0656/2022-S1

1. a)Aduciendo una facultad fiscalizadora, los demandados aplicaron ilegalmente el art. 17.I de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-; olvidándose que constituyen un Tribunal de apelación; toda vez que, la facultad fiscalizadora se aplica a los tribunales de primera instancia, y para los de apelación se aplica el parágrafo II, es decir, "los tribunales deberán pronunciarse sólo sobre aquellos aspectos solicitados en los recursos interpuestos"; ello, en concordancia con el art. 265 del Código Procesal Civil (CPC) -Ley 439 de 19 de noviembre de 2013- que refiere: "El auto de vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieran sido objeto de apelación y fundamentación". Debe también considerarse que ante la existencia de una Ley especial, esta debe ser aplicada por preferencia a la Ley general, es el caso de la Ley 439 que debe ser aplicada antes que la Ley 025. De lo mencionado, se tiene que el Tribunal de apelación debió limitarse a los agravios apelados y no resolver otras cuestiones que no fueron reclamadas;

1. b)Al haber aplicado erróneamente la facultad fiscalizadora del art. 17.I de la Ley 025, las autoridades demandadas, no ingresaron al fondo del asunto, así como tampoco consideraron los agravios del recurso en franca omisión de sus competencias, anulando la Resolución 034/2020 bajo el supuesto inmerso en el art. 381.3.1 de la Ley 439, que señala las excepciones permitidas en el proceso ejecutivo, y que al margen de estas, otras no son reconocidas ni admitidas, además "...que las excepciones como medios de defensa deberían ser interpuestas dentro de los 10 días de notificada la sentencia inicial y que al no estar contempladas las excepción sobreviniente de pago parcial dentro del procedimiento civil esta no podía ser acogida por el juez a quo"(sic); de lo cual se tiene que tras la errónea facultad fiscalizadora, mal aplicaron el principio de preclusión, ello por encima de su derecho de justicia material, tutela judicial efectiva, justicia pronta y otros, al referir que no se podía reconocer sus pagos pues el momento para reclamar había precluído, sin tomarse en cuenta que la excepción sobreviniente de pago no se encuentra prohibida en la norma, pues el art. 128 de la Ley 439, dispone que las defensas sobrevinientes pueden oponerse en cualquier estado de la causa, aún en ejecución de sentencia; además que, un principio como el de preclusión, no puede estar jamás por encima de su derecho de justicia material y de tutela judicial efectiva; y,

1. c)La Resolución que se impugna, omitió pronunciarse sobre los argumentos de la apelación, lo que generó una incongruencia citra petita, al omitir fundamentar y motivar respecto a la aprobación de la liquidación que no fue objeto de apelación ni tuvo fundamento de agravio alguno que habilite a los demandados a anular lo resuelto en relación a la liquidación; de igual forma, se incurrió en una incongruencia ultra petita, al pasar por alto las facultades como Tribunal de apelación, y disponer de oficio la nulidad de la resolución elevada en apelación.

La impetrante de tutela, a través de su abogado, se ratificó íntegramente en los términos de la acción tutelar presentada, y ampliándola señaló lo siguiente:

1. 1)Los documentos de préstamo han sido realizados bajo el título de obligaciones solidarias, mancomunadas, indivisibles, que después que se extinguió la obligación en favor del deudor Mario Adel Molina Rodríguez, decidiendo continuar sólo en contra de su persona y de Magali Ordóñez Camacho, de tal forma, que la obligación dejó de ser solidaria y pasó a ser mancomunada, hecho que se constituye en sobreviniente;
2. 2)Debe tomarse en cuenta que el recurso de apelación, fue planteado solo contra las excepciones sobrevinientes de pago, nunca contra la liquidación que también forma parte de la Resolución 034/2020;
3. 3)El art. 17 de la Ley 025 fue mal interpretada, pues debe tomarse en cuenta que dicho artículo no solo consta de un párrafo, sino de varios, y es pues en el segundo párrafo que dispone que los tribunales de apelación deben circunscribirse solo a los aspectos solicitados en el recurso de apelación, limitando las facultades de este, esto bajo el principio tantum devolutum tantum apellatum;
4. 4)Debe tomarse en cuenta también, que en todo caso, la Ley especial (Ley 439) debe ser aplicada con preferencia a la Ley general (Ley 025);
5. 5)Las autoridades demandadas, decidieron anular la Resolución 034/2020, bajo el argumento de que no existe trámite de excepción sobreviniente, pero dentro del proceso ejecutivo, no existe una norma que prohíba las defensas sobrevinientes; es más, el art. 128.III de la Ley 439 señala que las defensas sobrevinientes fundadas y dirigidas al fondo de la causa, deberán necesariamente justificarse con prueba pre constituida y podrán oponerse en cualquier estado de la causa, incluso en ejecución de sentencia;
6. 6)A momento de anularse la Resolución 034/2020 con relación a las excepciones sobrevinientes, también se anuló todo lo referente a la liquidación "...no entendemos por qué ha sido anulada ya que ni siquiera ha sido reclamada dentro de la apelación..."(sic);
7. 7)Existió una actuación ultra petita, al verificarse cuestiones que no se encontraban dentro del recurso de apelación, pasando por alto los regímenes de nulidades previstos del art. 105 al 109 de la Ley 439, que estableció la positivación de principios como ser, de legalidad, trascendencia, convalidación y conservación;
8. 8)Con relación a la incongruencia citra petita, la misma fue exteriorizada al momento de no responder a las denuncias del recurso de apelación, además que no existió fundamentación alguna respecto a la liquidación; y,
9. 9)Debe considerarse que no es posible admitir las exigencias de extremos ritualismos y formalismos que impidan la materialización de los derechos, ello de acuerdo a la verdad material; toda vez que se debe reconocer los pagos realizados a la entonces acreedora, debiendo aplicarse el derecho material por encima del formal.

Fanny Coaquira Rodríguez, Vocal de la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; mediante informe presentado el 20 de agosto de 2021, cursante a fs. 68 y vta., sostuvo lo que a continuación se detalla:

1. i)La aplicación del art. 17.I de la Ley 439, no es una facultad privativa de los jueces de primera instancia, como refiere la peticionante de tutela, pues a través de dicha disposición legal, le es permisible a los tribunales de alzada, la revisión de oficio de las actuaciones procesales; de modo tal, que advertidos de algún vicio en el procedimiento, en mérito al principio constitucional de eficiencia de la justicia ordinaria, se encuentra facultado a tomar una decisión anulatoria; y,
2. ii)Por lo señalado, de conformidad a los numerales 3.1, 3.2 y 3.4, se expuso los fundamentos para determinar la nulidad, además de las razones por las cuales correspondía la misma, advirtiendo que el Juez a quo realizó una errónea apreciación del instituto procesal de la excepción sobreviniente.

Iván Edgar Ordoñez Quijarro, Vocal de la Sala Civil Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; mediante informe presentado el 19 de agosto de 2021, cursante de fs. 70 a 71 vta., señaló lo siguiente:

1. a)Debe considerarse de forma inicial, que el amparo constitucional no es una instancia que forme parte de las vías legales de impugnación, además que a través de esta acción, no es posible dilucidar hechos controvertidos;
2. b)La Resolución sobre la cual se planteó la presente acción cuenta con la debida motivación y fundamentación, además de haber sido expresada en forma objetiva y coherente, con la debida argumentación lógica jurídica sobre los antecedentes conocidos y pertinentes;
3. c)Los arts. 17 de la Ley 025, y 108 de la Ley 439, facultan al Tribunal de apelación a la revisión de las actuaciones procesales de oficio, esta decisión anulatoria debe darse, cuando la Ley así lo determine, o exista evidente lesión al debido proceso, cuando el vicio tenga incidencia directa en la decisión de fondo o el derecho a la defensa esté seriamente afectado;
4. d)Debe considerarse la SCP 1953/2012 de 12 de octubre, que señala que los jueces y tribunales deben aplicar e interpretar las normas procesales de la manera más favorable, buscando en lo posible la procedencia del derecho de acción, de las instancias e impugnación e incidentales;
5. e)En cuanto a la congruencia, debe tenerse presente que ningún derecho es absoluto, sino en la medida en que no afecten otros derechos; y,
6. f)Se dispuso anular la Resolución 034/2020, pues la parte ahora accionante, no opuso las excepciones dentro del plazo de los diez días, conforme dispone el art. 381.I, II y III de la Ley 439; en ese mérito, al no encontrarse contemplada la excepción sobreviniente de pago documentado parcial, ese acto no se ajustó al procedimiento de tramitación especial del proceso ejecutivo, por lo que al momento de resolver el recurso de apelación, se advirtió una errónea apreciación por parte de la autoridad judicial de primera instancia, además que la prueba presentada por la ahora impetrante de tutela, ni siquiera se basó en hechos nuevos.

Daysi Petronila Velásquez Aliaga, mediante su asistente legal, en audiencia de consideración de la presente acción tutelar, refirió lo que a continuación se detalla:

1. 1)La presente acción tutelar, debe ser declarada improcedente, pues existió acto consentido; toda vez que, el plazo para su interposición es de seis meses, siendo ese el término previsto en la norma; en el caso presente, el sello de cargo de la presente demanda constitucional es de 22 de julio de 2021, y la notificación con la Resolución que ahora se reclama, fue el 21 de enero de igual año; es decir, que hubieran transcurrido más de los seis meses, debiendo por ende denegarse la tutela;
2. 2)Con relación al principio de subsidiariedad, la presente acción debe ser recién interpuesta, cuando no exista otro recurso legal de protección inmediata de derechos; en el caso presente, la Resolución 034/2020 fue anulada por la Resolución 572/2020, y dio lugar a la emisión de la Resolución 122/2021 de 15 de abril; lo que no señaló la peticionante de tutela es que notificados con esta última determinación, interpuso recurso de apelación, misma que se encuentra en trámite;
3. 3)Debe tenerse presente, que la Sentencia inicial fue notificada a la accionante, el 31 de agosto de 2017, correspondiendo, en el plazo de diez días, interponer la excepción de pago documentado, pero no procedió de esa forma, adquiriendo dicha resolución la calidad de cosa juzgada; posterior a ello, el 26 de septiembre de 2018 realizó supuestamente un pago a cuenta de la deuda; sin embargo, ese pago no lo hizo valer sino hasta hace poco tiempo atrás; es decir, tuvo que esperar años para hacer valer una supuesta excepción de pago documentado sobreviniente cuando ya existía sentencia ejecutoriada;
4. 4)En cuanto a que fuera una defensa sobreviniente, el art. 128 de la Ley 439, dispone las defensas sobrevinientes, pero sobre hechos nuevos; y en el caso presente, no existieron tales hechos; y,
5. 5)El art. 108 de la Ley 439 refiere sobre la nulidad de segunda instancia, pudiendo el Tribunal de segunda instancia, anular obrados aún sin que exista petición de parte.

La Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz, mediante Resolución 179/2021 de 30 de agosto, cursante de fs. 86 a 91, concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 572/2020, debiendo las autoridades demandadas, emitir una nueva resolución conforme a los fundamentos expuestos en el mismo fallo; decisión que fue asumida sobre la base de los siguientes fundamentos:

1. i)Si bien, la parte impetrante de tutela no se pronunció sobre la razón por la que no se habría planteado dicha excepción en su momento; sin embargo, de acuerdo a lo manifestado por esta, se tiene que anteriormente se habría llegado a un acuerdo transaccional con uno de los codeudores el 11 de abril de 2019; y, que con relación a ella, no se llegó a concretar un acuerdo, razones por las cuales recién se habría planteado la excepción sobreviniente "...en razón que se habría cubierto una determinada cantidad de dinero..."(sic);
2. ii)La peticionante de tutela, basándose en el principio de legalidad, interpuso una excepción sobreviniente de pago, documento que no está prohibido dentro del procedimiento civil, y que además el art. 128 de la Ley 439,dispone las defensas sobrevinientes;
3. iii)Debe tomarse en cuenta que el principio de preclusión nunca estará por encima del derecho a la justicia material y de la tutela judicial;
4. iv)No es posible admitir la existencia de un extremado ritualismo o formalismo que eclipse o impida la materialización de un derecho; y,
5. v)Se advirtió la lesión al derecho a una justicia material; toda vez que, las autoridades ahora demandadas, habrían omitido considerar este aspecto, que "...va directamente contra una persona que ha cumplido con una obligación en parte y que no sea reconocida, si bien el aspecto formal es una de las características, sin embargo el material es el que sobrelleva por encima de cualquier otra postura..."(sic).

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; y para el efecto se analizarán los siguientes temas:

1. a)La motivación, fundamentación y congruencia de las resoluciones como elementos del debido proceso;
2. b)La prevalencia del derecho sustancial frente al derecho formal;
3. c)La tutela judicial efectiva como garantía constitucional; y,
4. d)Análisis del caso concreto.

1. a)Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales,
2. b)Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes,
3. c)Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto,
4. d)Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales,
5. e)Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada,
6. f)Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.

Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre4, se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre5, la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son:

1. a)El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad;
2. b)Lograr el convencimiento de las partes, que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia;
3. c)Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos;
4. d)Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y,
5. e)La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero²-6.