0661/2019-S4

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0661/2019-S4 Sucre, 21 de agosto de 2019

SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional

Expediente: 28246-2019-57-AAC Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 06/2019 de 15 de marzo, cursante de fs. 246 vta., a 249, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Daniel Osinaga Pérez, Benito Padilla Antezana, Delicia Mancilla Baigorria, Norma Lara Flores y Clemente Mancilla Bruno, en representación de la Asociación Ecoturística Cataratas del Jardín contra Carlos Eduardo Ureña Julio, Director, Danir Vaca Núñez, Jefe de Protección y Román Justo Vitron Arévalo, Técnico de Recursos Naturales, todos del Parque Nacional y Área de Manejo Integrado "AMBORÓ" dependiente del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 26 de febrero de 2019, cursante de fs. 42 a 48, la parte accionante manifestó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Forman parte de la Asociación Ecoturística Cataratas del Jardín con personería jurídica RA-SG-SJD-DAJ-PJ-2013-300 de 26 de agosto de 2013, que además es parte del Sindicato Agrario Jardín de las Delicias; el 2002, decidieron que en el área comunal y la parte que compraron a un comunario, existía la necesidad de construir y realizar mejoras a efectos de atraer turistas y divisas, con la finalidad de que disfruten y valoren nuestras áreas ecoturísticas bolivianas; por ello, con esfuerzo propio y el apoyo de "ONGS", compraron un parte de parcela que consideraban necesaria, y en ella se construyeron cabañas y senderos, adornando los alrededores con pasto grama negra, invirtiendo esfuerzo y sacrificio en las referidas mejoras, que hasta hoy existen y sirven de pernoctación de los turistas, por lo que a efectos de mantener dichas mejoras y brindar un servicio acorde a las exigencias de los visitantes, cobraron un monto determinado por servicios de estadía, con el que se cubría los servicios básicos, el pago de personal y otros, beneficiando a los estantes y miembros de su comunidad.

Sin embargo, el 6 de febrero de 2019, un grupo de personas a la cabeza de Carlos Eduardo Ureña Julio, Danir Vaca Núñez y Román Justo Vitron Arévalo (ahora demandados), con quienes no tenían ningún tipo de relación contractual, judicial o extrajudicial, les notificaron con una anómala Nota D-APA 23/19 de 16 de febrero, que además resultaba unilateral y arbitraria, donde se les indicó que su actividad de turismo no cumplía con los preceptos de la Ley de Medio Ambiente y reglamentos, pues realizaron sus operaciones sin permiso legal, tampoco contaban con documentación ambiental vigente, pues estuviesen realizando mala disposición de residuos sólidos y líquidos producto del consumo de los visitantes y que los cobros que solo podrían hacerlo ellos como funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente; conminándoles a paralizar totalmente sus actividades, hasta que cumplan con la presentación de dicha documentación. Lo extraño es que la mencionada Nota, proviene de simples empleados públicos, tampoco fueron citados o emplazados vía administrativa, judicial o extrajudicial para asumir defensa, habiendo los citados funcionarios, usando justicia por mano propia, situación prohibida por la Constitución Política del Estado (CPE), vulnerando sus derechos a la defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva; por lo que al no existir proceso administrativo alguno, también se vieron impedidos de interponer los recursos de revocatoria y jerárquico, tampoco pudieron ofrecer prueba y refutar las contrarias.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados