Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0672/2026-S2 Sucre, 15 de abril de 2026
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional
Expediente: 56403-2023-113-AAC Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 118/2023 de 12 de junio, cursante de fs. 206 a 211 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Mabel Guisela Orozco Villa contra Amelia Juana Mújica Santalla, Jueza Pública de Familia Primera de la Capital del departamento de La Paz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 26 de abril y 18 de mayo de 2023, cursantes de fs. 163 a 177 y 179 a 193, la accionante manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción Concluido el proceso de divorcio seguido por José Luis Quiroga Altamirano -hoy tercero interesado-, solicitó la aprobación de la liquidación de asistencia familiar a favor de sus dos hijos. En dicho trámite, planteó incidente de recusación contra Amelia Juana Mújica Santalla, Jueza Pública de Familia Primera de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandada-, argumentando parcialización, favorecimiento, retardación de justicia y uso de influencias con la parte contraria; sin embargo, los Vocales de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, rechazaron dicho incidente mediante Resolución R-364/2021 de 10 de agosto, y le impusieron una multa equivalente a tres días de haber de la jueza demandada -ascendente a Bs1 526.- (un mil quinientos veintiséis bolivianos)-, de conformidad con el art. 5.1 del Reglamento de Multas Procesales del Órgano Judicial, aprobado por Resolución de Directorio de la Dirección Administrativa y Financiera (DAF) 070/2013 de 9 de julio. Posteriormente, interpuso recurso de compulsa en relación al pago de gastos extraordinarios; por lo cual, los Vocales de la Sala Civil Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 278/2022 de 25 de agosto, declararon ilegal el mismo y le impusieron una multa de Bs300.- (trescientos bolivianos), en favor del Tesoro Judicial, conforme al art. 223.VIII del Código Procesal Civil (CPC).
La autoridad judicial demandada le impidió la prosecución del proceso, debido a que condicionó la consideración de sus memoriales al pago previo de las multas que se le impusieron, y omitió considerar las necesidades de los menores de edad beneficiarios de la asistencia familiar; y, por la limitación de sus recursos no pudo cumplir con dicha obligación, en respuesta, la Jueza demandada emitió la providencia de 13 de octubre de 2022; por la cual, la conminó, a que en el plazo de tres días realice el pago de las sanciones impuestas.
A través del decreto de 25 de octubre de 2022, la autoridad demandada dispuso que Plataforma de Servicio de Atención al Público del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no reciba sus memoriales ni los de su abogado; por ende, presentó un reclamó ante el Consejo de la Magistratura, siendo que en todas las ventanillas de recepción de memoriales se pegó su fotografía para que no acepten los memoriales relativos al proceso de divorcio ni de otros en los que es abogada, lo que constituye una medida de hecho, debido a que la Jueza demandada se constituyó en jueza y parte para llevar adelante una demanda coactiva de pago de multas en su contra.
La restricción referida, no permitió su defensa ante la demanda de 20 de octubre de 2022, sobre la modificación del régimen de visitas formulada por el padre de sus hijos; consecuentemente, presentó la contestación a la misma en la audiencia reservada presencial de 8 de noviembre de igual año, que no fue recibido por el Encargado de recepción de memoriales; en consecuencia, la Jueza demandada, le indicó que debido a su negligencia en el pago de las multas, no se le recibió el memorial; y, en actuaciones posteriores se le negó el derecho a presentar pruebas de descargo.
I.1.2. Derecho, garantía y principio supuestamente vulnerados
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