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TCP

0655/2026-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
15 de abril de 2026SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Sentencia 0655/2026-S2

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0655/2026-S2 Sucre, 15 de abril de 2026

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional

Expediente: 56091-2023-113-AAC Departamento: Chuquisaca

En revisión la Resolución 0084/2023 de 28 de junio, cursante de fs. 93 a 97, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Giamil Marcelo Gamboa Flores contra Omar Michel Durán y Mirtha Gaby Meneses Gómez, Consejeros del Consejo de la Magistratura.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memoriales presentados el 20 y 26 de abril de 2023, cursantes a fs. 1 y 33 a 43 vta.; y, 47 a 50 vta., el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En su condición de Juez Público Civil y Comercial Tercero de Sacaba del departamento de Cochabamba, la Unidad de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura interpuso denuncia disciplinaria en su contra, por la presunta comisión de la falta grave prevista en el art. 187.3 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), sustentada en el Auto de Vista de 11 de enero de 2021, emitido por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento, que declaró ilegal su excusa dentro de un proceso ejecutivo; no obstante, sostuvo que, desvirtuó aquello con prueba de descargo presentada; pese a ello, el Juez Disciplinario Tercero de la Oficina Departamental de Cochabamba del Consejo de la Magistratura, emitió la Resolución Disciplinaria 31 de 28 de julio de 2022, declarando probada la denuncia e imponiéndole una doble sanción de suspensión de funciones por un mes sin goce de haberes, sin valorar ni fundamentar adecuadamente la prueba de descargo; contra dicha decisión, interpuso recurso de apelación el cual fue resuelto por los Consejeros demandados mediante la Resolución TSI-AP 341/2022 de 23 de septiembre, que confirmó la sanción.

La Resolución de Segunda Instancia -a su criterio-, vulneró el debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia y defensa; y, al trabajo, al salario justo, a la familia, a la alimentación, a la salud, vivienda, acceso, servicios de agua potable, energía eléctrica y alcantarillado, por cuanto:

  1. a)Incurrió en incongruencia omisiva respecto de los agravios expuestos en apelación;
  2. b)No se respondió de manera fundamentada y motivada a los cuestionamientos relacionados con la emisión de la Resolución Disciplinaria 31 y el supuesto daño a la imagen del órgano judicial, además de encontrarse pendiente de revisión una acción de inconstitucionalidad concreta contra los arts. 350.II de la Ley "430" y 187.3 de la LOJ, vulnerando los arts. 115.II y 16.IV de la Constitución Política del Estado (CPE) y coartando la posibilidad de impugnación al Tribunal Constitucional Plurinacional respecto del ;
  3. c)Omitió pronunciarse sobre la falta de valoración de pruebas de descargo, entre ellas, el acta de inspección judicial del proceso seguido por Susana Muñoz contra Gabriela Muyurico, que acreditaría la amistad íntima con dichas personas; ni valoró la documentación que demostraría que su excusa se sustentó en la causal prevista en el art. 347.3 de la Ley 439, concordante con el art. 27.3 de la LOJ. Además de validar una sentencia disciplinaria sustentada en un supuesto daño a las partes litigantes y a la imagen del Órgano Judicial que fue denunciado; y,
  4. d)Se le impuso una segunda sanción de suspensión de funciones y una tercera sanción consistente en el impago de haberes por treinta días, pese a no encontrarse previstas en el Reglamento de Procesos Disciplinarios de la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental, vulnerando el principio non bis in ídem reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y el art. 14.7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

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