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TCP

0676/2026-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
27 de abril de 2026SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 0676/2026-S3

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0676/2026-S3 Sucre, 27 de abril de 2026

SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional

Expediente: 55319-2023-111-AAC Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 46/2023 de 29 de marzo, cursante de fs. 114 a 118 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Mauricio Mamani Condori y Daría Yujra Cadena de Mamani contra Pedro Ticona Fernández, Ramiro Tellería Maquera, Crispín Nataniel López Canaviri, Richar Pánfilo Kuno Apaza, Verónica Villca Chambi, Higinio Alejandro Quisbert Choque y terceros desconocidos.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 13 de marzo de 2023, cursante de fs. 49 a 54, los accionantes, manifestaron que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Los accionantes manifestaron ser legítimos propietarios de un bien inmueble ubicado en la provincia Murillo, cantón Achocalla, comunidad Parcopata del departamento de La Paz, con una superficie total de 7 ha y 4000 m²; derecho propietario adquirido mediante Resolución Suprema 171055 de 22 de noviembre de 1973 y consolidado a través del Título Ejecutorial Individual 645892, expedido el 11 de junio de 1975; además del Testimonio 001/2016 otorgado por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Circunstancia que demostraría que su titularidad se encuentra respaldada por documentación legal y certificaciones emitidas por autoridades nacionales y comunales, conforme prevé el art. 1538 del Código Civil (CC).

El 26 de diciembre de 2022, aproximadamente ochenta personas desconocidas habrían ingresado de manera violenta a uno de los predios de los accionantes, ubicado en Parcopata, lanzando dinamitas y petardos, además de proferir amenazas de muerte contra los comunarios y amenazas de violencia sexual contra las mujeres; llegando a ocupar un terreno de 60 000 m², donde instalaron carpas, encendieron fogatas, consumieron bebidas alcohólicas y permanecieron en vigilia durante toda la noche.

Al día siguiente, las personas precitadas habrían iniciado la apertura de calles, procediendo al estacado de lotes, traslado de materiales de construcción y edificación de habitaciones precarias, turnándose por grupos con la finalidad de mantener la ocupación mediante vigilias permanentes; asimismo, el 28 y 29 de enero de 2023, habrían ocupado un segundo predio de 14 000 m², también de propiedad de los accionantes; oportunidad en la cual manifestaron haber efectuado pagos irregulares al Comandante Regional de la Policía de El Alto del departamento de La Paz y al exdiputado Rubén Chambi Mollericona, reiterando amenazas de muerte contra familiares y autoridades originarias.

Desde esas fechas, los ocupantes habrían mantenido la posesión ilegal de ambos predios, realizando construcciones, trasladando materiales y profiriendo amenazas constantes mediante el uso de dinamita; asimismo, se tomó conocimiento de que dichos grupos habrían ejecutado avasallamientos similares en otras zonas, tales como la urbanización Tangani y la comunidad de Pockechaca, ubicadas en Nuestra Señora de La Paz, El Alto y Achocalla.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

Los impetrantes de tutela denunciaron la lesión de su derecho a la propiedad privada, citando al efecto los arts. 56.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 23 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH); 14.1 del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); y 5 incs. d) y v) de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.

I.1.3. Petitorio

Solicitaron se conceda la tutela impetrada y, en consecuencia, se disponga:

  1. a)Suspender cualquier trabajo de construcción en los predios;
  2. b)Prohibir el acarreo de material de construcción;
  3. c)Ordenar la desocupación inmediata de todos los avasalladores;
  4. d)Determinar la existencia de indicios de responsabilidad civil o penal; y,
  5. e)Fijar el monto correspondiente por concepto de daños y perjuicios.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 29 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 104 a 113, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

Los accionantes, a través de su abogado ratificaron los términos expuestos en su memorial de interposición de la presente acción de defensa.

Respondiendo a las interrogantes formuladas por los Vocales de la Sala Constitucional Tercera de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, manifestaron lo siguiente:

  1. 1)Con relación a si el lugar del avasallamiento podría considerarse domicilio para la notificación de los demandados, señalaron que, debido a la violencia y amenazas proferidas por los avasalladores, no fue posible identificar los domicilios precisos de las más de ochenta personas involucradas; razón por la cual, la notificación se practicó en el lugar ocupado, a efectos de resguardar su seguridad, recordando además que la jurisprudencia flexibiliza la legitimación pasiva en casos de avasallamiento. Asimismo, ratificaron que los seis identificados habitan en el predio ocupado y no cuentan con otro domicilio conocido;
  2. 2)Desde el 28 y 29 de enero de 2023 hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar, los demandados se encontrarían ocupando ilegalmente sus predios, realizando construcciones y apertura de caminos, alegando también ser propietarios de los mismos; sin embargo, sostuvieron que, en caso de que los avasalladores contaran con un título de propiedad sobre dichos predios, correspondería acudir a la vía ordinaria para plantear una acción reivindicatoria, un interdicto de recobrar la posesión u otras acciones que consideren pertinentes; y,
  3. 3)Los avasalladores habrían ingresado a ocupar predios pertenecientes a autoridades indígena originario campesinas, profiriendo amenazas de muerte contra sus familias, sin explicar las razones de su actuar violento contra la propiedad privada ni demostrar el cumplimiento de la función social respecto de los terrenos avasallados.

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