Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0656/2026-S2 Sucre, 15 de abril de 2026
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional
Expediente: 56124-2023-113-AAC Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 47 de 16 de mayo de 2023, cursante de fs. 110 vta. a 113 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Constancio Mamani Navía contra Roger Rider Mariaca Montenegro, entonces Fiscal Departamental de Santa Cruz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 30 de marzo y 21 de abril de 2023, cursantes de fs. 27 a 35, y 65 a 66, el accionante manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 16 de mayo de 2022 presentó querella penal ante el Ministerio Público denunciando hechos de corrupción, incumplimiento de deberes y "daño económico", cometidos por Hediberto Cuellar Cuva, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de El Torno del departamento de Santa Cruz -ahora tercero interesado-, emitiéndose Resolución Fiscal de Desestimación de 23 de mayo de 2022, por la Fiscal de Materia.
Presentó objeción ante esta arbitraria decisión, la cual sorpresivamente mereció la Resolución Fiscal Departamental RR.MM. 336/22 de 19 de agosto de 2022, emitida por Roger Rider Mariaca Montenegro, entonces Fiscal Departamental de Santa Cruz -ahora demandado-, quien ratificó la desestimación asumida obviando su labor imperativa revisora de las actuaciones de los Fiscales de Materia a su cargo, estableciendo que la querella presentada no cumplía con los requisitos de admisibilidad, lo cual no es evidente.
Asimismo, efectuó una interpretación sesgada de los hechos denunciados calificándolos como atípicos; por lo cual, no existe valoración alguna para su investigación, siendo que conforme la Constitución Política del Estado, es obligación de toda autoridad pronunciarse e investigar cualquier hecho de corrupción denunciado, y de manera incongruente con su decisorio -de desestimación de su querella-, señaló que corresponde al Ministerio Público ejercer la acción penal, evidenciándose así la parcialización y ánimo de favorecer a la autoridad denunciada. En el mismo sentido, en un "considerando" estableció que existían los elementos fácticos suficientes para que el Ministerio Público investigue la comisión de estos delitos; sin embargo, en el siguiente "considerando", dio una lección doctrinaria escueta de la teoría del delito para poder explicar la supuesta atipicidad de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
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