Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0676/2019-S1 Sucre, 7 de agosto de 2019
SALA PRIMERA Magistrada Relatora MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad
Expediente: 28151-2019-57-AL Departamento: Oruro
En revisión la Resolución 25/2019 de 22 de marzo, cursante de fs. 36 a 39, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Marcelino Solíz Quelca en representación de su hijo menor NN contra Rocío Celia Manuel Choque y Reynaldo Freddy Sangueza Ortuño, Vocales de la Sala Civil, Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 21 y 22 de marzo de 2019, cursante de fs. 9 a 10; y 11, la parte accionante mediante su representante, expresó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
En el mes de febrero de 2019, solicitó audiencia para la cesación de su detención preventiva, puesto que se encontraba detenido por más de tres meses; sin contar con sentencia alguna. Fue así que, el 21 de igual mes y año, el Juez Público de la Niñez y Adolescencia Segundo del departamento de Oruro, mediante Resolución de 21 del citado mes y año declaró improcedente la solicitud de cesación a la detención preventiva, señalando que al haber salido de vacación judicial, el plazo quedaba suspendido. Ante ello, interpuso el recurso de apelación, pues conforme a lo establecido en la jurisprudencia constitucional, el plazo de los tres meses de detención preventiva no se suspende por la vacación judicial.
Los Vocales de la Sala Civil, Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -ahora demandados- emitieron el Auto de Vista 12/2019 de 12 de marzo, declarando improcedente el recurso de apelación, considerando en primer lugar que el uso de la vacación del Juez titular suspendería el cómputo de plazos; y, como segundo argumento manifestaron que el proceso ya contaba con Sentencia de primera instancia.
Refiere que, hasta el momento de resolverse la cesación a la detención preventiva no existía sentencia, y habían transcurrido más de tres meses de su detención; por lo que, al concurrir estos dos presupuestos, debía haber procedido a la misma.
Por último, manifiesta que las autoridades ahora demandadas, al declarar improcedente su apelación y señalar que la vacación judicial suspendía los plazos, obraron de manera ilegal, contrarios a la jurisprudencia constitucional y del art. 292 del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA) -Ley 548 de 17 de julio de 2014-; asimismo, al manifestar que en el proceso ya existía una Sentencia de primera instancia, siendo que la misma fue emitida después de haberse interpuesto el recurso de apelación contra la Resolución del rechazo de la cesación de la detención preventiva, pues, conforme al principio de legalidad los Vocales hoy demandados sólo tenían la obligación de emitir el Auto de Vista en función al análisis de todo lo ocurrido en audiencia y la Resolución apelada; es decir, remitirse al examen de las pruebas aportadas, a los fundamentos vertidos en dicho actuado procesal, ya que al momento de emitirse dicho Auto de Vista la Sentencia de primera instancia aún no se había emitido.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
La parte impetrante de tutela denuncia la lesión a sus derechos a la libertad y al debido proceso, citando al efecto el art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
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