0666/2022-S1

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga:

1. a)Se anule y deje sin efecto el Auto de Vista 327/2021 de 13 de octubre; y,
2. b)Se disponga que los demandados emitan una nueva resolución conforme a los fundamentos de la presente acción de amparo constitucional y restablezcan los derechos constitucionales vulnerados, respetando el principio de razonabilidad, legalidad y el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación debida y derecho al recurso y tutela judicial efectiva.

Julio Cesar Sandi Ustarez, Presidente de la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante memorial cursante de fs. 38 a 39, señaló lo siguiente:

1. 1)Antes de emitir criterio revisó el acta de audiencia del juzgado de primera instancia, donde se constató que la parte accionante en ningún momento interpuso el recurso de apelación, simplemente se limitó a enunciar: "...vamos a hacer uso del recurso de apelación...", cuando la parte debió expresar "interpongo el recurso de apelación";
2. 2)Se anunció que presentará el recurso de apelación, aspecto que se puede constatar en el acta de audiencia, situación que fue destacada como elemento fundamental a efecto de establecer la inadmisibilidad del recurso;
3. 3)No corresponde señalar que existe violación del derecho al debido proceso por fundamentación arbitraria, ya que el acta de audiencia en el juzgado de primera instancia, demuestra que los ahora accionantes no interpusieron el recurso, solo anunciaron que lo interpondrán; y,
4. 4)La parte accionante solo pretende justificar su inacción amparándose en el art. 180 de la Constitución Política del Estado (CPE), sin considerar que ninguna informalidad puede vulnerar el debido proceso exigido por la norma procesal. Por lo que pide se deniegue la tutela.

Asimismo, Iván Sandoval Fuentes, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, por informe cursante de fs. 40 a 41, señaló que:

1. i)El accionante denunció violación al debido proceso, por fundamentación arbitraria en su elemento de legalidad con afectación del derecho al recurso y tutela judicial efectiva, al haberse emitido el Auto de Vista 327/2021 que rechaza por inadmisible el recurso de apelación sin ingresar al fondo del asunto, lo que no resulta cierto, pues la resolución se encuentra enmarcada a la norma, por cuanto es necesario recordar que el procedimiento penal ha sufrido modificaciones fundamentales por la ley 1173, en cuanto a la forma y plazo para la presentación de recursos de apelación incidental, en estricta aplicación del art. 404 del CPP, de donde se tiene que cuando el tribunal a quo dicta una resolución en audiencia de forma oral, cualquier fuera la resolución que se dicte, el recurso debe interponerse de forma oral, inmediatamente después de escuchada la resolución, ante la Jueza, el Juez o Tribunal que la dictó; es decir, que escuchada la resolución es deber de las partes en el mismo acto, de forma inmediata interponer de forma oral el recurso de apelación, dando correcta aplicación a los pilares de la Ley 1173, que es profundizar la oralidad como una de las principales modificaciones introducidas por la ley mencionada;
2. ii)No es lo mismo la apelación contra una resolución que resuelve una medida cautelar de carácter personal donde se denuncia la libertad de las personas, que al ser un instituto sensible el Tribunal Constitucional ha marcado línea siendo que hace suficiente el decir apelo, que resulta diferente en su tramitación al de las otras apelaciones incidentales;
3. iii)El procedimiento establecido en el art. 404 del CPP, no puede ser modificado por imperio del art. 113 II del CPP, guardando relación de esta manera con lo establecido por el art. 396.3 del CPP, en cuanto hace las condiciones de tiempo y forma que determina el planteamiento del recurso especificando los aspectos cuestionados de la Resolución; lo que implica de una interpretación integral de las señaladas normas, que corresponde a quien haga uso del recurso de apelación incidental contra una resolución pronunciada en audiencia, ineludiblemente fundamente su apelación, haciendo mención, cual es la parte de la Resolución que está siendo impugnada que le causa agravios;
4. iv)La parte incidentista no cumplió con lo establecido en el art. 404 del CPP, pues no estableció cuales son los agravios, no alegó cual es la parte de la Resolución que está siendo cuestionada; y,
5. v)El recurso debió ser interpuesto en ese momento y de forma oral y establecer los motivos por los cuales se estaría presentando dicho recurso, reservándose la posibilidad de ampliar su fundamentación, no siendo lo mismo el hecho de enunciar un recurso y el hecho de plantearlo conforme lo establecido por Ley. Por lo indicado, solicita se deniegue la tutela.

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante Resolución 142/2021 de 4 de noviembre, cursante de fs. 123 a 126 vta., concedió la tutela impetrada, consecuentemente dejó sin efecto el Auto de Vista 327/2021 de 13 de octubre, y se dispuso que las autoridades demandadas o los llamados por Ley en observancia a los estándares del debido proceso y lo expresado en el presente fallo, emitan resolución resolviendo el fondo de la apelación planteada por los accionantes en la audiencia de 24 de agosto de 2021; bajo los siguientes argumentos:

1. a)El Auto de Vista 327/2021, no tiene una debida fundamentación puesto que si bien cita el art. 404 del CPP, para referirse a la oportunidad y la forma de presentación del recurso de apelación incidental contra resoluciones emitidas en audiencia, y el art. 406 del citado Código, respecto al señalamiento de día y hora de audiencia por parte de la Sala Penal como Tribunal de alzada, no se explica el sustento de la exigencia de que el recurrente tenga que exponer los agravios y fundamentar ante el Juez a quo, y la cita del art. 396.3 del mismo Código, no podría fundamentar dicha exigencia, por cuanto esa norma contiene reglas generales, al referir que los recursos se interpondrán en los plazos y condiciones dispuestos en dicho Código;
2. b)El objeto de la Ley 1173 es procurar la pronta y oportuna resolución de los conflictos, profundizar la oralidad y evitar el retardo procesal; en ese marco, en el caso examinado se debe tener en cuenta que la apelación incidental debe ser considerada y resuelta en audiencia, conforme dispone expresamente el art. 406 del CPP, y siguiendo las reglas previstas en el art. 113 del mismo Código; vale decir, bajo los principios de oralidad, inmediación, continuidad y contradicción, el Tribunal debe establecer el objeto de la audiencia y moderar la discusión; en dicho contexto una fundamentación oral ante el Juez que emitió la resolución recurrida, resultaría inocua y contraria al principio de inmediación y contradicción, puesto que el Juez no podrá correr traslado, y conforme la previsión del art. 405 del CPP, solo debe remitir los antecedentes ante el Tribunal de alzada, el que debe escuchar la fundamentación y el contradictorio en audiencia. Lo cual también implica que en este tipo de casos, el juicio de admisibilidad se reduce a verificar que la apelación haya sido activada en audiencia, de manera oral e inmediatamente concluida la lectura de la resolución recurrida; y,
3. c)El Auto de Vista 327/2021 resulta carente de sustento, resultando irrazonable el pretender que la parte recurrente tenga que fundamentar oralmente el recurso, y la solicitud de que se remita los antecedentes al superior en grado, no puede ser considerado como un simple anuncio de que se hará uso del recurso de apelación, pues esa manifestación realizada a la culminación de la lectura de la Resolución recurrida, es la forma de activar dicho recurso, un razonamiento en contrario implicaría colocar obstáculos irrazonable para el acceso a la justicia y para que el superior en grado escuche la fundamentación del agraviado y luego del contradictorio emita un pronunciamiento respecto al fondo de las denuncias; en tales circunstancia resulta evidente la fundamentación indebida, por cuanto la sola cita de las disposiciones legales sin explicar el sentido y alcance sistemático de dicha norma, las exigencias incorporadas se constituyen en obstáculos irrazonables para acceder a una segunda opinión sobre el fondo de lo pretendido.

Los peticionantes alegan la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de impugnación, debida fundamentación y tutela judicial efectiva; toda vez que, habiendo sido declarado infundado el incidente de des incautación que plantearon, por la Jueza a quo, en la misma audiencia de forma oral interpusieron recurso de apelación incidental conforme al art. 404 del CPP; empero los Vocales demandados, mediante Auto de Vista 327/2021, haciendo una interpretación arbitraria del artículo citado, establecieron como requisito que al momento de plantear la apelación incidental debía fundamentarse el recurso de apelación oralmente ante la Jueza de primera instancia, cuando en realidad el referido artículo solo hace mención que concluida la lectura de la resolución puede interponerse el recurso de apelación, sin establecer que debe fundamentarse, siendo que la fundamentación se realizará en audiencia, y es lo que hicieron; con lo cual se les negó se pueda resolver en el fondo la apelación que presentaron; por lo que a través de esta acción de defensa solicitan:

1. 1)Se anule y deje sin efecto el Auto de Vista 327/2021 de 13 de octubre, y,
2. 2)Se disponga que los accionados emitan una nueva Resolución conforme a los fundamentos de la presente acción de amparo constitucional y restablezcan los derechos constitucionales vulnerados, respetando el principio de razonabilidad, legalidad y el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación debida, al derecho al recurso y tutela judicial efectiva.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela, para el efecto se analizarán los siguientes temas:

1. i)La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso;
2. ii)Sobre el derecho a la tutela judicial efectiva;
3. iii)El principio de la impugnación en los procesos judiciales, en especial en los procesos penales; y,
4. iv)Análisis del caso concreto.

1. a)Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales,
2. b)Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes,
3. c)Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto,
4. d)Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales,
5. e)Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada,
6. f)Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.

Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre4 se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre5 la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son:

1. a)El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad;
2. b)Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia;
3. c)Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos;
4. d)Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y,
5. e)La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero²-6.

Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013², señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión:

1. 1)Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten;
2. 2)Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso;
3. 3)Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y,
4. 4)Por la falta de coherencia del fallo, se da: 4.i) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, 4.ii) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio7, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio8, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre9, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo10 señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada.