0658/2019-S1

En etapa de ejecución de sentencia del proceso coactivo que siguió Nancy Lines Peñaranda contra Íver Antonio Salvatierra Pérez, tramitado ante la Jueza Pública Civil y Comercial Octava del departamento de Santa Cruz, presentó tercería de dominio excluyente del bien inmueble inscrito bajo matrícula computarizada 7.01.1.06.0005117, a cuyo efecto la referida autoridad jurisdiccional dispuso que deposite la fianza prevista en el art. 360.II del "CPC", porcentaje que según el Código de Procedimiento Civil abrogado (CPCabrog), era del 5% del monto total de $us103 483 (ciento tres mil cuatrocientos ochenta y tres dólares americanos) equivalente a $us5 174 15 (cinco mil ciento setenta y cuatro dólares americanos); empero, el Secretario del juzgado, elaboró el formulario de depósito por el 20% equivalente a $us20 696 06 (veinte mil seiscientos noventa y seis 06/100 dólares americanos), monto que fue depositado para la tramitación de la referida tercería, que luego fue declarada improbada, confirmando su rechazo en grado de apelación. Sostiene que, se habría lesionado su derecho a la propiedad privada, al disponer -por Auto complementario de 27 de octubre de 2016- la ejecución del total de la fianza en favor del tesoro judicial aplicando el Código Procesal Civil (CPC) que no estaba vigente en aquella fecha, en franco desconocimiento del art. 360.II del CPCabrog, que dispone que, la fianza a ser depositada para la tercería de dominio excluyente es del 5% del valor del bien en remate, único porcentaje que debía ser consolidado en favor del referido tesoro judicial, motivo por el cual, solicitó ante la Jueza de primera instancia, se le restituya el 15% del monto depositado, petición que previa contestación, fue denegada mediante Resolución 145/2018 de 6 de marzo, y en grado de apelación, fue confirmada por Auto de Vista 235/2018 bis de 18 de julio, emitido por los Vocales ahora demandados, consolidando en favor del Estado, una suma más allá de la permitida por ley, constituyendo se en una apropiación indebida de sus recursos. I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados La impetrante de tutela considera como lesionados, sus derechos al debido proceso, a la propiedad privada, y a los principios de seguridad jurídica y legalidad, citando al efecto los arts. 56, 115, 178 y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE). I.1.3. Petitorio Solicitó se conceda la tutela disponiendo:

1. a)La nulidad del Auto complementario de 27 de octubre de 2016, la Resolución 145/2018 de 6 de marzo, Auto de vista 235/2018 bis de 18 de julio;
2. b)La nulidad del "Depósito Judicial Nº 0009270 con Serie A-OJ/CDJ/2016 de 21 de septiembre de 2018" (sic); y,
3. c)Se emita un nuevo auto complementario -se entenderá por la Jueza de primera instancia- que disponga la retención del 5% del depósito en favor del Tesoro Judicial, conforme al art. 360.II y III del CPCabrog., debiéndosele restituir la suma de $us15 522 45 (quince mil quinientos veintidós 45/100 dólares americanos). I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías Celebrada la audiencia pública el 4 de febrero de 2019, según se tiene del acta cursante de fs. 195 a 196, se produjeron los siguientes actuados: I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción La accionante, por intermedio de su abogada, ratificó la acción tutelar planteada y ampliando su argumentación señaló:
4. 1)Los arts. 359 y siguientes del CPC, no establecen que el depósito del 20% deba consolidarse en favor del Estado, contrario al CPCabrog., que disponía que en caso de declararse improbada la tercería de dominio excluyente, el depósito del 5% se consolidaba en favor del tesoro judicial;
5. 2)La Jueza demandada, no observó que el depósito realizado fue del 20% del monto total, aplicando el CPC, cuando solo debió exigir el depósito del 5% porque se trataba de un proceso que debía concluir con el CPCabrog, motivo por el cual, en el peor de los casos y al haberse declarado improbada la tercería, se debió retener el 5% en favor del tesoro judicial, restituyendo el restante 15% a la ahora peticionante de tutela;
6. 3)Los vocales demandados, al no haber enmendado y corregido estos defectos, lesionaron el derecho a la propiedad privada; así como el debido proceso en su vertiente de seguridad jurídica y legalidad, al no otorgar certeza de la aplicación de la ley procesal civil vigente o la abrogada; y,
7. 4)La Jueza de instancia, vulneró las obligaciones y deberes de los jueces, previstos en los arts. 3, 5 y 87 del CPCabrog.; por lo que reiteró, se conceda la tutela. I.2.2. Informe de las autoridades demandadas