Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0675/2019-S1 Sucre, 7 de agosto de 2019
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad
Expediente: 28302-2019-57-AL Departamento: Potosí
En revisión la Resolución 003/2019 de 28 de marzo, cursante de fs. 296 a 308, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Sergio Orlando Iporre Llano en representación sin mandato de Nelly Julia Villanueva Gareca contra Julio Alberto Miranda Martínez y María Cristina Montesinos Rodríguez, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; y, Edgar Jesús Encinas Chuquisea, Juez Público Civil y Comercial Primero de Villazón del citado departamento.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 27 de marzo de 2019, cursante de fs. 251 a 259 vta., la accionante a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de asesinato en grado de complicidad, el Juez Público Civil y Comercial Primero de Villazón del departamento de Potosí -ahora comandado-, por Resolución de 7 de noviembre de 2018, dispuso su detención preventiva señalando la concurrencia de los riesgos procesales previstos por los arts. 234 numerales 1, 2, 4 y 10; y, 235.1 y 2, ambos del Código de Procedimiento Penal (CPP), sin considerar la prueba aportada por su parte ni los fundamentos vinculantes de la jurisprudencia constitucional invocada con circunstancias jurídicas análogas relacionadas a los peligros procesales, pues dicha autoridad indicó que al haber sido pronunciadas en acciones de amparo constitucional y acciones de libertad no cumplían la regla de la analogía porque el caso se trata de una audiencia cautelar; asimismo, incurrió en una errónea valoración de los indicios y de los fallos constitucionales adjuntados, así respecto al art. 234.1 del adjetivo penal, sostuvo que no se acreditó domicilio y actividad lícita a pesar de adjuntar certificaciones sobre la titularidad de derecho propietario de una caseta en el mercado de Villazón, que si bien no es atendida por su persona acredita este extremo dejando entrever que cuenta con trabajo "...NEGOCIO asentados en el país..."; sobre la actividad, la referida autoridad manifestó que "...solo se constituye ello en demostrar que tiene negocio, pero no una actividad lícita..." (sic); por lo que, interpuso recurso de apelación incidental siendo resuelto por Auto Vista de 24 de diciembre del citado año, que pese a advertir la concurrencia de los agravios, simplemente optó por enervar algunos riesgos procesales manteniendo otros a ultranza en contra de la jurisprudencia, según la cual debieron ser declarados inconcurrentes; en ese marco, los Vocales demandados no resolvieron ni fundamentaron el fallo según lo planteado por su parte, bajo el argumento de que no se explicó claramente los agravios y lo pretendido, cuando lo que se solicitó fue la revocatoria de la resolución del Juez inferior que determinó la aplicación de la medida extrema.
Su argumentación se sustentó en la , que establece: "...LA CARGA DE LA PRUEBA AUN EN RIESGOS PROCESALES INVOCADOS PARA AUDIENCIAS CAUTELARES, LE CORRESPONDE DEMOSTRAR AL ACUSADOR..." (sic); por lo que, el Ministerio Público debe asistir a la audiencia con la evidencia y prueba de que el imputado no reúne esas condiciones de domicilio, trabajo y familia; así, bajo el principio de libertad probatoria señalada en la SCP "0125/2015-S2", para acreditar domicilio presentó certificaciones de las autoridades originarias del lugar, pago de servicios públicos e información del Registro de Derechos Reales (DD.RR.) que dan cuenta que el inmueble es de su propiedad, incluso en los antecedentes se tiene como "...SU CASA Y DONDE OCURRIERON LOS HECHOS..." (sic); empero, se apartaron del carácter vinculante de los fallos citados para afirmar que no se probó que contaba con domicilio en el país, aplicando automáticamente este fundamento para determinar la concurrencia del art. 234.2 del CPP; con la misma ligereza se afirmó la concurrencia del art. 234.10 del citado Código, siendo excluido en el Auto de Vista por carecer de respaldo probatorio y en aplicación del carácter vinculante de la SCP "56/12" y SCP "583/2017-S-2", reconociendo inicialmente dicho carácter para luego soslayarlo.
Respecto al art. 235.1 y 2, la Resolución del Juez a quo adolece de un sustento probatorio y jurídico; puesto que, de manera reiterada, realiza una descripción del hecho haciendo ver que por su naturaleza tendría que imponerse la detención preventiva arguyendo que, al no encontrarse el arma que segó la vida de las víctimas, podría colegirse dicho peligro procesal, cuando no existen elementos que posibiliten establecer su participación en el hecho y peor aún el ocultamiento de armas o elementos de convicción; en especial, con relación al art. 235.2 del adjetivo penal, la referida autoridad judicial aduce que la imputada podría o no obstaculizar la averiguación de la verdad histórica del hecho; es decir, incluye probabilidades a futuro y presunciones subjetivas sin contar con un grado de certeza.
Por su parte, los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí -ahora demandados-, resolvieron su recurso dando curso en parte a sus agravios al desestimar la concurrencia del art. 234.10 del adjetivo penal, pero con la misma soltura que el inferior, reiteraron los argumentos de este para confirmar la concurrencia del art. 234 numerales 1, 2 y 4; y, 235.1 y 2, todos del CPP, argumentando sobre este último riesgo procesal -entendiéndose el art. 235.1 y 2- que la defensa no fue incisiva y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales no fueron desglosadas con relación a la parte aplicativa y su vinculación con el razonamiento para la determinación asumida; asimismo, advirtieron que la motivación de la Resolución del inferior "...es la ausencia de fundamentación, más allá de la concreción de que estando libre se considera que existen otros elementos que no han sido de manera concreta criticados en esta audiencia, por consiguiente tampoco le genera este agravio" (sic), argumento que resulta genérico y ofensivo al no dejar convicción de que no existía otra forma de resolver, y si se pretende comprender lo manifestado, pareciera referir que no existió claridad en la exposición de los agravios, lo que se desvirtúa con la lectura del acta de audiencia de apelación, donde con meridiana claridad expuso como agravio la inobservancia de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales presentadas que darían cuenta de que "...en ninguna situación procesal donde se discuta la concurrencia de los peligros procesales razonados por el art. 235 Nums. 1 y 2 del CPP es válido que el Juez conjeture y utilice los términos 'PODRÍA O NO PODRIA' (...) para ello se invocó claramente el fundamento jurídico de las SSCC identificándolas una por una en lo relevante del razonamiento (...) en la exigencia de la prueba por aportarse a cuenta del imputado o con cargo a él, asimismo la prohibición de fundar decisiones en PROBABILIDADES FUTURISTICAS Y BAJO LOS TERMINOS DE 'PODRIA O NO PODRIA' (...) los vocales ahora accionados se abstraen de considerar y resolver este agravio..." (sic) resultando atentatorio e inobservando sus deberes conforme prevé el art. 398 del CPP.
Finalmente, los indicios aportados en audiencia por el Ministerio Público no demuestran objetivamente que su persona incurrió en algún acto de obstaculización o ejerció influencia negativa sobre determinados testigos o partícipes, limitándose a señalar que "podría" influenciar sobre algún perito, testigo, participe u otro sin identificar elementos o prueba; igualmente se invocó la , referida al art. 234.10 del adjetivo penal, que establece la ilegalidad de fundar un peligro procesal en elementos propios del hecho; siendo que el Juez sostuvo su concurrencia en la gravedad del caso y no dar aviso a la policía en tiempo oportuno, peligro que solo podría desvirtuase por medio de una sentencia absolutoria, vulnerándose los principios de variabilidad, instrumentabilidad y revisabilidad de las medidas cautelares, convirtiendo este riesgo en una condena anticipada. De lo expresado se concluye que el Juez y los Vocales demandados, pronunciaron sus resoluciones sin dar cumplimiento a lo previsto por los arts. 124, 394 y 398, todos del CPP; y, 203 de la Constitución Política del Estado (CPE).
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