0661/2019-S1

Expediente: 27868-2019-56-AAC Departamento: Beni En revisión la Resolución 01/2019 de 25 de febrero, cursante de fs. 487 a 489 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Erick Silver Cuellar Gilmet contra Esteban Miranda Terán y María Cristina Díaz Sosa, Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia. I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA I.1. Contenido de la demanda Mediante memoriales presentados el 4 y 18 de enero de 2019, cursantes de fs. 392 a 396 vta.; y, 400 a 401 vta., el accionante, expresó lo siguiente: I.1.1. Hechos que motivan la acción Desde marzo de 2011 -durante varios semestres- prestó sus servicios como docente de diferentes asignaturas -no refirió cuales- en la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivian"; empero, el 19 de marzo de 2014 de manera verbal se le comunicó su desvinculación laboral de dicha casa de estudios superiores -no señaló los motivos-; en consecuencia, acudió ante la Jefatura Regional de Trabajo de Riberalta, instancia en la cual se emitió la Conminatoria 06/2014 de 16 de junio, que dispuso su reincorporación inmediata; sin embargo, ante la negativa de cumplimiento de dicha Conminatoria por parte de la aludida Universidad, interpuso acción de amparo constitucional, mereciendo la Resolución 017/2014 de 2 de julio -emitida por el Tribunal de garantías- por la cual fue reincorporado al habérsele concedido la tutela impetrada. Posteriormente, el 10 de agosto de 2015, mediante Memorándum 260/15 de 24 de julio del referido año, emitido por el Rector de la citada Universidad se le comunicó que su relación laboral habría concluido, debido a que la SCP 0209/2015-S2 de 25 de febrero, resolvió revocar la Resolución 017/2014, denegándose la tutela solicitada respecto a su reincorporación laboral; en tales circunstancias, el 20 de agosto de 2015 en la vía ordinaria presentó demanda de reincorporación contra la referida casa de estudios superiores, misma que a momento de responder la demanda interpuso excepción de cosa juzgada haciendo referencia a la existencia de la mencionada Sentencia Constitucional Plurinacional que hubiese resuelto el fondo de la problemática planteada -reincorporación y salarios devengados-. A través de la Sentencia 49/2016 de 19 de mayo, la entonces Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social Primera de Riberalta del departamento de Beni, declaró improbada la demanda y probada la excepción de cosa juzgada, argumentando que:

1. a)Los fundamentos de la SCP 0209/2015-S2 que analizó el fondo de la problemática, son vinculantes y de aplicación obligatoria, conforme lo establecido en los arts. 15 del Código Procesal Constitucional (CPCo) y 8 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP);
2. b)La SCP 1239/2014 de 16 de junio determinó la improcedencia de nuevas demandas cuando se ha emitido una resolución constitucional respecto a un tema concreto; asimismo, la SCP 1787/2014 de 19 de septiembre en su parte pertinente establece que la vinculatoriedad de la jurisprudencia constitucional está sujeta a la regla de la analogía; y,
3. c)La excepción de cosa juzgada trata de evitar dos sentencias contradictorias fundadas en la misma acción, debiendo coincidir el sujeto, objeto y causa; teniéndose de la revisión de la demanda que se trata de las mismas partes y asunto este último que fue analizado y resuelto en el fondo por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Planteado el recurso de apelación contra la Sentencia señalada ut supra, mediante Auto de Vista 06/2017 de 17 de enero, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, confirmó la Sentencia 49/2016 señalando que la SCP 0209/2015-S2 hizo un análisis de fondo sobre la causa dentro de la razonabilidad y sobre el análisis de la misma, la Jueza a quo realizó una correcta valoración a momento de emitir la referida Sentencia. Interpuesto el recurso de casación en el fondo por inexistencia de cosa juzgada, errónea e indebida aplicación de la ley, los Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia -ahora demandados- por Auto Supremo 258 de 18 de junio de 2018 declararon infundado el recurso fundamentando que:
4. 1)La pretensión del actor fue dilucidada en la SCP 0209/2015-S2 que estableció que no corresponde la reincorporación; por lo que, dio curso a la excepción de cosa juzgada, más aún con una determinación constitucional que tiene carácter vinculante y es de cumplimiento obligatorio conforme lo establecido por los arts. 203 de la Constitución Política del Estado (CPE), 8 de la LTCP y 15 del CPCo; y,
5. 2)El actor no consideró necesario acudir a la vía ordinaria debido a que su pretensión estaba determinada con la Resolución 017/2014 -emitida por el Tribunal de garantías-; sin embargo, emitida la SCP 0209/2015-S2 siendo contraria a su pretensión planteó la demanda de reincorporación; en consecuencia, no se puede alegar que la causa de la acción tutelar es distinta de la demanda laboral. Con la emisión del Auto Supremo 258, las autoridades demandadas vulneraron sus derechos debido a que:
6. i)Existe una errónea interpretación en la labor de los Magistrados demandados, al despojarlo de la posibilidad de garantizar la efectividad del cumplimiento de su derecho laboral reclamado, siendo dicho Auto Supremo desproporcional e irrazonable y no se ajusta a la interpretación gramatical sustentando su decisión en cosa juzgada que no existía, más aun al no tomarse en cuenta que la identidad de la causa determinada para la cosa juzgada debe ser en la misma vía y proceso; y,
7. ii)Existe desconocimiento de la normativa debido a que para la interposición de la excepción de cosa juzgada se debió adjuntar testimonio de un proceso laboral ejecutoriado conforme el art. 135 del Código Procesal del Trabajo (CPT). I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados El impetrante de tutela denunció la lesión de sus derechos a la tutela judicial efectiva o acceso a la justicia y al debido proceso en su elemento aplicación objetiva de la ley, citando al efecto los arts. 115 de la CPE, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. I.1.3. Petitorio Solicitó se conceda la tutela, restituyéndose sus derechos vulnerados, dejando sin efecto el Auto Supremo 258 debiendo dictarse nueva Resolución que recoja los fundamentos de la acción de amparo constitucional, y, se determine la reparación de costas procesales. I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías Celebrada la audiencia pública el "26" -siendo lo correcto 25- de febrero de 2019, según consta en el acta cursante a fs. 486 y vta., se produjeron los siguientes actuados: I.2.1. Ratificación de la acción El peticionante de tutela a través de su abogado, ratificó la acción de amparo constitucional interpuesta. I.2.2. Informe de las autoridades demandadas Esteban Miranda Terán y María Cristina Díaz Sosa, Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, presentaron informe escrito de 11 de febrero de 2019 cursante de fs. 416 a 420, expresando lo siguiente: a) Los requisitos de contenido de la acción de amparo constitucional no fueron cumplidos pese a la observación efectuada por el Auto de 8 de enero de 2019, pues el accionante se limitó a efectuar una explicación doctrinal y conceptual de sus derechos, sin establecerse concretamente el hecho que generó la vulneración de los derechos invocados, el cual debe ser preciso y congruente, siendo inexistente la relación de causalidad; b) La acción de amparo constitucional no se constituye en una tercera instancia de impugnación, menos en una instancia revisora de fallos de la jurisdicción ordinaria; sin embargo, si bien existe una excepción a la regla permitiéndose realizar una revisión de la actividad jurisdiccional -legalidad ordinaria- es preciso que concurran requisitos para ello, lo que no ocurrió en el caso concreto; c) El impetrante de tutela señaló que se le hubiese despojado de su derecho a la tutela judicial efectiva o acceso a la justicia; empero, no argumentó como se le hubiese impedido ejercer dicho derecho, limitándose a referir que hubo una errónea interpretación gramatical, sin indicar que normativa se interpretó erróneamente; de modo que, se debe tener presente que se dio curso a la tramitación de su demanda conforme corresponde a derecho, haciéndo uso de los mecanismos procesales que la ley le otorga ante la disconformidad de la decisión asumida, llegando a un instancia casacional; por lo que no se restringió la facultad del accionante, además, el hecho que no se de curso a su solicitud no representa que exista vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva, más aun si las decisiones asumidas fueron debidamente motivadas y fundamentadas en un marco jurídico que respalda su posición asumida; y,
8. d)No existió vulneración del derecho al debido proceso en su elemento a la aplicación objetiva del ordenamiento jurídico, debido a que se dio cumplimiento a la legislación establecida para el caso concreto; por lo expuesto, solicitaron se deniegue la tutela. I.2.3. Intervención del tercero interesado Jesús Egüez Rivero, Rector de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivian" mediante escrito de 8 de febrero de 2019, cursante de fs. 472 a 476 señaló:
9. 1)La acción de amparo constitucional es confusa y subjetiva en su contenido debido a que no se especificó cómo se habrían vulnerado los derechos a la tutela judicial efectiva o acceso a la justicia y el debido proceso en su componente de aplicación objetiva del ordenamiento jurídico;
10. 2)Respecto al derecho a la tutela judicial efectiva o acceso a la justicia, se tiene que el peticionante de tutela hizo uso de los mecanismos establecidos por ley, al momento de interponer el proceso laboral de reincorporación que se constituye en la primera actuación que se tiene como antecedente de la acción de amparo constitucional; por lo que, en ningún momento se le restringió el acceso a la justicia, más aun si el proceso se desarrolló conforme lo establece en cada una de sus etapas hasta concluir con el Auto Supremo 258;
11. 3)El accionante pretende hacer caer en error argumentando que al declararse probada la excepción de cosa juzgada se le negó el acceso a su derecho de tutela judicial efectiva;
12. 4)Con relación al debido proceso en su elemento de aplicación objetiva de la ley, es preciso referir que el Tribunal Supremo de Justicia en apego a sus competencias y lineamientos jurisprudenciales, efectuó una correcta valoración y fundamentación sobre los puntos reclamados por el recurrente, demostrándose que no existió ninguna transgresión o vulneración de derechos; y,
13. 5)El referido Auto Supremo tuvo respaldo probatorio donde se demostró que no existió despido por parte de la aludida Universidad conforme se determinó en la Sentencia 49/2016 y Auto de Vista 06/2017 emitieron su resolución basados en pruebas y de acuerdo a la SCP 0209/2015-S2, la cual tiene carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio; en consecuencia, solicitó se deniegue la tutela solicitada. I.2.4. Resolución La Jueza Pública Civil y Comercial Segunda del departamento del Beni, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 01/2019 de 25 de febrero, cursante de fs. 487 a 489 vta., denegó la tutela, bajo los siguientes fundamentos:
14. i)Desde la perspectiva de aplicabilidad funcional, la interpretación del Tribunal Constitucional Plurinacional también recae sobre los jueces de la jurisdicción ordinaria que rige la normativa específica, a tal efecto, deben prevalecer los principios constitucionales y ante la duda en materia ordinaria se debe aplicar de manera preferente la Constitución Política del Estado, por lo tanto la interpretación de la norma no puede contradecir la labor realizada por el "poder constitucional";
15. ii)Si bien el impetrante de tutela hizo un relato de los hechos que supuestamente vulneran sus derechos, no realizó una relación expresa y pertinente en cuanto a la normativa que supuestamente se habría infringido;
16. iii)El derecho a la tutela judicial efectiva comprende que todo el proceso deber ser impregnado por el debido proceso; por lo que, la tutela judicial efectiva no puede ser considerada como absoluta e ilimitada; y, para ejercer dicho derecho debe ser armonizado con ciertas exigencias que la propia legislación contiene -formas, plazos y requisitos-; en consecuencia, en el caso concreto el peticionante de tutela acudió y activó todas las vías legales que el ordenamiento jurídico habilita en defensa de sus derechos supuestamente vulnerados, dejando claro y sin lugar a dudas que su pretensión principal es su reincorporación laboral; y,
17. iv)El accionante al tener conocimiento del resultado de la acción de amparo constitucional presentada con anterioridad, acudió a la vía ordinaria a efectos de que se reconsidere su derecho a la reincorporación laboral -pretensión principal-, en consecuencia, en el transcurso del proceso se evidenció que el prenombrado tuvo participación activa y como resultado se emitió la Sentencia 49/2016, el Auto de Vista 06/2017 y el Auto Supremo 258, este último considerado como hecho generador de la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, debido a que aparentemente resultaría contrario a sus intereses. II. CONCLUSIONES De la revisión y compulsa de antecedentes cursantes en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa SCP 0209/2015-S2 de 25 de febrero emitida por la Sala Segunda del Tribunal Constitucional Plurinacional dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Erick Silver Cuellar Gilmet contra Luis Carlos Zambrano Aguirre, Rector de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivian"; misma que resuelve revocar la Resolución 017/2014 de 2 de julio -emitida por el Tribunal de garantías- y en consecuencia denegar la tutela, estableciendo que para que la justicia constitucional pueda disponer el cumplimiento de las conminatorias en resguardo del derecho al trabajo, se debe verificar si la instancia administrativa emitió la conminatoria, conforme al debido proceso y de forma razonable, advirtiendo en ese caso que el ahora accionante no tenía ningún vínculo laboral con la aludida casa de estudios superiores, situación que hace que la decisión asumida por la Jefatura Regional de Trabajo de Riberalta se aparte de los marcos legales de razonabilidad (fs. 129 a 142). II.2. Consta Memorándum 260/15 de 24 de julio de 2015 emitido por Luis Carlos Zambrano Aguirre, Rector de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivian" que refiere "En cumplimiento a la S.C.P. N° 209/2015-S2, emitida por la Sala Segunda del Tribunal Constitucional Plurinacional, le comunicamos a su persona que a partir de la culminación del periodo académico 1/2015 queda concluido el nexo laboral con la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL BENI 'JOSÉ BALLIVIAN', ya que no regentara la Docencia Extraordinaria en esta Universidad, por haberse REVOCADO en todo la Resolución 017/2014 de fecha 2/07/2014, DENEGANDO la tutela de Reincorporación solicitada..." (sic [fs. 13]). II.3. El 20 de agosto de 2015, el ahora impetrante de tutela interpuso demanda laboral de reincorporación debido a que mediante Memorándum 260/15, se le comunicó que su relación laboral habría concluido, haciendo referencia a la SCP 0209/2015-S2; sin embargo, en dicho Memorándum no dispone que el despido es previo proceso interno por el cual se puede determinar si existió o no faltas constantes; por lo que, se estaría vulnerado el reglamento o refiere cual- (fs. 118 a 121 vta.). II.4. Por memorial de 26 de noviembre de 2015 presentado por Luis Carlos Zambrano Aguirre, Rector de la Universidad Autónoma del Beni "José Ballivian" contesta a la demanda negativamente y plantea excepción de cosa juzgada, esta última que deviene por la emisión de la SCP 0209/2015-S2 que ingresa al análisis de fondo del problema pronunciándose respecto a la reincorporación del ahora peticionante de tutela (fs. 327 a 340 vta.). II.5. Mediante Sentencia 49/2016 de 19 de mayo, la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia, de Trabajo y Seguridad Social Primera de Riberalta del departamento de Beni, declara improbada la demanda en todas sus partes y probada la excepción perentoria de cosa juzgada, debido a que la SCP 0209/2015-S2 hubiese efectuado el análisis de fondo del asunto y la problemática del caso concreto; haciéndose referencia a lo establecido por el art. 203 de la CPE que señala que las decisiones y sentencias constitucionales son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno (fs. 252 a 256). II.6. Cursa memorial de 16 de junio de 2016, presentado por Erick Silver Cuellar Gilmet por el que se impugna la Sentencia señalada ut supra argumentando que la jurisdicción constitucional no cuenta con todos los elementos para determinar si la destitución fue legal o ilegal; en ese entendido, se procedió a plantear la demanda laboral aportando las pruebas proporcionadas. Por otra parte, con la interposición de una anterior acción de amparo constitucional lo único que se solicitó fue el cumplimiento de la Conminatoria 06/2014 (fs. 258 a 259). II.7. Mediante Auto de Vista 06/2017 de 17 de enero, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Beni confirmó la Sentencia 49/2016 señalando que la Jueza a quo realizó una correcta valoración, resolviendo de forma acertada y puntual el caso concreto sin quebrantar norma legal alguna más al contrario evaluando todos los antecedentes del proceso aplicando los principios de verdad material y debido proceso (fs. 272 a 274 vta.). II.8. El 31 de enero de 2017, el ahora accionante presentó recurso de casación en el fondo contra el Auto de Vista 06/2017 argumentando que existe una errónea e indebida aplicación de la ley por: a) Inexistencia de cosa juzgada para acoger favorablemente la excepción, al no concurrir todos los elementos que hacen a la cosa juzgada -sujeto, objeto y causa-; en el entendido que los procesos son de diferente materia y versan sobre distintas pretensiones -en la vía ordinaria es la reincorporación en base al análisis de la existencia o no del despido injustificado y en la vía constitucional es la tutela de derechos laborales vulnerados cuyas resoluciones van dirigidas a cumplir o dejar sin efecto las conminatorias emitidas en la vía administrativa-; y, b) Inobservancia de la ratio decidendi de la SCP 0209/2015-S2 bajo el entendido que la justicia constitucional se encuentra facultada para emitir resoluciones tendientes a cumplir o dejar sin efecto las conminatorias laborales de reincorporación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social -que deben ser fundamentadas y claras-; y, no establece si hubo o no despido injustificado (fs. 277 a 280). II.9. Mediante Auto Supremo 258 de 18 de junio de 2018, los Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia -ahora demandados- declararon infundado el recurso de casación en el fondo planteado por Erick Silver Cuellar Gilmet bajo los siguientes fundamentos: 1) El impetrante de tutela en la interposición de acción de amparo constitucional que fue resuelta por la SCP 0209/2015-S2 no solo busco el cumplimiento de la resolución administrativa de reincorporación sino que se tutele su derecho a la estabilidad laboral al haber alegado como vulnerado su derecho; lo que demuestra que la pretensión del mismo fue dilucidada determinándose que no corresponde la reincorporación conforme a los todos antecedentes, correspondiendo claramente dar curso a la excepción de cosa juzgada, más aun con una determinación constitucional que tiene carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio; y, 2) Los fundamentos jurídicos contenidos en la SCP 0209/2015-S2 añaden jurisprudencia respecto al procedimiento que debe seguirse por parte de las jefaturas departamentales del trabajo para la tramitación de una solicitud de reincorporación y cuáles son los parámetros que deben cumplirse; asimismo, establece que el Tribunal Constitucional Plurinacional no se constituye en otra instancia administrativa y no por el hecho de existir una conminatoria de reincorporación debe conceder la tutela y ordenar su cumplimiento debido a que debe hacerse una valoración completa e integral de los hechos y datos del proceso (fs. 315 a 318); notificado al ahora accionante el 5 de julio de 2018 (fs. 319). III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO El peticionante de tutela denunció la vulneración de sus derechos a la tutela judicial efectiva o acceso a la justicia y al debido proceso en su elemento aplicación objetiva de la ley; toda vez que, los Magistrados demandados invocando la SCP 0209/2015-S2 -que dispuso denegar la tutela en una anterior acción de amparo constitucional que interpuso-, emitieron el Auto Supremo 258 de 18 de junio de 2018 de forma desproporcional e irrazonable, efectuando una errónea interpretación del ordenamiento jurídico en el análisis de los presupuestos para la procedencia de la excepción de cosa juzgada, impidiéndole la posibilidad de garantizar la efectividad de su derecho laboral dentro el proceso en la vía ordinaria que es diferente a la vía constitucional. Corresponde establecer en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada. III.1. Revisión de la actividad jurisdiccional de otros tribunales Al respecto de este tema la SCP 0123/2019-S1 de 17 de abril, reiteró los entendimientos de la SCP 1631/2013 de 4 de octubre, la misma que señaló:"...la línea jurisprudencial relativa a la revisión de la actividad de otros tribunales por parte de la justicia constitucional ha avanzado en términos evolutivos hasta consolidar la noción que la interpretación de la legalidad infra constitucional le corresponde a los tribunales de justicia y no a la justicia constitucional; sin embargo, ante la existencia de violación de derechos y garantías previstos en la Norma Suprema, excepcionalmente la justicia constitucional puede ingresar a valorar la actividad desarrollada en miras a brindar tutela. De lo referido, se deben precisar tres elementos de suma importancia: i) Las autoridades de los otros sistemas de justicia (civil, penal, familiar, agroambiental, administrativa) en realidad ejercen al igual que la justicia constitucional una actividad hermenéutica que parte de la Constitución e irradia a todo el ordenamiento jurídico; por ello a la luz del Estado Constitucional de Derecho no es válido hablar de 'legalidad ordinaria', pues todos los órganos de justicia se encuentran sometidos a la Constitución y su labor interpretativa parte de la misma; ii) La noción de 'reglas admitidas por el Derecho' rescatando una posición teórica decimonónica no agota las posibilidades hermenéutico - argumentativas de las autoridades judiciales, por ende, si bien los métodos de interpretación formalistas, pueden resultar útiles en la obtención de un resultado hermenéutico, no agotan todas las posibilidades que tiene la autoridad jurisdiccional en miras de satisfacer los principios fines y valores que se encuentran en la Constitución; iii) La revisión de la actividad interpretativa que realizan otras jurisdicciones que involucra el análisis de la motivación, congruencia, adecuada valoración de los hechos (valoración de la prueba) y adecuada valoración del Derecho (interpretación de las normas), no es la labor propia de la justicia constitucional, sin embargo, es insoslayable que las autoridades jurisdiccionales no se encuentran habilitadas a vulnerar derechos fundamentales, y en esa dimensión esta jurisdicción constitucional se encuentra facultada a vigilar que en todo fallo, providencia o decisión judicial que las autoridades judiciales se sometan a la Constitución; y, iv) Para que la jurisdicción constitucional analice la actividad interpretativa realizada por los tribunales de justicia, los accionantes deben hacer una sucinta pero precisa relación de vinculación entre los derechos fundamentales invocados y la actividad interpretativa - argumentativa desarrollada por la autoridad judicial. Demostrando ante esta justicia constitucional que se abre su competencia en miras a revisar un actuado jurisdiccional, sin que ello involucre que la instancia constitucional asuma un rol casacional, impugnaticio o supletorio de la actividad de los jueces.

De lo referido sólo resulta exigible sino una precisa presentación por parte de los accionantes que muestre a la justicia constitucional de por qué la interpretación desarrollada por las autoridades, vulnera derechos y garantías previstos por la Constitución, a saber en tres dimensiones distintas:

1. a)Por vulneración del derecho a un Resolución congruente y motivada que afecta materialmente al derecho al debido proceso y a los derechos fundamentales que se comprometen en función de tal determinación;
2. b)Por una valoración probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad; y,
3. c)Por una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico, que más allá de las implicancias dentro del proceso judicial o administrativo lesiona derechos y garantías constitucionales" (las negrillas nos corresponden). III.2. Sobre el debido proceso y sus alcances Al respecto, la SCP 1330/2012 de 19 de septiembre sostuvo: "El derecho al debido proceso, es de aplicación inmediata, vincula a las autoridades judiciales o administrativas y constituye una garantía de legalidad procesal previsto por el constituyente, para proteger derechos a la tutela judicial efectiva, a la garantía de certeza e intangibilidad de resoluciones judiciales a la debida fundamentación de las resoluciones judiciales, a una justicia en igualdad de condiciones y oportunidades, a la defensa, al principio de la seguridad jurídica, entre otros; hace al cumplimiento del conjunto de condiciones y requisitos en el trámite de los procesos observando procedimientos, como la SC 0160/2010-R de 17 de mayo, que precisa: 'El debido proceso, está reconocido constitucionalmente como derecho y garantía jurisdiccional a la vez, por los arts. 115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado vigente (CPE) -art. 16.IV de la CPEabrg-, y como derecho humano por los arts. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y ya fue desarrollado y entendido por este Tribunal como el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar; es decir, comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar esos derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado así como los Convenios y Tratados Internacionales'" (las negrillas son nuestras).