0665/2023-S1

Interpuso la presente acción de amparo constitucional, solicitando se resguarde su derecho a la petición, conculcado por los Magistrados de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, desde el 1 de junio de 2021, fecha en la cual, presentó dos escritos de "31 de mayo" del citado año, con fecha de recepción de 1 de junio del señalado año, mediante los cuales solicitó documentación referente:

1. a)En el marco de la convocatoria 11/2019,
2. 1)Copia legalizada de la resolución de designación de Vocales del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija,
3. 2)Copia legalizada de la sesión de Sala plena del Tribunal Supremo de Justicia para la designación de vocales del mismo departamento,
4. 3)Criterios utilizados para la designación de vocales, todas ellas en el marco de la convocatoria para vocales de las Salas Constitucionales; y,
5. b)En el marco de la convocatoria 08/2021,
6. i)Copia legalizada de la resolución de designación de Vocales del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija,
7. ii)Copia legalizada de la sesión de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia para la designación de vocales para el señalado departamento,
8. iii)Criterios utilizados para la designación de vocales para el mencionado departamento.

La peticionante de tutela a través de su abogado ratificó íntegramente los términos en su memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo añadió lo siguiente:

1. a)Por el principio de lealtad procesal las solicitudes impetradas fueron notificadas el 24 de junio de 2021 ello no implicaría que no existió la vulneración del derecho a la petición como tal, mencionando a la jurisprudencia 0799/2020-S2 en virtud que los demandados fueron notificados con la presente acción de defensa y si bien existe una respuesta para los fines que se realizó la petición ya precluyó;
2. b)Señaló que los derechos constitucionales son de cumplimiento inmediato en la protección de la misma y que no fue entregado el contenido que en la petición eran tres documentos; sin embargo, en el informe señalaría que la persona autorizada no asistió a recogerla no existiendo constancia de lo aseverado, en ese contexto se encontraría vigente la vulneración del derecho a la petición, pidiendo se conceda lo impetrado; y,
3. c)Reiteró, que fueron notificados el 24 del citado mes y año y la respuesta seria de 17 del señalado mes y año, esto como emergencia de la interposición y notificación con la acción de amparo constitucional, no pudiendo hablarse de una teoría o hecho superado, porque si hubiesen tenido la respuesta formal antes que se notifiquen con el amparo cosa que no sucedió, la documentación solicitada tenía esa emergencia con las convocatorias de las cuales se solicitó; es decir, pidieron dos documentos legalizados y los criterios para la designación de vocales.

Olvis Egüez Oliva, Marco Ernesto Jaimes Molina, Juan Carlos Berrios Albizu, María Cristina Díaz Sosa, Edwin Aguayo Arando, Estéban Miranda Terán, José Antonio Revilla Martínez, Ricardo Tórres Echalar, Carlos Alberto Egüez Añez, Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, mediante informe escrito presentado el 5 de julio de 2021, cursante de fs. 32 a 37, señalaron que:

1. 1)Ante la presentación de dos memoriales solicitando copias legalizadas y la documentación sobre la designación de Vocales del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, en el marco de las convocatorias 11/2019 y 08/2021, sobre los cuales la accionante alegó que no recibió respuesta alguna, vulnerando de esta manera su derecho a la petición, se tiene que, tales solicitudes estaban dirigidos a los Magistrados de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia; por lo que, necesariamente ameritaba un procedimiento interno;
2. 2)Mediante proveídos de 2 de junio de similar año, remitieron a conocimiento de Sala Plena para su consideración pertinente y respuesta; toda vez que, los memoriales interpuestos fueron dirigidos a un Tribunal Colegiado y por consiguiente y en estricto cumplimiento del art. 37 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), referido al quorum y número de votos para emitir los actuados procesales que se les ponga en conocimiento, ameritando su análisis y evaluación por sus miembros, tal como aconteció en el presente caso;
3. 3)Las solicitudes fueron remitidas al pleno oportunamente y ameritaron los proveídos el 17 de junio de 2021 los cuales fueron debidamente notificados a la ahora impetrante de tutela a través de su representado; sin embargo de ello, teniendo conocimiento de la autorización u otorgación de las fotocopias legalizadas referente a la convocatoria 11/2019, la prenombrada habría manifestado volver al día siguiente para el recojo de la documentación, cumpliendo de esa forma el Tribunal, con dar respuesta a las peticiones, teniendo la peticionante de tutela una semana antes para recoger y no volvió; por lo tanto, lo manifestado por la solicitante sobre la vulneración de su derecho a la petición no resulta ser evidente; solicitando se deniegue la tutela impetrada.

La Sala Constitucional Segunda del departamento de Chuquisaca, mediante Resolución 78/2021 de 2 de julio, cursante de fs. 72 a 73 vta., concedió la tutela impetrada, disponiendo que los Magistrados demandados por medio de la Presidencia y Secretaria de Sala Plena en el plazo de cuarenta y ocho horas de su notificación, hagan efectiva la entrega de la documentación requerida por la solicitante de tutela mediante las notas de 31 de mayo, y 1 de junio de 2021; y, emitan pronunciamiento respecto al tercer punto de las referidas solicitudes, en relación a los criterios empleados para la designación de Vocales del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija en el marco de las convocatorias 11/2019 y 08/2021, en base a los siguientes fundamentos:

1. i)Habiéndose presentado memoriales el 31 de mayo y 1 de junio de 2021, cuya recepción es admitida por la parte demandada mediante proveídos de 17 del citado mes y año, disponiéndose se franquee las fotocopias legalizadas de la actas de sesión de sala plena y las resoluciones de designación de vocales para el Tribunal Departamental de Justicia de Tarija en el marco de las convocatorias 11/2019 y 08/2021, emitiéndose un pronunciamiento de respuesta a la parte demandada de manera general a los dos primeros puntos; empero, no se otorgó respuesta respecto al tercer punto y lo reclamado pese a existir orden de entregar lo solicitado, misma que no se habría efectivizado;
2. ii)Del informe de los demandados la atención del derecho a la petición sería incompleta e inconclusa, por cuanto la sala plena ordenó que por secretaria se franquee lo solicitado; empero, no existe constancia de que fue efectiva esa entrega o comunicado que la documentación se encontraría lista para su recojo al margen que se señaló celular con acceso a whatsap y correo electrónico para su comunicación, entendiendo las circunstancias especiales por las que se atraviesa como efecto de la pandemia y las restricciones existentes en los tribunales;
3. iii)Si bien es evidente que se emitió los proveídos de 17 de junio de 2021; empero, los Magistrados de sala plena del Tribunal Supremo de Justicia respecto al derecho a la petición no tiene sustento en una comunicación efectiva; por ello se concluye que la sola emisión de proveído de autorización para la otorgación de la documentación solicitada, no puede ser entendido como un cabal cumplimiento por cuanto no existe ningún elemento que haga entender que se haya materializado esa entrega siendo que el objeto de petición no era un pronunciamiento o autorización sino la entrega de documentación que considera necesaria para el ejercicio de otros derechos; y,
4. iv)Respecto al tercer punto de la solicitud del análisis del proveído emitido por la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia y del informe remitido se puede advertir que no existe pronunciamiento alguno; vale decir que, los requeridos no se pronunciaron sobre los criterios empleados para la designación de los Vocales del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija en el marco de las convocatorias 11/2019 y 08/2021, sobre este punto existe incumplimiento al no haberse hecho conocer los criterios utilizados para dicha designación, por consiguiente existe la vulneración del derecho a la petición y corresponde disponer la reparación de aquel derecho por parte de las autoridades ahora demandadas.

II.1. Cursa memorial de 31 de mayo de 2021, por el cual Lizzie Mónica Riera Sorich -ahora accionante- solicitó a los Magistrados de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia,

1. a)Copia legalizada de la Resolución Final de designación de Vocales del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija en el marco de la convocatoria 08/2021,
2. b)Copia legalizada del acta de sesión de la Sala Plena para la designación de Vocales, donde conste el voto de cada Magistrado de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia,
3. c)Criterios utilizados para la designación de Vocales del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, solicitando que dicha entrega sea en el día por la urgencia que requiere para la protección de sus derechos y garantías constitucionales. Precisando en el Otrosí 2do. Que autoriza a Hildur Mayda Rendón Balderas, con cédula de identidad 4086643 expedido en el departamento de Chuquisaca, para recabar la documentación solicitada. Consta sello de recepción de 1 de junio del citado año de ventanilla de Presidencia del Tribunal Supremo de Justicia (fs. 60 a 61).

II.2. Mediante memorial presentado el 1 de junio de 2021,la ahora impetrante de tutela, solicitó los Magistrados de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia 1) Copia legalizada de la resolución de designación de vocales del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, en el marco de la convocatoria 11/2019,

1. 2)Copia legalizada del acta de sesión de la Sala Plena para la designación de vocales, donde conste el voto de cada magistrado de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia,
2. 3)Criterios utilizados para la designación de Vocales del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija. Para tal fin, en el Otrosí 2do. Autoriza a Hildur Mayda Rendón Balderas, con cédula de identidad 4086643 expedido en el departamento de Chuquisaca, para recabar la documentación solicitada. Con sello de recepción de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia el 15 del señalado mes y año (fs. 8 a 9 y 54 a 55).

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas:

1. i)El derecho a la petición en cuanto a su tutela, en solicitudes dentro de procesos judiciales o administrativos; y, los requisitos para su procedencia; y,
2. ii)Análisis del caso concreto.

Ahora bien, independientemente de que la solicitud esté inmersa o no dentro de un proceso judicial o administrativo, para abordar el derecho a la petición deben considerarse las siguientes temáticas:

1. a)Contenido esencial;
2. b)Requisitos de procedencia;
3. c)Legitimación activa;
4. d)Legitimación pasiva; y,
5. e)Plazo para emitir respuesta.

En referencia al contenido esencial, haciendo referencia a la 0SC 218/01-R de 20 de marzo de 20012, una vez interpuesta la solicitud la respuesta debe ser:

1. 1)Emitida de forma pronta y oportuna3, esto es dentro el plazo establecido por la ley o dentro de un plazo razonable;
2. 2)Formal4; es decir que la respuesta sea escrita y debidamente comunicada o notificada, a efectos que la parte interesada pueda realizar reclamos o utilizar los medios recursivos establecidos por ley;
3. 3)Material5, porque debe resolver el fondo de la pretensión o asunto objeto de petición y no evadirlo; atender y resolver de forma positiva o negativa a los intereses del solicitante; y,
4. 4)Argumentada6; vale decir, la respuesta debe ser motivada y fundamentada, exponiendo las razones del porqué se da o no curso a la petición sobre la base de sustentos fácticos y jurídicos. En relación a los requisitos de procedencia, que debe contener el derecho a la petición, señaló que la 0SCP 1995/2010-R de 26 de octubre, moduló el entendimiento de la SC 0310/2004-R, a efectos de su tutela, en ese mérito sólo debe cumplir con tres requisitos:
5. i)La existencia de una petición oral o escrita;
6. ii)La falta de respuesta material y en tiempo razonable a la solicitud; y,
7. iii)La inexistencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho de petición; al efecto precisó:

...a fin de que se otorgue la tutela en caso de alegarse la violación del derecho a formular peticiones, corresponde que el recurrente, demuestre los siguientes hechos:

1. a)la formulación de una solicitud expresa en forma escrita;
2. b)que la misma hubiera sido formulada ante una autoridad pertinente o competente;
3. c)que exista una falta de respuesta en un tiempo razonable y
4. d)se haya exigido la respuesta y agotado las vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida y no existan otras vías para lograr la pretensión.

Sin embargo, la 0SC 1995/2010-R de 26 de octubre, modulando el entendimiento de la SC 0310/2004-R, a efectos de la tutela del derecho de petición, en el Fundamento Jurídico III.3, exigió únicamente los siguientes requisitos: "...1) La existencia de una petición oral o escrita;

1. 2)La falta de respuesta material y en tiempo razonable a la solicitud y,
2. 3)La inexistencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho de petición"; sin embargo, con relación a este último requisito se aclara que:

Ahora bien, del análisis del núcleo del derecho de petición, que es la respuesta a una determinada solicitud como contenido y alcance del mismo; a efectos de su tutela debe tomarse en cuenta lo siguiente:

1. i)La existencia de una petición oral o escrita;
2. ii)La omisión indistintamente de cualquiera de sus componentes, vale decir, ante una: ii.1) Ausencia de respuesta formal; ii.2) Falta de respuesta material; ii.3) Inexistencia de argumentación -motivación y/o fundamentación- en la respuesta; y,
3. iii)El agotamiento de medios de impugnación o reclamo idóneos para hacer efectivo dicho derecho, siempre que estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico para tal efecto, de lo contrario, no es exigible este requisito".

En relación a la legitimación activa, haciendo referencia a la SCP 0470/2014 de 25 de febrero, manifestó que puede solicitar la tutela del derecho a la petición cualquier persona individual o colectiva, con el único requisito, cual es de identificarse como peticionario. Este razonamiento fue reiterado entre otras por las siguientes Sentencias Constitucionales Plurinacionales: 0083/2015-S3 de 10 de febrero; 00449/2017-S3 de 26 de mayo; 01111/2019-S2 de 18 de diciembre. En relación a la legitimación pasiva, partiendo de un análisis de la 0SC 0275/2003-R de 11 de marzo7, luego haciendo referencia a las 0SSCC 0310/2004-R8, 0SSCC 0560/2010-R9, 0SC 1995/2010-R10; las Sentencias Constitucionales Plurinacionales SCP 0085/2012 de 16 de abril11, SCP 2051/2013 de 18 de noviembre12, 1064/2019-S2 de 3 de diciembre13, entre otras; concluyó que, tienen legitimación pasiva a efectos de ser demandados a través de una acción de tutela por derecho de petición:

1. a)Todas las autoridades o servidores públicos, aún no fuesen competentes para resolver el fondo de la pretensión del peticionado, circunstancia en la que la autoridad ante quién se dirigió equivocadamente la petición deberá señalar expresamente cuál la autoridad competente o tramitación atinente, que oriente al peticionante en su pretensión; y,
2. b)Las personas particulares.

Respecto al plazo para responder a la petición efectuada por el impetrante, la jurisprudencia constitucional desarrolló los siguientes casos:

1. 1)En el término establecido por ley14; y,
2. 2)Cuando no está previsto un plazo en la norma para que la autoridad o servidor público emita respuesta, el derecho de petición se tiene por lesionado cuando la misma no es emitida dentro de un plazo razonable15.

De los argumentos descritos la señalada 0SCP 0112/2020-S1, se puede concluir que, ante una petición efectuada en el marco del art. 24 de la CPE, la respuesta a ser emitida por la persona o autoridad responsable de su emisión, deberá ser:

1. i)Pronta y oportuna; es decir, dentro el término previsto por ley, y en caso de no estar dispuesto, deberá ser dentro de un plazo razonable;
2. ii)Formal, referida a que la respuesta deberá ser escrita y debidamente comunicada o notificada, a efectos de que en el caso de disconformidad del peticionante pueda realizar los reclamos o utilizar los medios de impugnación previstos en la normativa;
3. iii)Material, porque debe resolverse el fondo de la pretensión o asunto objeto de petición sin incurrir en evasivas; es decir, es imperativo que se emita una respuesta positiva o negativa a los intereses del peticionante; y,
4. iv)Argumentada, relacionada a que, la respuesta positiva o negativa debe ser motivada y fundamentada, exponiendo las razones del porqué se da o no curso a la petición.