0669/2019-S3

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0669/2019-S3 Sucre, 4 de octubre de 2019

SALA TERCERA Magistrado Relator: MSc. Paul Enrique Franco Zamora Acción de amparo constitucional

Expediente: 29026-2019-59-AAC Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 1/2019 de 30 de abril, cursante de fs. 53 a 55 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Victoria Yujra Mamani contra Samuel Quito Quispe y Elías Romero, Presidentes del Consejo de Administración y Vigilancia respectivamente, de la Cooperativa Minera Aurífera "24 de Junio" Limitada (Ltda.) del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memoriales presentados el 3 y 24 de abril de 2019, cursantes de fs. 29 a 36 vta. y 38 a 44 vta., la accionante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 8 de marzo de 2011, falleció su hijo Jhoser Joel Quito Yujra, conforme acredita la documentación que adjunta, quien fue socio de la Cooperativa demandada y miembro de la comunidad Agraria Ingenio -del cantón Yani de la provincia Larecaja del departamento de La Paz-. Ante su muerte y cumplidos los procedimientos de la norma civil, la declaratoria de herederos se elevó a instrumento público a través del Testimonio 384/2016 de 2 de agosto, tal como rezan los arts. 1097 y 1101 del Código Civil (CC); 92.c de la Ley del Notariado Plurinacional (LNP) y 109 de su Decreto Reglamentario. Acreditada su cualidad jurídica, el 9 de junio de 2016, se apersonó ante el Presidente del Consejo de Administración de la citada Cooperativa, solicitando su incorporación y registro como heredera por la vía de sucesión legal forzosa en representación del socio extinto, de acuerdo al procedimiento administrativo previsto para el efecto.

Existiendo la debida legitimidad en la solicitud de incorporación, tanto el Presidente como los representantes de la Cooperativa, denegaron dicho pedido de manera injustificada, entorpeciendo y limitando el ejercicio de la potestad adquirida por sucesión legal, vulnerando su derecho al trabajo que le corresponde por tutela constitucional como continuadora de la personalidad de su causante; ello sumado al transcurso del tiempo cuya demora no solo significa un peligro para sus intereses, sino que configura un desconocimiento de sus derechos legítimos, tal como prevé el art. 56.III.1 -siendo lo correcto 56.III- de la Constitución Política del Estado (CPE) concordante con el art. 1000 del CC que estipula que la sucesión de una persona se abre con su muerte real o presunta, extremo limitado y desconocido en forma arbitraria; ya que los representantes de la Cooperativa demandada, hicieron caso omiso a sus reclamos y solicitudes de incorporación como socia y restitución de sus derechos y obligaciones, negándole sus derechos sucesorios, al trabajo, a la remuneración, a la alimentación y a la manutención para sí y sus hijos menores de quienes ella es la única responsable, encontrándose en una situación de necesidad por no poder dar una vida digna a los mismos.

El desconocimiento de su derecho al trabajo y a la sucesión hereditaria por parte de las personas demandadas, se contrapone a lo dispuesto por el art. 55 de la CPE, que establece al sistema cooperativo como una instancia sustentada en los principios de solidaridad, igualdad, reciprocidad entre otros; empero la mencionada Cooperativa incumplió dichos preceptos porque la desconocen como heredera e invalidan que su hijo fallecido con esfuerzo obtuvo las acciones que hoy le son negadas a pesar de la sucesión legal acreditada.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La accionante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, a la sucesión hereditaria y al trabajo, citando al efecto los arts. 13.I y II, 56.III, 115, 116, 117.I, 180 y 410 CPE.