Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0657/2019-S2 Sucre, 7 de agosto de 2019
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de amparo constitucional
Expediente: 28059-2019-57-AAC Departamento: Tarija
En revisión la Resolución 007/2019 de 15 de marzo, de fs. 266 a 275, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Carlos Alberto Aguilar Méndez contra Jorge Alejandro Vargas Villagómez y Blanca Carolina Chamón Calvimontes, Vocales de las Salas Penales Primera y Segunda, respectivamente, del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 24 y 31 de enero de 2019, cursantes de fs. 142 a 151 vta.; y, 159 a 167 vta., respectivamente, el accionante manifestó que:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra y otros, por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, uso debido de influencias, negociaciones incompatibles con el cargo, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado, el 16 de julio de 2017, planteó la excepción de prescripción de la acción penal, porque los hechos atribuidos a su persona datan del 8 de diciembre de 2006; y en consideración, a que los ilícitos, como son: incumplimiento de deberes que tiene una pena de reclusión de un mes a un año; uso indebido de influencias de dos a ocho años; contratos lesivos al Estado de uno a cinco años; y, de conducta antieconómica de uno a seis años, desde la comisión de los presuntos hechos a la fecha, han transcurrido más de diez años, encontrándose prescritos; puesto que, al haber sido supuestamente cometidos el año 2006, antes de la vigencia de la actual Constitución, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, no es aplicable la retroactividad prevista por el art. 112 de la Constitución Política del Estado (CPE); más aún, cuando dentro del referido proceso penal, no existe daño económico alguno al Estado; empero, no obstante de ello, el Juez de la causa, emitió el Auto Interlocutorio 447/2017 de 31 de octubre, sin motivación ni fundamentación, declarando infundada la excepción de extinción de la acción penal por prescripción, efectuando únicamente una relación de sucesos y citas legales, sin concebir el alcance de la interpretación de conforme principios relativos a los derechos y garantías como son, la irretroactividad de la ley, principio de legalidad y derecho a la igualdad jurídica. Contra esa decisión judicial, el 17 de octubre del mismo año, interpuso recurso de apelación incidental argumentando las arbitrariedades en que incurrió el inferior; sin embargo, los Vocales ahora demandados, dictaron el Auto de Vista 71/2018 de 10 de julio, declarando sin lugar el recurso y confirmando la Resolución apelada, limitándose a:
- a)Describir el y la , que fundamenta los requisitos a fin de la improcedencia de la prescripción;
- b)Trascribir el art. 112 de la CPE;
- c)Indicar que no se afectó el principio de favorabilidad e irretroactividad por el simple razonamiento, ya que desde el año 1979 ya existía el mandato de imprescriptibilidad; y,
- d)Concluir de manera arbitraria y sin sustento jurídico alguno, que no se vulneró ningún derecho ni principio, emitiendo una Resolución carente de motivación, fundamentación, y sin realizar un análisis íntegro de todos los puntos demandados en el recurso de apelación incidental; pretendiendo sancionar hechos ocurridos el año 2006, donde no existe daño económico al Estado; toda vez, que el proyecto "Construcción Riego Calderas", a la fecha se encuentra concluido y en pleno funcionamiento, más aun tomando en cuenta que respecto a los hechos atribuidos, existe informe pericial concluyendo que su participación no es reprochable penalmente, porque no existe infracción alguna; extremo sobre los cuales tampoco se pronunciaron las referidas autoridades.
Los Vocales demandados, no explicaron de qué manera concurren los presupuestos del art. 112 de la CPE, referidos a atentar contra el patrimonio del Estado y causar grave daño económico, para la aplicabilidad de dicho precepto constitucional; es decir, que no efectuaron una correcta interpretación de esas normas constitucionales, por cuanto la labor interpretativa de los Vocales fue insuficientemente motivada, al no realizar una valoración de los medios probatorios, por lo que, debido a la arbitraria emisión del Auto de Vista impugnado, los demandados conculcaron el derecho al debido proceso, por afectación de sus elementos fundamentación y motivación; además, de valoración integral de la prueba, transgrediendo también la garantía de la legalidad e irretroactividad de la ley, y aplicación del derecho a la favorabilidad, como el principio de seguridad jurídica, que tiene todo ciudadano dentro de un Estado de derecho.
Debido al accionar asumido por los demandados, al momento de la emisión del Auto de Vista impugnado, como nexo de causalidad entre la ausencia de motivación y arbitrariedad asumida, se tiene que los mismos, transgredieron el derecho al debido proceso en sus componentes motivación, fundamentación y ausencia de valoración de la prueba, lo que demuestra no tuvieron una actuación imparcial, menos objetiva, habiendo existido apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad, al adoptar una conducta omisiva al no compulsar la prueba; lo cual, impele a la jurisdicción constitucional ante tal arbitrariedad, ingrese a verificar que las autoridades demandadas, se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad, omitieron de manera arbitraria la consideración de la prueba y basaron su decisorio en una prueba inexistente; omisiones que motivan, la interposición de la presente acción de defensa, citando respecto a los derechos y garantías vulneradas, jurisprudencia constitucional, solicitando que al momento de resolverla; se tome en cuenta, los argumentos descritos en la -2 de 28 de febrero, referente a la aplicación del estándar jurisprudencial más alto, referido a que es posible la protección de los principios constitucionales, cuando existe vinculación con un derecho fundamental o garantía constitucional ().
I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados
El accionante alega la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración integral de la prueba presentada, la garantía de la legalidad e irretroactividad de la ley y aplicación del derecho a la favorabilidad y seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 8, 9, 13, 14, 24, 112, 115, 117, 128, 129, 178, 180 y 410 de la CPE; 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 7, 8, y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).
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