0662/2023-S2

Solicitó se conceda la tutela, ordenando anular:

1. a)Las Resoluciones Administrativas (RRAA) 0001/2021 y 016/2021 y/o su ejecución; y,
2. b)Cualquier acto administrativo que intente clausurar el restaurante "La Pascanita".

La accionante a través de su abogado, ratificó los argumentos contenidos en la demanda tutelar; y ampliándolos manifestó que:

1. 1)Las Resoluciones que se impugnan y ordenan la clausura de su restaurante por el lapso de dos años, tiempo en el que no podrá generar recursos económicos para proveer a sus hijos de lo necesario para que sigan estudiando; y,
2. 2)Adjuntó certificados médicos, los cuales acreditan que su persona y esposo tienen hipertensión arterial, "males del corazón", sospecha de insuficiencia cardiaca y obesidad, no cuentan con seguro de salud, debiendo acudir a médicos de forma particular, solventando los gastos económicos con el dinero obtenido en su establecimiento; empero, al ser sancionada con la medida señalada le privarían de los mismos y se pondría en riesgo su vida y salud; por esa razón, planteó esta acción de defensa en previsión de los arts. 7.6, 25.1 y 27.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y al entendimiento efectuado por la Opinión Consultiva OC-0887 de 30 de enero de 1987 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

José Francisco Muñoz Mejía, Subalcalde del Macrodistrito IV de San Antonio; y, María Cecilia Palacios, Jefa de Gabinete, ambos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en audiencia de garantías mediante sus representantes, solicitaron se deniegue la tutela, señalando que:

1. i)El 23 de mayo de 2021, el referido Gobierno Autónomo Municipal ejerció sus competencias de acuerdo a las Ordenanzas Municipales (OOMM) "GMLP178/2016, 363/2016, 490/2009, GMLP 227/2010 y GMLP 634/2011" (sic) y realizó el operativo de intendencia mediante formulario 0020242, se apersonó al restaurante "La Pascanita" evidenciando que desarrollaba actividades incompatibles a su categorización, cometiendo infracciones muy graves; en consecuencia, se expidió el Informe GAMLP/SMD/IM/376/2021 de 24 de mayo, que señaló:
2. a)Se evidenció excesos en el consumo de bebidas alcohólicas, aglomeración de personas arriesgando la salud pública, incumpliendo los protocolos de bioseguridad en la utilización de barbijos, sanitizadores y otros accesorios de uso obligatorio por la declaratoria de la pandemia por el COVID-19; y,
3. b)Se decomisó cuarenta y seis unidades de cerveza de 620 ml, "...38 unidades de cerveza de otra marca, dos unidades de whisky y dos unidades de singani..." (sic); mismos que estaban prohibidos por la categorización del indicado local;
4. ii)El 28 de mayo de 2021, se emitió el Informe GAMLP/EAH/QUEBRADO/UPE 51/2021, el cual recomendó sea puesto en conocimiento de la Unidad de Asesoría Legal y se dicte lo que corresponda; es así, que se pronunció la RA 0001/2021, que determinó la clausura definitiva del mencionado restaurante, de acuerdo a las normas previstas en la Ley de Procedimiento Administrativo, habiendo sido impugnada esa decisión, se expidió la RA 016/2021 que la confirmó en todas sus partes; no obstante, no encontrándose conforme con esta, la solicitante de tutela interpuso recurso jerárquico; por lo que, la nombrada administrada hizo uso de los recursos de alzada previstos por ley;
5. iii)La accionante en julio de ese año, solicitó certificación acústica que corresponde a la categoría G para bares, cafés, etc., que permite el expendio de bebidas alcohólicas; y,
6. iv)Se demandó los derechos a la vida, a la salud, al trabajo y al debido proceso; empero, los mismos no tienen relación con los actos administrativos que se emitieron; puesto que, no se restringió la libertad personal o se puso en peligro la vida de la peticionante de tutela; por ello, este medio constitucional no era el correcto para pedir la restauración de los citados derechos, siendo la acción de amparo constitucional la vía idónea.

El Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 19/2021 de 26 de diciembre, cursante de fs. 64 a 67, denegó la tutela solicitada; sin embargo, al ser el restaurante "La Pascanita" la única fuente laboral de la accionante, dispuso que, hasta que la "decisión administrativa" de la clausura definitiva no adquiera calidad de cosa juzgada, la nombrada pueda realizar sus actividades en el indicado local; dado que, lo contrario conllevaría a la vulneración del derecho al debido proceso vinculado con otros derechos y garantías constitucionales; con base en los siguientes fundamentos:

1. 1)Se aperturó un proceso administrativo en el que se pronunció las RRAA 0001/2021 y 016/2021, esta última que resolvió el recurso de revocatoria; contra la misma, la solicitante de tutela formuló recurso jerárquico; así también, afirmada por los demandados, mismo que se encuentra pendiente de resolución; por ello, se advirtió la existencia de una "duplicidad de actuar" activada por la prenombrada, lo que provocaría un quebrantamiento de orden constitucional;
2. 2)La peticionante de tutela logró demostrar que en la actividad económica que desarrollaba en el mencionado restaurante invirtió un capital de Bs360 475.- (trescientos sesenta mil cuatrocientos setenta y cinco bolivianos) y al impedirse su normal funcionamiento, con el indicado cierre afectaría sus intereses, vida y salud, al ser quien sostiene a su familia; puesto que, exhibió mediante documentación que su esposo tiene problemas de salud;
3. 3)Todo ciudadano boliviano tiene derecho al trabajo digno, siendo deber del Estado proteger el ejercicio en todas sus formas; y,
4. 4)La impetrante de tutela pertenece a un grupo vulnerable; por lo que, merece recibir una protección reforzada; no obstante, no agotó la subsidiariedad "...en el fondo no se podría dar curso a lo que solicita tomando en cuenta que la revisión de fondo respecto a la decisión del a clausura definitiva..." (sic); ante ello, la justicia constitucional no tiene la potestad de inmiscuirse en analizar aspectos de la vía ordinaria; más aún, cuando el proceso administrativo no cuenta con calidad de cosa juzgada.