0666/2023-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0666/2023-S1 Sucre, 22 de junio de 2023

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad

Expediente: 46191-2022-93-AL Departamento: Cochabamba

En revisión la Resolución 01/2022 de 24 de febrero, cursante de fs. 84 a 90 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Milton Quispe Mendoza contra Jhazmany Juan Zenteno Valdez, Juez Técnico del Tribunal de Sentencia Penal Primero; e, Iver Fernando Gonzales Casano, Juez de Instrucción Anticorrupción y Violencia hacia la Mujer Primero; ambos de la Capital del departamento de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 23 de febrero de 2022, cursante a fs. 1 y de fs. 61 a 64 vta., la parte accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra, cuya etapa preliminar y preparatoria se encontraba bajo el control jurisdiccional del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de Cochabamba; el Ministerio Público emitió la Resolución de imputación formal el 31 de agosto de 2021, por lo que en Audiencia de aplicación de medidas cautelares de 1 de septiembre del mismo año, se determinó su detención preventiva por cinco meses en el Centro Penitenciario de El Abra del citado departamento, fijándose Audiencia para resolver su situación jurídica por cumplimiento del plazo para el 1 de febrero de 2022.

Un día antes de desarrollarse dicha audiencia, es decir el 31 de enero del citado año, la representante del Ministerio Público Elizabeth Vilcaez Flores, emitió la Resolución de acusación formal en su contra, motivo por el que la Audiencia que debía desarrollarse el 1 de febrero de 2022 fue suspendida por el Juez de Instrucción Anticorrupción y Violencia hacia la Mujer Primero del departamento de Cochabamba; indicando que, como consecuencia de la referida Resolución de acusación, previo sorteo, el 31 de enero del citado año, se remitieron los actuados del proceso a conocimiento del Tribunal de Sentencia Primero del departamento de Cochabamba, por lo que su juzgado había perdido competencia, de tal manera que dicha Audiencia debía llevarse a cabo ante la nueva autoridad a cargo del caso; sin considerar que el mencionado Tribunal de Sentencia, aún no había radicado el proceso; y que, la Audiencia debía desarrollarse con excepcional celeridad para dilucidar la posible libertad del imputado.

En consecuencia, amparado en el art. 239.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), el 10 de febrero de 2022, presentó un memorial al Tribunal de Sentencia Penal Primero del departamento de Cochabamba, solicitando se señale audiencia para resolver su situación jurídica por cumplimiento de plazo, toda vez que el referido Tribunal contaba con los actuados del proceso desde el 31 de enero de mismo año; recibiendo como respuesta, el decreto de 15 de febrero del mencionado año; por el cual se le señaló que, revisado el cuadernillo procesal, se verificó que la causa no se encontraba radicada en dicho Tribunal por observaciones efectuadas en la Providencia de 1 de febrero de 2022, motivo por el que no era posible asumir determinación jurisdiccional alguna, señalando que debería acudirse al Juzgado donde se desarrolló la etapa preparatoria. Dicha providencia de 1 de febrero de 2022, solo fue puesta a conocimiento del Ministerio Público, y no así al referido Juzgado de origen, ni mucho menos a las partes, con lo que se generó que en su condición de imputado, no pueda contar con una autoridad jurisdiccional a cargo de su proceso a quien pueda pedir el resguardo de sus derechos.

De donde se advierte que las autoridades demandadas niegan la realización de la Audiencia de consideración de su situación jurídica, a pesar de haber transcurrido veintidos días después del plazo de su detención preventiva, existiendo una ilegal detención al no obrar con celeridad, ya que el Juez de Instrucción Anticorrupción y Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de Cochabamba suspendió y negó desarrollar la referida audiencia de 1 de febrero de 2022 a pesar de que todavía tenía el conocimiento del proceso; y, sin que el Tribunal de Sentencia Penal Primero haya declarado la radicatoria de la causa, lo que evidencia que las autoridades demandas están actuando al margen de la ley por violación y dilación indebida en el desarrollo y señalamiento de Audiencia de consideración de su situación jurídica por vencimiento del plazo de la detención preventiva en virtud del art. 239.2 del CPP.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante alegó como vulnerados sus derechos al debido proceso en su elemento de celeridad, a la libertad y al acceso a la justicia, citando al efecto los arts. 23.I, 115 y 125 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela solicitada y en consecuencia se disponga "Ordenar a que el juzgado o tribunal a conocimiento del proceso, señale inmediatamente día y hora de audiencia de Consideración de Situación jurídica del Imputado, por vencimiento del plazo de la detención preventiva o Audiencia de Cesación a la Detención Preventiva en virtud al numeral 2 del artículo 239 del Código de Procedimiento Penal" (sic).

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

La audiencia virtual de la presente acción de defensa, se celebró el 24 de febrero de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 83 y vta., produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

I.2.3. Intervención del Ministerio Público

I.2.4. Resolución

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursa en el expediente, se establece las siguientes conclusiones:

II.1. A través de Memorial de 31 de agosto de 2021, Elizabeth Vilcaez Flores, Fiscal de Materia procedió a la imputación formal de Milton Quispe Mendoza por la presunta comisión del "delito de Violación en estado de inconciencia" (sic) previsto por el art. 308 con la agravante del art. 310 inc. m) del CP; asimismo solicitó medidas cautelares de carácter personal consistente en la detención preventiva del imputado por cinco meses (fs. 5 a 7). Por Decreto de 1 de septiembre de 2021, emitido por el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de Cochabamba, señaló audiencia de medidas cautelares personales para el 1 de septiembre de 2021 (fs. 8).

II.2. Se advierte Acta de audiencia presencial de aplicación de medidas cautelares personales de 1 de septiembre de 2021, donde se emitió Resolución disponiendo la detención preventiva del imputado Milton Quispe Mendoza en el Centro Penitenciario de El Abra "otorgando el plazo de 5 meses a efectos de que se culmine con la etapa investigativa por parte del Ministerio Público y la detención preventiva" (sic); asimismo señaló audiencia para el 1 de febrero de 2022, a efectos de disponer la situación jurídica el imputado (fs. 13 a 14 vta.). En consecuencia, el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de Cochabamba, emitió el Mandamiento de detención preventiva de 1 de septiembre de 2021, a efectos de ejecutar el referido mandamiento y conducir a Milton Quispe Mendoza al Centro Penitenciario de El Abra del departamento de Cochabamba, en cumplimiento al Auto de 1 de septiembre de 2021 (fs. 16).

II.3. Se evidenció Acusación formal de 28 de enero de 2022, presentada ante el Juez de Instrucción Anticorrupción y Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de Cochabamba; por la cual Elizabeth Vilcaez Flores, Fiscal de Materia, acusa formalmente a Milton Quispe Mendoza por el delito de violación de infante, niña, niño y adolescente comprendida en el art. 308 Bis del CP, por la que solicitó se dice Auto de Apertura de Juicio; y, concluido el debate se dicte sentencia condenatoria imponiéndole pena de privación de libertad en la cárcel pública de la ciudad de Cochabamba (fs. 40 a 43). Consecuentemente, por Auto de 31 de enero de 2022, el referido Juez ordenó la remisión de la acusación formal y actuados pertinentes ante el Tribunal de Sentencia de Turno conforme a procedimiento por Secretaría (fs. 44). Auto que fue notificado a las partes y a la fiscal de materia el 31 de enero de 2022 (fs. 45 a 47).

II.4. Cursa Acta de suspensión de audiencia de reconsideración de la situación jurídica de 1 de febrero de 2022, en la cual se advierte que el Juez de Instrucción Anticorrupción y Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de Cochabamba, decretó señalando que de lo informado por secretaría y los datos del proceso, el Ministerio Público ya presentó la acusación, la cual fue remitida ante el Tribunal de Sentencia Primero, por lo que a objeto de poder considerar la situación jurídica del imputado, sea ante la autoridad competente toda vez que el referido juez ya perdió competencia (fs. 37).

II.5. Mediante Memorial de 10 de febrero de 2022, presentado el 14 de febrero del citado año, ante el Tribunal de Sentencia Primero del departamento de Cochabamba, Milton Quispe Mendoza solicitó señalamiento de día y hora de audiencia de consideración o reconsideración de su situación jurídica por vencimiento de plazo (fs. 48 y vta.); respondido mediante Providenciada de 15 de febrero de 2022, por la cual Mauricia Mamani Ortega Secretaria Abogada del Tribunal de Sentencia Primero del departamento de Cochabamba, señaló que "De la revisión del cuadernillo procesal, se verifica que la causa no se encuentra radicada en éste Tribunal por las observaciones efectuadas en la providencia del pasado 1 de febrero, por ello no es posible asumir determinación jurisdiccional alguna, conforme a la 0SCP Nº 0880/2015-S1 de 22 de septiembre; por lo que ésta parte procesal deberá acudir al Juzgado de Instrucción Penal donde se desarrolló la etapa preparatoria" (sic [fs. 50]).

II.6. Por Decreto de 16 de febrero de 2022, emitido por el Tribunal de Sentencia Primero del departamento de Cochabamba, entre otros, se ordenó la radicatoria de la causa 301102072101269, seguida por el Ministerio Público contra Milton Quispe Mendoza por la presunta comisión del delito de Violación Infante, Niña, Niño o Adolescente previsto y sancionado por el art. 308 del CP. (fs. 79 y vta.); Notificado a las partes el 23 de febrero de idéntico año a horas 17:01(fs. 82).

II.7. Cursa Formulario del Sistema integrado de Registro Judicial por el que se advierte la acción de libertad interpuesta por Milton Quispe Mendoza contra Jhazmany Juan Zenteno Valdez, Juez de Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital; e, Iver Fernando Gonzales Casano, Juez de Instrucción Anticorrupción y Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital; ambos, del departamento de Cochabamba; el 23 de febrero de 2022 a horas 12:00 (fs. 1).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. La legitimación pasiva en la acción de libertad y las sub reglas para su flexibilización conforme al principio de informalismo

Respecto a la legitimación pasiva en acción de libertad es importante establecer que la misma recae en la autoridad o persona particular que incurrió en el acto ilegal o la omisión indebida y de cuya acción u omisión se advierta la vulneración del derecho a la vida, a la libertad física y de locomoción.

En ese sentido, para la procedencia de ésta acción tutelar es imprescindible que esté dirigida contra la persona que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto, la legitimación pasiva en la acción de libertad, es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción de defensa, ahora bien, también es preciso aclarar que la inconcurrencia de este presupuesto neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados.

Desarrollo jurisprudencial que se encuentra plasmado en la 0SC 1651/2004- R de 11 de octubre, que razonó en sentido que en la acción de libertad es imprescindible que la misma esté dirigida contra la autoridad que cometió el acto ilegal o la omisión indebida lesiva del derecho a la libertad, ya que la inobservancia de este entendimiento, en aplicación del presupuesto procesal de la legitimación pasiva, impide al control de constitucionalidad ingresar al análisis de fondo de la problemática, entendimiento que fue ratificado en la SCP 0330/2013-L de 16 de mayo, que señaló que no existe legitimación pasiva cuando la autoridad o persona demandada no participó en la vulneración de los derechos invocados.

Entendimiento que ha sido reiterado en la amplia jurisprudencia de este Tribunal como ser en la SCP 0018/2012 de 16 de marzo, que precisa que para la procedencia de esta acción tutelar es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales.

Como se puede advertir, la jurisprudencia señala que, no existe legitimación pasiva cuando la autoridad o persona demandada no participó en la vulneración de los derechos alegados, razonamiento que se mantuvo a lo largo de la historia de la jurisprudencia constitucional.

El mismo razonamiento fue seguido por la SCP 1055/2016-S1 de 26 de octubre, al señalar:

"Con relación a la legitimación pasiva el art. 125 de la CPE, establece que la acción de libertad podrá ser planteada por cualquier persona que considere que su vida está en peligro, o que esta ilegalmente perseguida, indebidamente procesada o privada de su libertad personal, a cuyo efecto, deberá dar cumplimiento a lo previsto por el art. 126.1 de la Norma Suprema, que prevé que una vez interpuesta la acción de defensa se citará ya sea de forma personal o por cédula, a la autoridad o persona denunciada; en ese contexto normativo, se concluye que la legitimación pasiva recae sobre la persona particular o servidor público que hubiere incurrido en un acto ilegal u omisión indebida, que restringió, suprimió o amenazó los derechos protegidos por ésta acción tutelar".

III.4.1. Subreglas de flexibilización de la legitimación pasiva conforme al principio de informalismo

En ese contexto, siendo que la jurisprudencia es dinámica y la labor de este Tribunal es velar por la vigencia plena de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales, conforme al principio de informalismo, se fueron generando subreglas de flexibilización a la legitimación pasiva, así en la 0SC 0945/2004-R de 17 de junio, que resolvió un caso donde se hizo evidente la aprehensión y luego la detención indebida e ilegal del accionante, empero, los funcionarios demandados carecían de legitimación pasiva, ante tal evidencia de la detención ilegal, concedió la tutela sin responsabilidad, disponiendo la libertad inmediata del impetrante de tutela, razonando que:

"Si bien es cierto que los funcionarios, contra quienes se planteó el recurso, carecen de legitimación pasiva para ser recurridos; no es menos evidente que estando debidamente acreditado que el recurrente fue aprehendido, luego detenido indebida e ilegalmente, corresponde otorgar la tutela solicitada, ello en sujeción a la jurisprudencia establecida por este Tribunal en sentido de que siendo cierta la detención ilegal acusada, a pesar de la falta de legitimación pasiva de la autoridad recurrida, se declara procedente el hábeas corpus sin responsabilidad, disponiendo la libertad inmediata del recurrente" (Las negrillas son añadidas).

Esta sub regla de flexibilización generada en la Sentencia Constitucional citada, fue modulada por la 0SC 1651/2004-R de 11 de octubre, misma que, razonó que dicha sub regla no podía tener alcances ilimitados, toda vez que fue creada para su aplicación excepcional en los supuestos donde por error se dirigió el recurso contra una autoridad distinta, pero de la misma institución, rango o jerarquía e idénticas atribuciones, a la que cometió el acto u omisión ilegal, y siempre y cuando el acto u omisión este plenamente demostrado y sea evidentemente ilegal; señalando al respecto:

"...corresponde precisar que la aplicación de esta sub-regla de derecho no puede tener alcances ilimitados, puesto que la misma ha sido creada, única y exclusivamente, para resolver de manera excepcional aquellos supuestos en los que el recurso, por error en la identidad, es dirigido contra una autoridad distinta pero de la misma institución, rango o jerarquía e idénticas atribuciones, a la que cometió efectivamente el acto ilegal, y sólo cuando éste es manifiestamente contrario a la ley y existen los elementos de convicción pertinentes que lo acrediten; no siendo aplicable a otras situaciones en las que no se aprecie tal error y existe la necesidad de contar con mayores elementos de convicción para acreditar la existencia del acto ilegal".

En tal sentido, si bien este entendimiento fue reiterado en las 0SSCC 1800/2004-R y 00979/2005-R, empero, la 0SC 0192/2010-R de 24 de mayo1, bajo un criterio restrictivo y partiendo de la regla general que establece que, para que se adquiera la legitimación pasiva debe existir coincidencia o correspondencia entre la persona, autoridad o funcionario contra quien se interpuso la acción de defensa, con quien efectivamente causó la supuesta lesión a derechos, resaltando que dicha exigencia es mayor cuando la acción de libertad emerge de un proceso judicial ordinario, debiendo el accionante cumplir necesariamente con la legitimación pasiva; no obstante dicho retroceso respecto a esta subregla de la legitimación pasiva, la SCP 0066/2012 de 12 de abril, entendiendo que el principio de informalismo se encuentra acorde a la naturaleza jurídica de la acción de libertad, en función a los derechos que alcanzan su ámbito de protección, acogiendo los entendimientos de la 0SC 1651/2004-R de 11 de octubre, recondujo los mismos estableciendo que:

"Bajo la característica del informalismo de la acción de libertad mencionada y remitiéndonos a la jurisprudencia constitucional, se ha establecido que, cuando la acción referida se dirige, por error, contra una autoridad diferente a la que causó la lesión, pero de la misma institución, rango o jerarquía e idénticas atribuciones, es posible conceder la tutela, si se verificase lesión al derecho a la libertad personal. La aplicación del referido razonamiento, no es viable cuando la presunta lesión de restricción de libertad o su amenaza, hubiese sido dispuesta u ordenada, por una autoridad distinta a la demandada y que además no pertenezca a la misma institución o fuera de rango, jerarquía o atribuciones distintas que el demandado (Razonamiento asumido por las 0SSCC 0790/2010-R y 01094/2010-R)" (Las negrillas son añadidas).

Consecuentemente, la línea jurisprudencial asumida en la 0SC 1651/2004-R, reconducida por la SCP 0066/2012, que establecen que en las acciones de libertad dirigidas por error contra una autoridad judicial diferente a la que causó la lesión, pero esta es de la misma institución, además ostenta el mismo rango y jerarquía, y tiene idénticas atribuciones; se aplica la excepción a la legitimación pasiva, en virtud del principio de informalismo, a efectos de garantizar la efectividad del derecho de libertad, a la luz del nuevo modelo constitucional garantista y progresivo que busca la materialización de los derechos y garantías fundamentales.

Siguiendo el análisis dinámico sobre la línea de la legitimación pasiva en las acciones de libertad y los supuestos para su flexibilización, concierne referirnos a otra subregla desarrollada esta vez, en la 0SC 0358/2005-R de 12 de abril, que fundo que en el habeas corpus, ahora acción de libertad, no era necesario demandar a todas la autoridades que suscribieron la resolución traducida en el acto ilegal, sino que era suficiente indicar y demostrar fehacientemente la existencia del acto ilegal para la procedencia de dicha acción tutelar; señalando al respecto que:

"...en el recurso de hábeas corpus no es necesario que se recurra a todas las autoridades que firman la resolución que se acusa como lesiva a los derechos y garantías bajo protección de este recurso, pues basta con que se acuse el acto y se lo demuestre de forma fehaciente para obtener la tutela, lo que significa que la omisión en recurrir a todas las autoridades que incurrieron en la persecución, aprehensión, detención, apresamiento o procesamiento indebidos o ilegales, no impide a este Tribunal ingresar a realizar el análisis de fondo de la lesión denunciada, por lo mismo no corresponde un rechazo inmediato ante la presentación del recurso, sino estudiar las pruebas aportadas por la parte recurrente y resolver la problemática declarándola procedente o improcedente" (las negrillas nos pertenecen).

En esa misma línea la 0SC 1178/2005-R de 26 de septiembre, siguiendo dichos razonamientos y en atención a la esencia de la acción de libertad que está regida por el principio de informalismo en cuya aplicación ha eximido del cumplimiento de ciertos formalismos a las personas que activan esta acción de defensa constitucional, conforme a la finalidad que persigue y los derechos que tutela, estableciendo que la omisión del recurrente de plantear la acción de libertad contra todos los integrantes de un Tribunal colegiado, no impide a este Tribunal ingresar a la compulsa de fondo de la misma, al indicar que:

"La obligación de demandar a todos los miembros de un tribunal colegiado no es exigible en materia de hábeas corpus, sino únicamente en el recurso de amparo constitucional, que tiene naturaleza distinta al recurso planteado, por lo mismo no es de aplicación a éste, pues la Ley del Tribunal Constitucional como la doctrina constitucional emitida por esta jurisdicción ha eximido a la persona que recurra en hábeas corpus del cumplimiento de ciertos formalismos atendiendo la esencia del mismo y los fines que persigue; por consiguiente, la omisión del recurrente de plantear el hábeas corpus contra todos los integrantes del Tribunal Cuarto de Sentencia, no impide a este Tribunal ingresar a la compulsa de fondo del recurso, salvo que exista alguna otra omisión de parte del recurrente que haga imposible realizarla. Así, la 0SC 0360/2005-R, de 12 de abril; sin embargo, ello determina que bajo el principio general de que las concurrencias de un fallo judicial sólo alcanza a quienes participaran en la litis; en caso de procedencia, no se puede declarar responsables a las autoridades que no fueron demandadas".

Razonamiento asumido y reiterado en la 0SC 0331/2011-R de 1 de abril y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1178/2012 de 6 de septiembre, 0048/2015-S1 de 6 de febrero, 0631/2015-S1 de 15 de junio, 0SCP 0345/2016-S2 de 18 de abril, 00548/2019-S2 de 17 de julio y 00427/2020-S1 de 2 de septiembre.

En ese entendido, se tiene claro que la regla general respecto a la legitimación pasiva en la acción de libertad requiere la coincidencia entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la lesión a los derechos denunciados y aquella contra quien se dirige la acción tutelar; en consecuencia, para la procedencia de la misma es imprescindible que este dirigida contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento, apresamiento indebidos o ilegales; sin embargo, conforme al análisis dinámico efectuado precedentemente sobre las subreglas de flexibilización de la legitimación pasiva, se ha podido advertir que este Tribunal Constitucional a partir de su labor interpretativa y del análisis progresivo del art. 125 de la CPE, fue generando estas subreglas, en función a la naturaleza de la acción de libertad y el principio de informalismo que caracteriza a la misma, principio que se constituye en el sustento principal para garantizar tanto la efectividad como el ejercicio de los derechos que se encuentran dentro el ámbito de protección de esta acción de defensa, como la libertad física o de locomoción, la vida y la salud, mismos que adquieren una amplia relevancia constitucional a la luz de la Constitución Política del Estado; por lo que, la flexibilización de la legitimación pasiva en la acción de libertad procede entre otros en los siguientes supuestos:

Entendimientos asumidos y aplicados en las acciones de libertad que justifican dicho razonamiento a partir del principio de informalismo.

III.2. Competencia para conocer solicitudes en relación a la aplicación o modificación de las medidas cautelares ante la interposición de la acusación fiscal

Las medidas cautelares tienen como finalidad garantizar el desarrollo del proceso hasta su conclusión, evitando los distintos peligros procesales que tienden a entorpecer su normal desarrollo; así entre ellas, las medidas cautelares de carácter personal entendidas universalmente como aquellas que restringen y afectan derechos, uno de ellos la libertad, considerado como un bien jurídico mayor del ser humano; por lo tanto, la aplicación, modificación o sustitución de estas medidas cautelares, adquiere mayor relevancia precisamente por las consecuencias que su aplicación implica para el ciudadano en su desigual relación con el Estado, por lo que este, tiene el deber de garantizar que su tratamiento observe el debido proceso y el acceso a una justicia pronta y oportuna, finalidad que parte esencialmente del art. 22 de la CPE que sienta las bases generales del trato que todo ser humano merece dada esa su condición en relación al Estado, cuando señala que: "La dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado".

A partir de allí, y considerando el espíritu de la norma fundamental, el legislador ha previsto en la Ley 1970 el tratamiento del régimen cautelar, norma que fue sufriendo modificaciones precisamente con el fin del resguardo y protección de estos derechos fundamentales consagrados en la Constitución; bajo ese mismo fin su máximo guardián e intérprete como es el Tribunal Constitucional, fue velando por la efectivización en la práctica, de determinadas garantías y principios constitucionales, generando a través de la jurisprudencia interpretaciones de varias normas del Código de Procedimiento Penal, generando reglas, sub reglas, a efectos de que su aplicación, sobre todo en cuanto al régimen de las medidas cautelares, considerando el bien jurídico que se tiene involucrado, merezca una atención primordial y con la debida celeridad.

En ese fin, este Tribunal cumpliendo dicha labor, en casos en los que se presentó un conflicto de competencia2 cuando Juez de control jurisdiccional se consideró incompetente para resolver solicitudes de medidas cautelares al haberse presentado la acusación, se ha pronunciado, estableciendo la permisibilidad de que un juez incompetente resuelva las solicitudes de aplicación de la detención preventiva, ello, en consideración a la importancia de la libertad de las personas como un derecho fundamental; así se tiene a la 0SC 0487/2005-R de 6 de mayo, que resolviendo dicho supuesto señalo:

"Situación agravada con el hecho de que el mismo día señalado para la audiencia de consideración de cesación de detención preventiva, se sorteó la causa al Tribunal Tercero de Sentencia, a raíz de la acusación formal presentada por el Ministerio Público contra el recurrente y otros co imputados el día 29 de marzo de 2005; motivo por el cual la autoridad recurrida se negó a considerar la solicitud con el argumento de haber perdido competencia; cuando al margen de la demora injustificada, debió proceder a su consideración, sobre todo tomando en cuenta que ya existía audiencia señalada al efecto y todavía no se procedió a la radicatoria de la causa ante el mencionado Tribunal de Sentencia, toda vez conforme lo ha establecido este Tribunal de conformidad al art. 54.1 del CPP, en relación a los arts. 302 y 223 del CPP, la autoridad competente para resolver la aplicación, modificación o sustitución de medidas cautelares y sus emergencias, en la etapa preparatoria, es el Juez de Instrucción en lo Penal que está a cargo del control jurisdiccional de la investigación. Concluida esta etapa y presentada la acusación, es competencia del Juez o Tribunal de Sentencia que conoce la causa, tramitar las solicitudes sobre la aplicación o modificación de dichas medidas cautelares, (...)".

En esta misma línea la 0SC 1584/2005- R de 7 de diciembre, siguiendo el entendimiento de la precitada Sentencia Constitucional, al considerar que el derecho a la libertad no solo es un bien primario sino fundamental, complemento esta posibilidad de que el juez de instrucción penal pueda resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva, aunque se hubiera presentado la acusación; siempre y cuando no haya radicado la causa en un determinado tribunal de sentencia penal; señalando al efecto que:

"Considerando la importancia del derecho a la libertad física no sólo primario sino fundamental, es permisible que un juez incompetente resuelva la solicitud de aplicación de la detención preventiva en un primer momento de la investigación, debiendo inmediatamente de realizado dicho acto remitir las actuaciones al asiento judicial donde debe ejercerse el control jurisdiccional.

Ahora bien, cuando se trata de una solicitud de cesación, también es posible que un Juez a cargo del control jurisdiccional pueda resolver dicha solicitud aún ya se hubiera presentado la acusación, pero siempre que no se hubiera radicado la causa en un determinado tribunal, así se colige del razonamiento aplicado por este Tribunal, que otorgó tutela en una problemática donde el Juez cautelar al margen de no señalar con la celeridad necesaria la audiencia para considerar la cesación solicitada se declaró incompetente por presentarse la acusación, así la 0SC 487/2005-R, de 6 de mayo que dice:

(...)