0671/2019-S3

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0671/2019-S3 Sucre, 4 de octubre de 2019

SALA TERCERA Magistrado Relator: MSc. Paul Enrique Franco Zamora Acción de amparo constitucional

Expediente: 25902-2018-52-AAC Departamento: Tarija

En revisión la Resolución de 22 de agosto de 2019, cursante de fs. 3857 a 3868 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Mario y Miguel Ángel, ambos Fernández Cari, María Angélica Segovia Condori de Vasvaldo, Wálter Ozuna Fernández, Santos Mackiver Copa López, Teófilo Cayo Mamani, Osmar Martínez Vásquez, Ramiro Mamani Benito y Antonio Ibañez Espinoza contra Alejandra Ortiz Gutiérrez, Vocal de la Sala Mixta Civil Comercial de Familia Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica Pública Primera y Adolfo Irahola Galarza, Vocal de la Sala Social y Administrativa, ambos del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y, Loida Rita Iriarte Ramos, Jueza Pública Civil y Comercial Primera en suplencia legal de su similar Decimoprimero de la Capital del mismo departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 21 y 28 de septiembre de 2018, cursante de fs. 1771 a 1811 vta., y 1816 a 1821 vta., los accionantes expresaron los siguientes fundamentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Son beneficiarios de la "...AGRUPACIÓN 4 DE MARZO..." (sic) y les fueron transferidos cien lotes de terreno, en los que luego de haber sido individualizados construyeron sus viviendas; por lo que, actualmente son poseedores y ocupantes de los mismos. A pesar de ello, no fueron tomados en cuenta como demandados en el proceso de interdicto de recobrar la posesión, causándoles indefensión.

Anoticiados de la Sentencia de 12 de agosto de 2016, que declaró probada la demanda de interdicto señalada, en la que se dispuso la inmediata restitución de los terrenos que fueron objeto del litigio; y, para que no surja efectos contra ellos, plantearon recurso de apelación que fue sustanciado ante el Tribunal ad quem emitiendo el Auto de Vista SC1 361-AV 212/2016 de 30 de noviembre, que confirmó totalmente el referido dictamen, sin determinar nada respecto a los alcances en relación a los terceros interesados que no intervinieron en el proceso; es decir, que la referida Sentencia surtió efectos inter partes. El Juez Público Civil y Comercial Decimoprimero de la Capital del departamento de Tarija, pronunció los Autos Interlocutorios de 10 y 14 de febrero de 2017, disponiendo se libre mandamiento de desapoderamiento contra terceros, decisión que fue objetada por los ahora accionantes.

Por memorial de 17 de febrero de 2017, plantearon recurso de reposición bajo alternativa de apelación contra los referidos Autos Interlocutorios; impugnación que fue resuelta mediante Auto de Vista SC1-AV-34/2018 de 29 de marzo, por la Sala Mixta Civil Comercial de Familia Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, confirmando el dictamen cuestionado e incurriendo en incongruencia omisiva, porque no identificó ni respondió a todos los agravios expresados en el mencionado recurso, vulnerando de esta manera el debido proceso.

En el memorial de recurso de reposición con alternativa de apelación, expresaron un total de siete agravios, de los cuales en el Auto de Vista refutado sólo se identifican y responden parcialmente a los incs. b) y e), omitiendo los incs. a), c), d), primera parte del inc. e) y los dos últimos señalados en los dos párrafos finales de la impugnación, incumpliendo con la congruencia exigida por el art. 265.I del Código Procesal Civil (CPC), de manera citra petita, el cual se observa cuando el Tribunal de alzada omite decidir sobre cuestiones expresadas por la parte apelante. Asimismo, se advierte una carencia de fundamentación y motivación, ya que se limitaron a realizar una mera relación de los dos agravios mencionados.

La parte resolutiva de la Sentencia dictada en el proceso de referencia es muy ambigua, ya que declara probada la demanda de interdicto de recobrar la posesión y "...dispone la inmediata restitución de los terrenos que han sido objeto de litis (dos hectáreas) ubicado en la zona de Lourdes de la ciudad de Tarija..." (sic), bajo apercibimiento de librarse mandamiento de desapoderamiento o lanzamiento en caso de desobediencia; empero, no especifica dimensiones laterales, límites ni colindancias. De igual modo, no contiene decisiones expresas, positivas y precisas respecto a las seis personas demandadas que contestaron la demanda allanándose y tampoco respecto a las otras trece que respondieron negativamente, y peor aún en relación a tres sujetos que en la parte considerativa no se los menciona. Lo mismo sucede respecto a quienes no siendo emplazados se apersonaron en calidad de terceros interesados y plantearon incidente de nulidad de obrados, pues no se definió si se aceptó o no su intervención como tales y menos si los efectos de la Sentencia de 12 de agosto de 2016, alcanza a ellos.

Asimismo, a través de providencias de 10 de mayo y 11 de julio, ambas de 2018, la Jueza Pública Civil y Comercial Primera en suplencia legal de su similar Decimoprimero de la Capital del referido departamento -ahora codemandada-, ordenó se de curso al "...mandamiento de desapoderamiento..." (sic), que resulta inejecutable porque afectaría derechos fundamentales y garantías constitucionales de personas ajenas a la demanda de interdicto de recobrar la posesión, los cuales no son parte del mismo entre las que estarían mujeres, adultos mayores, niños, niñas y adolescentes.

Existe un proceso de nulidad de contrato -donde está incluida la parte demandante del proceso de interdicto de recobrar la posesión- sobre los mismos terrenos objeto del litigio, que definirá la titularidad de éstos; empero, ante la inminencia de ejecutarse el "...mandamiento de desapoderamiento..." (sic) que afecta su derecho a la vivienda familiar digna, solicitan se haga la excepción del principio de subsidiariedad y se otorgue tutela provisional.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Los accionantes alegan la lesión de sus derechos al debido proceso en su triple dimensión como derecho-garantía-principio, en sus elementos de una debida fundamentación, motivación y congruencia, a la tutela judicial efectiva, de acceso a la justicia, a la impugnación, a la eficacia jurídica de los fallos ejecutoriados pasados en autoridad de cosa juzgada, a la petición y a una vivienda digna; así como los principios de proporcionalidad, razonabilidad, justicia material y supremacía constitucional; y, los valores de igualdad, equilibrio y justicia social, instituidos como base del Estado; citando al efecto los arts. 8.II, 19, 24, 115.II, 117.I, 119.II, 137 y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).