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TCP

0658/2026-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
27 de abril de 2026SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 0658/2026-S3

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0658/2026-S3 Sucre, 27 de abril de 2026

SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad

Expediente: 54351-2023-109-AL Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 05/2023 de 18 de marzo, cursante de fs. 130 a 136 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad presentada por Pedro Francisco Callisaya Aro, Defensor del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia, en representación sin mandato de Julio César Apaza Tintaya contra Sergio Natalio Sillerico Blatnik, Director del Centro Penitenciario "San Pedro de Chonchocoro de La Paz".

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 17 de marzo de 2023, cursante a fs. 1; y, 14 a 20 vta., el accionante a través de su representante sin mandato, expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de otros estragos y otros, se dispuso la detención preventiva en el Centro Penitenciario "San Pedro de Chonchocoro de La Paz".

El 15 de febrero de 2023, fue trasladado de urgencia al Hospital de Clínicas con diagnóstico probable de accidente cerebro vascular en tronco encefálico, situación que no fue puesta a conocimiento del Juez de Instrucción Penal, ni del Juez de Ejecución Penal -primer hecho contrario al art 94 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS), Ley 2298 de 20 de diciembre de 2001-; el 15 de marzo del mismo año, la junta médica decidió darle el alta médica, disponiendo un tratamiento farmacológico, atención médica y psicológica; en ese sentido, el Director del Centro Penitenciario señalado, de forma mecánica y no fundamentada, directamente, dispuso que su persona retorne al mismo recinto, sin establecer ni cerciorarse de que éste cumpla con los requerimientos para que se restablezca su salud, ni comunicó su informe a la autoridad jurisdiccional ni a su persona, acto que puso en peligro su vida.

De acuerdo a los arts. 59 y 94 LEPS y el protocolo de traslado, conducción y custodio de privados de libertad, aprobado por la Dirección General de Régimen Penitenciario mediante Resolución Administrativa (RA) 002/2020 de 27 de enero, el Director del establecimiento penitenciario, con el alta médica no hospitalaria, debe informar al juez de forma fundamentada, y notificar al interno; debido a que, debe evaluar si los requerimientos del privado de libertad pueden ser cubiertos por el recinto; así mismo, de considerarse si el centro penitenciario cuenta con la medicación, controles médicos, psicológicos dispuestos; al efecto, previo al retorno, debe garantizarse la existencia permanente de los requerimientos del privado de libertad, lo contrario, implicaba poner en riesgo la salud y por ende la vida.

No se tomó en cuenta que, no recibió alta médica sino hospitalaria, siendo cuestionable su retorno al Centro Penitenciario mencionado anteriormente, cuando aún requería tratamiento médico; por lo que, el Director demandado debió emitir informe fundamentado que demuestre que sus requerimientos médicos podían ser cubiertos en el recinto, informe que debió ponerse a su conocimiento y al de la autoridad jurisdiccional; por lo que, al no ocurrir lo anterior, el Juez de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz ordenó al demandado que en el día informe sobre la situación del accionante; lo cual, acreditó que el Juez de la causa no tuvo conocimiento de su paradero, situación que mermó el control de sus derechos, así como su defensa.

El último actuado en el juzgado en el que se tramita su casusa data de 30 de diciembre de 2022; es decir, el demandado no informó a las autoridades judiciales su retorno al recinto, hecho que demuestra que el Director del centro penitenciario no cumplió con sus propios protocolos. En ese sentido al no emitirse informe fundamentado que evalúe la necesidad de trasladarle nuevamente al Recinto Penitenciario sin considerar si los requerimientos médicos pueden ser atendidos plenamente por el referido centro, puso en riesgo su vida y salud.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados Denunció la lesión de sus derechos a la vida, salud, dignidad e integridad personal, citando al efecto los arts. 15.I, 73.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 4.1, 5.1, 5.2 y 5.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio Solicitó se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia se disponga:

  1. a)El demandado emita un informe que, evalúe si el Centro Penitenciario "San Pedro de Chonchocoro" de La Paz, cumplía con los estándares interamericanos y sus requerimientos de atención médica integral; y,
  2. b)Como garantía de no repetición, establezca programas de capacitación sobre las obligaciones estatales respecto a personas privadas de libertad,
  3. c)Que el Régimen Penitenciario evalúe su protocolo de traslado, conducción y custodio de privados de libertad, al contener previsiones contrarias a los estándares interamericanos; y
  4. d)Informe cada tres meses al Tribunal de garantías, respecto a las medidas adoptadas.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías Celebrada la audiencia virtual el 18 de marzo de 2023, según consta en acta cursante de fs. 126 a 129, se produjeron los siguientes actuados:

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