Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0660/2019-S2 Sucre, 7 de agosto de 2019
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de amparo constitucional
Expediente: 28051-2019-57-AAC Departamento: Potosí
En revisión la Resolución 003/2019 de 13 de marzo, cursante de fs. 384 vta. a 393 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Franz Gonzalo Mario Soliz Medrano, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí contra Omar Michel Duran y Dolka Vanessa Gómez Espada, Consejeros del Consejo de la Magistratura; y, Javier Renzo Montecinos Valda, Juez Disciplinario Segundo de la Oficina Departamental del Consejo de la Magistratura de Potosí.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Mediante memoriales presentados el 28 de febrero y 11 de marzo de 2019, cursantes de fs. 135 a 144 y 147 a 149, respectivamente, el accionante expresa los siguientes argumentos:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
En el proceso disciplinario 34/2017, seguido en su contra a denuncia del Profesional de Transparencia Institucional de la Oficina Departamental de Potosí del Consejo de la Magistratura, se dictó la Resolución Administrativa Disciplinaria 38/2017 de 24 de octubre, que declaró probada la denuncia por la comisión de la falta disciplinaria tipificada en el art. 187.3 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), imponiéndole la sanción de suspensión del ejercicio de funciones por un mes, sin goce de haberes; además de establecer la existencia de indicios de responsabilidad, por los cuales se determinó remitir antecedentes al Encargado Departamental de Control y Fiscalización de la misma Oficina Departamental.
En estas circunstancias, dedujo recurso de apelación y objetó "...la inexistencia de valoración de la prueba de descargo..." (sic) y la aplicación mecánica de las reglas del procedimiento en aras de un proceso justo conforme a la , pese a lo cual el Tribunal de segunda instancia emitió la Resolución SP-AP 128/2018 de 27 de julio, refiriendo en cuanto al segundo, tercer y quinto agravio "...relacionados a la inobservancia de compulsa de pruebas la jurisdicción disciplinaria no tiene competencia para determinar si la disposición de una autoridad de la jurisdicción ordinaria fue emitida sin hacer una correcta valoración de la prueba o interpretación de la norma adjetiva..." (sic), aspecto que atenta contra las ; y, 0144/2012 de 14 de mayo y la ; toda vez que, la Sala Disciplinaria del Consejo de la Magistratura, confirmó totalmente la Resolución de primera instancia, solicitando a su vez aclaración y explicación, resuelta mediante Auto de 11 de octubre de 2018, desestimando su pedido por considerar que el último fallo no contenía expresiones erróneas, dudosas y obscuras; disponiendo finalmente, mediante Auto de 18 de enero de 2019, declarar firme la Resolución Administrativa Disciplinaria 38/2017 de 24 de octubre, notificándole su ejecución el 31 de enero de 2019, a través del Memorando RRHH 055/2019, que dispone la suspensión de sus funciones por un mes, sin goce de haberes, a partir de 1 al 30 de marzo de ese año; indicando por ello que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso y menos sometido a una decisión que se aparta de los marcos de razonabilidad, equidad e incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico.
Añade que, ambas Resoluciones, arguyeron como único elemento de convicción formal, el Auto emitido el 13 de noviembre de 2015, que consideró ilegal la excusa formulada por su persona, Resolución que omitió valorar la ampulosa prueba de descargo presentada sobre la enemistad y amistad, con las partes en el proceso judicial, en el que se dio dicha excusa.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
El accionante alega la lesión de su derecho al debido proceso en sus vertientes de derecho a la fundamentación y motivación, a la defensa y los principios de verdad material y seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 9.4, 14.IV, 108.I y II, 109.I, 110.I y II, 115.II, 117.I, 128, 129, 178.I, 180.I y 203 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).
I.1.3. Petitorio
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