente la audiencia de medidas cautelares emita los oficios solicitados dejando sin efecto el Auto de 3 de agosto de 2020, e instale audiencia programada para el 17 de noviembre de mismo año, vía plataforma virtual "CIS WEBEX"; y,
2. b)Asimismo, los Vocales demandados dejen sin efecto el Auto de 9 de citado mes y año, y deliberen en el fondo la resolución impugnada considerando la afectación a los derechos a la salud y a la vida por la suspensión de la audiencia de 28 de octubre de igual año, debiendo fijar audiencia virtual para considerar el recurso de apelación.

La parte accionante, ratificó su acción de libertad y ampliándola manifestó que:

1. 1)Es la primera vez que demanda contra las tres autoridades por derecho propio, obviamente que en su condición de abogado "accionó" en alguna otra acción tutelar pero no como impetrante de tutela, es decir que patrocinó a "Jaqueline Azurduy de Borda y Nicolás Borda" por ser abuelos de su hija; ya que, la audiencia en la que los referidos Vocales eran demandados fue porque no habían pronunciado en el término de ley la convocatoria a audiencia pública;
2. 2)Su vida corre peligro porque en la audiencia de consideración de incidente estaban presentes "los tres" en vía virtual, en el que la "abogada Borda" y los coacusados señalaron que no realizarán ninguna observación; empero, la autoridad judicial ahora codemandada en la parte final de la Resolución de 28 de octubre de 2020, suspendió el acto señalando audiencia de consideración del incidente para el 17 de noviembre igual año;
3. 3)Una vez que solicitó complementación y enmienda reclamando que la declinatoria debía realizarse de forma inmediata, lo cual no fue dado curso, motivo por el cual interpuso recurso de apelación conforme al arts. 404 del CPP modificado por la Ley 1173, pero cuando iba a exponer sus agravios fue coartado con el argumento de que los agravios deben realizarse ante autoridad competente, no obstante de ello ya estaba impugnado la resolución;
4. 4)Aclaró que en la acción de libertad presentado por "Nicolas Borda" participó como abogado a objeto de que resuelvan el incidente de la apelación que "habíamos" interpuesto los tres acusados, al efecto en el Auto de Vista impugnado señala que tiene que considerarse la admisibilidad o no de la impugnación conforme al art. 406 del CPP modificado por la Ley 1173;
5. 5)Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz pese a conocer que la suspensión de una audiencia incidental fue ilegal e indebida siendo que las partes estaban presentes en dicho actuado llevado ante el Juez a quo, vulneró no solo el debido proceso y la celeridad porque se demostró mediante informes que padece de trastornos neurológicos, neonatológicos, cuyos agravios además, no fueron expuestos ante el Juez de primera instancia ni ante el Tribunal de alzada;
6. 6)El Tribunal de apelación en su Auto de Vista refirió que es cuestión de "mero trámite" y si consideraba que se estaba vulnerándose derechos debió plantear el recurso idónea de reposición lo cual no es cierto;
7. 7)Conforme al documento actualizado el índice de la enfermedad del COVID-19 en Bolivia señalo que los municipios cambiaron de riesgo medio a riesgo alto, en la cual los municipios de La Paz, El Alto y Santa Cruz se mantiene en riesgo alto, al efecto debió tomarse en cuenta que es una persona con enfermedad de base;
8. 8)La Jueza de Sentencia Penal Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz tiene bajo su control jurisdiccional dos cuadernos una bajo el IANUS 1123362, caso "83/2010" de Caranavi, que fue declinado a la ciudad de Santa Cruz y el caso "MP 60/2011" de Guayaramerin seguido por su persona contra el querellante en el proceso "383/2010 MP" de Caranavi, es decir que, existió un cumulo de procesos porque los hechos se habrían cometido de forma recíproca, cuyos contratos se realizaron en Guayaramerin en el que los hijos de "la señora" le sonsacaron una importante suma de dinero;
9. 9)No puede acudir ante el Fiscal de Materia porque el proceso "383/2010 MP" y el cuaderno "MP 60/2011" lo agruparon a una causa en el que el "suscrito es ajeno";
10. 10)Adjuntando dos certificados médicos, que sugieren que no pude vivir en lugares con 1500 m/snm -quince mil metros sobre el nivel del mar-, entre otros documentos, el 2020 acudió ante la autoridad de control jurisdiccional, pidiendo además el cumplimiento de la SCP "80/2018-S2", y una vez remitida la causa a su despacho sea resuelta la misma así como la solicitud de declinatoria y el incidente de forma inmediata "...incluso he tenido que realizar una acción de libertad en contra del Ministerio Publico que aún no tiene el cuadernillo a la vista subido al sistema JLM, le pedí a la autoridad hoy accionada que remita oficios para el Rejap de Riberalta..." (sic), dicho memorial presentado el 22 de julio de 2020, mereció un improcedente decreto; ya que, al Otrosí primero señaló "a lo principal"; y,
11. 11)Su solicitud es que se conceda la tutela y que previo a señalarse la audiencia de consideración de medidas cautelares, se emita todos los oficios dejando sin efecto el decreto de 3 de agosto de 2020, instando que la audiencia fijada para el 17 de noviembre igual año, sea virtual, cuyos Vocales demandados dejen sin efecto el Auto de Vista y deliberen en el fondo sus derechos a la salud y vida, además de señalar audiencia virtual.

Edil Robles Lijeron y Gladys Alba Franco, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante informe escrito -sin fecha- cursante a fs. 96, manifestaron que:

1. i)Sobre el reclamo de que el Auto de Vista de 9 de noviembre de 2020 puso en riesgo su salud al compelerle presentarse a una audiencia presencial en la ciudad de Santa Cruz el 17 del citado mes y año; al respecto el citado fallo no violentó ni puso en riesgo su salud o vida; toda vez que, en el actuado procesal señalado por la Jueza de Sentencia Penal Octava de la Capital del precitado departamento no se considerará la situación jurídica de libertad o detención, tampoco sobre su salud, sino al contrario y tal como él mismo reconoce, se considerará un incidente de declinatoria de competencia, que no pone en riesgo los referidos derechos, no correspondiendo interponer la acción de libertad sino una acción de amparo constitucional.;
2. ii)El art. 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo) estableció los supuestos de procedencia de acción de libertad respecto al cual el peticionante de tutela no acomodó sus fundamentos a ninguno de dichos presupuestos; ya que, no indicó si con el supuesto accionar indebido de los "suscritos vocales" se puso en peligro su vida, si está ilegalmente perseguido, si está indebidamente procesado o privado de su libertad personal; por lo que, se debe denegar la tutela solicitada;
3. iii)El Auto de Vista de 9 de referido mes y año, para declarar la inadmisibilidad del recurso de apelación incidental interpuesto, tiene sus fundamentos en los arts. 399, 403, 404 del CPP; dado que, apeló una decisión de la juzgadora de instancia de suspender la audiencia para resolver el incidente de declinatoria y que la misma sea presencial, decisión que no se encuentra estipulado como resolución apelable por el art. 403 del citado Código y conforme al art. 399 del CPP, sin mayor trámite, se declaró inadmisible dicha impugnación, lo cual no violentó el derecho al debido proceso, porque se enmarcó en la norma adjetiva penal;
4. iv)Un elemento importante a considerar es que el accionante pretende no asistir a una audiencia virtual, por la cuarentena por la enfermedad del COVID-19 en el territorio nacional; al respecto, se conoce que en el departamento de Santa Cruz el riesgo por esta enfermedad es bajo, razón por la cual se levantaron casi todas las medidas de restricción, aperturándose los juzgados y tribunales, por supuesto con ciertas medidas de bioseguridad no siendo posible que el impetrante de tutela pretenda evitar someterse a la autoridad jurisdiccional -ahora demandada- bajo el argumento de la cuarentena cuando la misma prácticamente fue suspendida, más aún en los departamentos de Beni y Santa Cruz, que fueron los primeros golpeados por la ola del virus y que ahora se encuentra sin restricción alguna; y,
5. v)Como un elemento llamativo, se tiene que el peticionante de tutela interpuso varias acciones de libertad, como él mismo lo refirió, desnaturalizando su esencia, pretendiendo forzar la decisión de las autoridades jurisdiccionales haciendo abuso de los mismos, con repetidos argumentos sin sustento jurídico alguno, siendo la segunda vez que los "suscritos vocales" son demandados y en un tiempo récord, lo que debió llamar la atención sobre la falta de lealtad procesal del accionante, pretendiendo zafarse del proceso penal que se sigue en su contra.

Elvira Velásquez Aramayo, Jueza de Sentencia Penal Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante informe presentado en audiencia manifestó que:

1. a)Respecto a los derechos denunciados, la parte impetrante de tutela falseó la verdad, cuyo argumento de que se hubiera suspendido la audiencia del incidente cuando todos los sujetos procesales estuvieran presentes, no es cierto porque no se encontraba la víctima que no había sido legalmente notificada porque si bien se remitió al "Juez" de Caranavi del departamento de La Paz para que se proceda a la notificación además en ese proceso existen tres imputados y los otros dos imputados tampoco se encontraban legalmente notificados a pesar de que su abogada estaba presente que es la esposa del peticionante de tutela tal como consta en actas y obrados;
2. b)Como autoridad judicial no pudo vulnerar derechos; ya que, para toda audiencia se tiene que notificar con toda la documentación, máxime si se pidió un incidente, en el que todas las partes deben conocer y si existirá un cambio de control jurisdiccional, dependiendo de las pruebas que se presente todos los sujetos tienen que estar legalmente notificados, por eso previendo el derecho a la defensa y cumpliendo el debido proceso se suspendió la misma;
3. c)Es cierto lo manifestado por los Vocales demandados; dado que, existió un abuso del uso de la acción de libertad porque se planteó otras dos acciones de libertad con este mismo objeto y argumento, es decir que interpuso una acción de libertad contra el Juez de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz, y el "089" de noviembre -se entiende 9 de noviembre de 2020- volvió a plantear otra acción, es decir que cada catorce días está planteando acciones de defensa sobre el tema de que las audiencias se lleven a cabo de manera virtual, ya en la otra acción de libertad que llevó a cabo el Juez de instrucción en lo penal se abordó ese punto si bien no era el accionante pero era el abogado y se le negó la tutela siendo por lo tanto cosa juzgada porque el Tribunal Constitucional Plurinacional no puede tener dos decisiones sobre el mismo objeto referente a las audiencias virtuales;
4. d)El impetrante de tutela manifestó que existirían dos expedientes a cargo del control jurisdiccional, lo cual fue falso; puesto que, la suscrita solamente tiene un expediente signado como NUREJ 1120233612 que llegó de otra ciudad a la ciudad de Santa Cruz, el que además estuvo dos años en el tribunal y no planteó nada, por lo que conforme a la Ley 1173 "el tribunal" pierde competencia, por cuanto de la revisión de obrados no existió ninguna acción referente a este punto, cuyo argumento de que desde el 2017 se le estuviera vulnerando sus derechos no es cierto porque recién dicho proceso fue asignado al Juzgado de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz;
5. e)Sobre el reclamo de los oficios, no procede la acción de libertad porque el peticionante de tutela no tiene restringido dicho derecho, es más que ni siquiera se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares, no existe la privación de libertad para que pueda ser compulsado con el derecho a la salud siendo clara la norma adjetiva penal al establecer en el art. 279 en el que se establece que no se puede realizar actos investigativos tanto fiscales y jueces que pongan en duda la imparcialidad del Juez;
6. f)La parte accionante solicitó oficio para el REJAP y otra para Migración, lo cual no está comprometido el derecho a la salud, a la vida o la libertad, no existiendo al efecto una relación coherente, por ello como autoridad judicial oportunamente providenció dicho escrito negando dichos pedidos, que deben ser atendidos por la autoridad investigativa tal como prevé el art. 54 del CPP, cuya mención al decreto del 3 de agosto de 2020 siendo que nos encontramos en 14 de noviembre de igual año, no pudo alegarse una acción de libertad de pronto despacho; por lo que, dejó transcurrir tres meses, no obstante de tener una respuesta oportuna;
7. g)No existió la manera de conceder la tutela; toda vez que, no corresponde la procedencia de la acción de libertad como establece el art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE), cuya audiencia de medidas cautelares estaba señalada para el "día martes"; empero, debido a que estaba con baja médica se otorgó la suplencia a otro Juez, que debe resolver los memoriales presentados por que la suscrita no tiene competencia referente al señalamiento de audiencia cautelar;
8. h)Sobre la audiencia de 17 de precitado mes año, la misma será de manera virtual; ya que, en ningún momento se indicó que la misma sea de manera presencial, al efecto se pretendió confundir a la autoridad; y,
9. i)Conforme al art. 125 de la CPE, el impetrante de tutela no se encuentra en peligro su libertad, vida o salud, no existe motivo para conceder la tutela sobre los puntos que está solicitando contra de la Juez codemandada por lo que pide denegar tutela solicitada.

El Juez de Sentencia Penal Primero en suplencia legal del Juez Público de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero ambos de Guayaramerin del departamento de Beni, mediante Resolución de 14 de noviembre de 2020, cursante de fs. 106 a 116, denegó la tutela impetrada, bajo los siguientes fundamentos:

1. 1)Con relación a la solicitud de oficios, se tiene de que el peticionante de tutela, por memorial de 15 de abril de 2017, solicitó declinatoria a favor del Juez de Instrucción Penal de Guayaramerin del precitado departamento, en cuyo escrito solicitó distintos oficios, como ser al médico del Hospital de Riberalta, al Medico Calificador, al Hospital Obrero "69" de Riberalta, a objeto de que se pueda obtener una fotocopia legalizada del informe médico internista sobre diferentes patologías, e informe nutricional respectivamente;
2. 2)Contra dicha "resolución" se emitió una Resolución de 20 de citado mes y año, en el que no se dio lugar; ya que, "al numeral 1" se indicó que fundamente debidamente su solicitud, al "...numeral 2, bueno los certificados médicos está en la parte principal de la resolución, simplemente se ha corrido en traslado y no se ha dado curso a dicha situación..." (sic), resolución contra el cual el accionante no interpuso recurso alguno;
3. 3)Los arts. 401, 402, 403 y 404 del CPP son importantes porque hacen referencia a la naturaleza de las resoluciones, los de mero trámite que dan lugar a la interposición de un recurso de reposición, las resoluciones que se dictan conforme a los numerales del 1 al 10 hacen referencia a excepciones o incidentes, no existiendo a criterio del juzgador en el numeral 11 y los demás señalados en dicho Código, una apelación incidental a través de la cual se pueda resolver en este caso la suspensión de una audiencia, máxime si la audiencia ya fue señalada;
4. 4)De obrados consta de que en la audiencia cautelar conforme al art. 401 del CPP, se observó "...que el abogado interviene sin defensa técnica..." (sic) y tampoco lo hace en los otros memoriales, aspecto que debió ser considerado por la autoridad jurisdiccional a efectos de no vulnerar el art. 8 del Pacto de San José de Costa Rica -Convención Americana sobre Derechos Humanos de 18 de julio de 1978- que hace referencia a la defensa material y técnica;
5. 5)Si bien es cierto de que una vez pronunciada la resolución y "...luego de solicitada la explicación y enmienda..." (sic), interpuso recurso de apelación incidental al momento de estar fundamentando los agravios, una vez coartada la misma, conforme al 401 del CPP correspondía interponer el recurso de reposición, además que del contenido de la resolución de 28 de octubre de 2020, si bien hubo varias intervenciones y una resolución ampulosa, simplemente se determinó la suspensión del actuado y por tanto se asumió de que se trata de un decreto de mero trámite; ya que, los incidentes previstos en el art. 403 del citado Código no hacen referencia al recurso de apelación incidental contra una resolución de suspensión de audiencia;
6. 6)Debió considerarse además que si se hubiese vulnerado su derecho a la defensa conforme al art. 47 del CPCo correspondía acudir a la acción de amparo constitucional, no siendo posible interponer la acción de libertad con relación al derecho a la defensa o a otros derechos como a la fundamentación o motivación o a la celeridad; por lo tanto no corresponde conceder la tutela con respecto a la Jueza codemandada ni con respecto a los Vocales demandados por esta situación;7) Con referencia al reclamo de que no se hubiese otorgado los oficios a distintas instituciones para que se pueda acreditar su estado de salud, y que según el impetrante de tutela se hallan vinculados al derecho a la salud y por tanto a la vida, "...es criterio de este juzgador ante el juez de instrucción que ha solicitado los mismos oficios en abril de 2017 y no lo ha utilizado, ahora bien considera la autoridad constitucional que estarse cuestionando una audiencia de incidente de declinatoria y una apelación con relación a la misma, no corresponde una audiencia de cesación a la detención preventiva..." (sic) no es aplicable al presente caso la SCP 0609/2018-S3 de 31 de octubre, en razón a que se hace referencia a la audiencia de cesación a la detención preventiva donde evidentemente el acusado tiene no solamente que demostrar cuales son los elementos que dieron lugar a la detención preventiva sino también, cuales son los nuevos elementos de convicción a través de los cuales desvirtuara los riesgos de fuga o los que dieron lugar a la detención preventiva, teniendo en cuenta que en la audiencia llevada a cabo y que fue motivo de la acción de libertad, no se encontraba con medida cautelar;
7. 8)En el presente caso no se solicitó cesación a la detención preventiva, porque no se llevó a cabo una "audiencia cautelar", además teniendo en cuenta que la suspensión de la audiencia para el 17 de noviembre de 2020 no se determinó expresamente que la misma sea presencial sino virtual, extremo que se encuentra aclarado por la prueba documental y el informe prestado en audiencia;
8. 9)Tomando en cuenta que la audiencia de 10 de mismo mes y año, no fue llevada a cabo por la Jueza codemandada, sino por otra en suplencia legal debido a la incapacidad, por el principio de favorabilidad correspondía en este caso atender dicha petición a la Jueza que atendió la causa y en caso de negativa respecto al derecho a la defensa pudo interponer los mecanismos intraprocesales para posteriormente en su caso poder formular la acción tutelar que corresponda, cuyos documentos de incapacidad presentados acredita más bien que en la audiencia no fue parte la Jueza de Sentencia Penal Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz;
9. 10)Estando demostrado que en el presente caso conforme a los fundamentos precedentemente descritos no corresponde conceder la tutela, porque no se halla conforme a la previsión contenida al art. 47 del CPCo para la protección de la vida si estuviese en peligro, siendo que además no se advirtió que esta ilegalmente perseguido;
10. 11)Tomando en cuenta que existiendo una acción tutelar concedida y teniendo en cuenta de que en caso de que el peticionante de tutela pretenda agilizar la audiencia, debió acudir ante la instancia constitucional para el cumplimiento de dicha sentencia; y,
11. 12)No obstante de que se halla señalado una audiencia de consideración para resolver el incidente de declinatoria, además el accionante no está indebidamente procesado o indebidamente privada de su libertad conforme a los fundamentos descritos, no se puede interponer apelación incidental contra la suspensión de una audiencia, siendo que tampoco puede ser considerada una audiencia de un día a otro día como un auto interlocutorio por más que se haya colocado vistos y existan considerandos; toda vez que, los mismos solamente dan lugar a que se dicte una mera providencia.