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TCP

0660/2026-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
15 de abril de 2026SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Sentencia 0660/2026-S2

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0660/2026-S2 Sucre, 15 de abril de 2026

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional

Expediente: 56221-2023-113-AAC Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 65/2023 de 16 de marzo, cursante de fs. 573 a 575 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por María Sánchez Jove contra Yhanet Cadena Mamani, Presidenta; Ernesto Paco Nina, Vicepresidente; Apolinar Baltazar Guarachi, Secretario; Fernando Condori Chambi, Vocal I; Arturo Deheza García, Vocal II; Víctor Hugo Castro Castro; Mario Silva Coya; Lino Mamani Quispe; Reyna Andrea Echeverría Averanga; Roberto Cucho Tapia; Luis Ramos Espejo; Germán Alejandro Gutiérrez García; Virginia Monasterios Chui; Luis Surco Cañasaca; Rigoberto Ramos Surco; Ana Aliaga Copa; Ricardo Fernando Céspedes Chávez; Alex Giobani Arteaga Mamani; Samanta Concepción Coronado Ramírez; Teófilo Capajeiqui Challco; Elio Gonzalo Ascencio Callizaya; Silveria Choque Huanca; Clementina Quispe Usnayo; Lorena Beyuma Navi; Javier Soto Fernández; Wilfredo Chinche Quispe; Aurelio Machicado Coaquira; Angelino Limachi Tórrez; Heriberto Flores Yujra; Genaro Sillerico Huanca; Raúl Edwin Poma; Janet Rodríguez Valencia; Rosmeri Bernal Mamani; Walter Pinto Mollinedo; Maribel Irene Chipana Pacoricona; Ana María Salgado Tapia; Israel Ángel Alanoca Chávez; Silver Antony Martínez Callizaya; Heriberto Maza Semo; Chanito Matahua Huari; Enrique Huaqui Muni; Ramiro Elio Churata Mamani; María Esther Góngora Miranda; Leopoldo Richard Chui Torrez y Aida Quispe Calle, todos miembros de la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 4 y 30 de enero de 2023, cursante de fs. 41 a 57 y 225 a 234, la accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Desde hace más de cuarenta años, tiene constituida su vivienda en el inmueble ubicado en la av. 6 de agosto y Mapiri, zona Tres del municipio de Guanay del departamento de La Paz de propiedad del Gobierno Autónomo Departamental (GAD) del indicado departamento; en ese sentido, amparada en el art. 15 de la Ley de Regularización del Derecho Propietario sobre Bienes Inmuebles Urbanos Destinados a Vivienda -Ley 247 de 5 de junio de 2012-, el 13 de abril de 2016, solicitó a la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz, la enajenación a título oneroso de ese inmueble, adjuntando todos los requisitos necesarios; posteriormente, el 9 y 10 de noviembre del mismo año, Oscar Martínez Orihuela y Viviana Escobar Ferrufino se apersonaron ante el indicado ente legislativo, acreditando su condición de apoderados de su persona, adjuntando la fotocopia legalizada del Testimonio -de poder notarial- 319/2015 de 5 de diciembre.

El 11 de febrero de 2017, sin que previamente sea notificada, se presentaron en su domicilio asambleístas de la referida Asamblea Legislativa para realizar una inspección ocular al inmueble señalado; por su parte, en reiteradas oportunidades reclamó la falta de pronunciamiento a su solicitud de enajenación a través de las notas presentadas el 24 de marzo de 2017 con Hoja de Ruta (HR) 2/9297, 22 de noviembre del mismo año HR 3/6029, 22 de febrero de 2018 HR 3/7983, 18 de junio de igual año HR 5/0049, 20 de marzo de 2019, HR 4/9058, 15 de abril de ese año, HR 4/9989, 8 de octubre también de 2019, HR 5/3989; sin embargo, no obtuvo respuesta alguna.

El 21 de junio de 2021, Oscar Martínez Orihuela -su apoderado- recogió fotocopias de la carpeta correspondiente a su trámite de enajenación, documentación entre la que se encontraba la Resolución 207/2018-2019 de 7 de mayo de 2019, pronunciada por la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz, declarando inviable su solicitud de enajenación; por lo que, el 26 de julio de 2021, el nombrado, dándose por notificado con dicha Resolución, presentó recurso de revocatoria, el cual, fue respondido mediante la Nota Cite: ALDLP UGJ/EXT 197/2021-2022 de 2 de agosto de 2021; a través del cual, Luis Surco Cañasaca, entonces Presidente de aludido ente legislativo le remitió el Informe Cite: ALDLP-UGJ/16/2021-2022 de 2 de agosto de 2021, que rechazó la referida impugnación por carecer de interés legal; en ese sentido, el 12 del citado mes y año, pidió la revisión de los antecedentes para verificar su apersonamiento al proceso administrativo y en definitiva la resolución de la señalada impugnación, pero nuevamente fue negada su pretensión a través de la Nota Cite: ALDLP/UGJ/EXT 235/2021-2022 de 20 de agosto de 2021, determinando que su apoderado no tenía facultades para apersonarse a ese ente legislativo.

Ante esas circunstancias, considerando que el indicado ente legislativo no reconoció el apersonamiento de su apoderado, el 8 de marzo de 2022, solicitó notificación expresa y personal con la Resolución 207/2018-2019; no obstante, por Nota Cite: ADLP/UGJ 090/2021-2022 de 22 de marzo de 2022, su petición fue rechazada; alegando que, dicha documentación fue entregada el 21 de julio de 2021, a Oscar Martínez Orihuela -su apoderado-.

Posteriormente, el 2 de junio de 2022, en atención a su solicitud de 22 de marzo del mismo año, recibió personalmente la Resolución 207/2018-2019; por lo que, el 3 de ese mes y año, interpuso recurso de revocatoria contra dicho fallo; el cual, no fue resuelto; en ese sentido, en aplicación del silencio administrativo negativo, consideró rechazada su impugnación y agotada la vía administrativa; vulnerándose de esa forma sus derechos a recibir una respuesta motivada y fundamentada y al acceso a la justicia.

La Resolución 207/2018-2019, carece de motivación y fundamentación, porque resolvió sin justificación alguna, que su solicitud de enajenación era inviable en esa instancia legislativa, porque debió plantearse ante un juez civil y que la disposición de bienes de dominio público está sujeto al Decreto Supremo (DS) 0181 de 28 de junio de 2009 -Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS)-; sin considerar en este último caso, que esa norma no puede estar por encima de la Ley 247; además, no contiene la valoración de los elementos probatorios que acompañó para acreditar su pretensión.

Asimismo, carece de congruencia interna, porque habiendo declarado la incompetencia de la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz para conocer su petición de enajenación, determinó que correspondía la aplicación del DS 0181; además, porque no existe coincidencia entre la premisa fáctica y la premisa normativa; en razón a que, establece que ocupa el referido inmueble en calidad de cuidadora, sin sustento en prueba alguna y omitiendo considerar que posee dicho predio por más de cuarenta años.

La Asamblea Departamental de La Paz, incurrió en una dilación indebida al prolongar exageradamente la duración de su trámite y al rechazarlo lesionó su derecho a la propiedad privada, a la vivienda y al hábitat, porque pretende adquirir un bien público deshabitado para emplearlo como vivienda.

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados

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