Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0659/2026-S2 Sucre, 15 de abril de 2026
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional
Expediente: 56218-2023-113-AAC Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 67 de 27 de abril de 2023, cursante de fs. 284 a 286 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Nilsin Verónica Rodríguez Pérez contra Freddy Pérez Chavarría, José Ernesto Aponte Ribera, Vocales; y, Efraín Cruz Limachi, ex Vocal todos de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, Jeannine Fernández Melgar, Jueza Pública Civil y Comercial Novena de la Capital del mismo departamento.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 4 y 14 de abril de 2023, cursantes de fs. 124 a 136; y, 144 a 147, la accionante manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Se inició un proceso ejecutivo seguido por la empresa UAP Latin América Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) -tercero interesado- en su contra, por el cobro de $us35 000.- (treinta y cinco mil dólares estadounidenses), cuya base fueron las letras de cambio con fecha de pago de 27 de enero de 2012, por los montos de $us30 000.- (treinta mil dólares estadounidenses) y $us5 000.- (cinco mil dólares estadounidenses) -respectivamente-. En la primera, firmó como avalista, sin embargo, el Protesto 10/2012 de 30 de enero "...adolece del protesto a [su] persona, tal como consta en los datos de dicho acto notarial" (sic); y, en la segunda, sólo firmó Eugenio Mariscal Arteaga -ahora tercero interesado-.
En ese contexto se emitió la Sentencia 63/2012 de 5 de julio, por la cual, el entonces Juez de Partido Civil y Comercial Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, declaró probada la demanda ejecutiva, ordenando la cancelación de la suma indicada; por esta razón, en ejecución de fallos, interpuso incidentes de falsedad ideológica, nulidad de notificación y de oposición al desapoderamiento, que fueron rechazados por Jeannine Fernández Melgar, Jueza Pública Civil y Comercial Novena de la Capital del departamento de Santa Cruz -hoy codemandada- por Autos Interlocutorios todos de 1 de junio de 2022 "fs. 392 y vlta.", "393 y vlta." y "394 y vlta." En consecuencia, presentó recursos de apelación contra los referidos Autos Interlocutorios, ante lo cual, por Auto de Vista 319 de 18 de noviembre de 2022, Freddy Pérez Chavarría, Vocal; y, Efraín Cruz Limachi, ex Vocal, ambos de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -hoy demandados-, confirmaron las referidas Resoluciones de primera instancia sin la debida motivación, fundamentación y congruencia, con una perspectiva formalista, ya que:
- a)Omitieron considerar sus agravios relativos al primer Auto Interlocutorio de 1 de junio de 2022 "fs. 392 y vlta.", en los que refiere que el documento base de la ejecución es falso y que la segunda letra de cambio carece de aval;
- b)No se pronunciaron sobre los agravios concernientes al segundo Auto Interlocutorio de igual fecha "fs. 393 y vlta.", en los que cuestionó la validez de la notificación -no especifica con qué acto- en tablero judicial, ya que señaló que debía ser notificada mediante WhatsApp y la notificación se realizó cuando el expediente se encontraba "en despacho"; y,
- c)Obviaron tomar en cuenta los argumentos de su recurso de apelación contra el tercer Auto Interlocutorio de la misma data "fs. 394 y vlta." y no expresaron la norma jurídica que sustenta su decisión.
Como producto de dichos "actos ilegales", por providencia de 7 de marzo de 2023, la Jueza codemandada dispuso la expedición de mandamiento de desapoderamiento, emitiendo el mismo el 10 de igual mes y año, sin verificar que está siendo sancionada con base en una letra de cambio que no firmó y cuya deuda no es suya, ni cumplir los requisitos formales previstos en el art. 427 del Código Procesal Civil (CPC).
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
Denunció la lesión de sus derechos a la vivienda, a la defensa; y, de las garantías de justicia material y del debido proceso en sus elementos motivación, fundamentación y congruencia, citando al efecto los arts. 19.I, 115, 117, 119 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
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