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TCP

0679/2026-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
15 de abril de 2026SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Sentencia 0679/2026-S2

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0679/2026-S2 Sucre, 15 de abril de 2026

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional

Expediente: 56633-2023-114-AAC Departamento: Cochabamba

En revisión la Resolución 049/2023 de 19 de junio, cursante de fs. 315 a 323, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Erika Dubeiza Illanes Escobar, en representación legal de Jazmine Marioli Angulo Villaseca contra Esteban Miranda Terán y José Antonio Revilla Martínez, entonces Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 31 de mayo de 2023, cursante de fs. 38 a 56 vta., la accionante, a través de su representante, manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso laboral de cobro de beneficios sociales y derechos laborales promovido contra la empresa Manufacturera Nacional Cochabamba Sociedad Anónima (MANACO S.A. -ahora tercero interesado-), la Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social Primera de Quillacollo del departamento de Cochabamba emitió la Sentencia 120/2018 de 28 de noviembre, declarando probada la demanda principal y concluyendo la existencia de una relación laboral, con el consecuente reconocimiento y pago de todos los beneficios sociales a su favor; dicha determinación fue confirmada en parte mediante el Auto de Vista 136/2021 de 15 de septiembre, pronunciado por la Sala Social Primera del Tribunal Departamental de Justicia de ese departamento; sin embargo, luego de que la referida empresa interpusiera recurso de casación, Esteban Miranda Terán y José Antonio Revilla Martínez, entonces Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia -hoy demandados- dictaron el , declarando improbada, en el fondo, la referida demanda laboral.

En ese contexto, los Magistrados demandados lesionaron la garantía al debido proceso, por cuanto incurrieron en incongruencia omisiva y falta de motivación, al no pronunciarse sobre los argumentos expuestos en la contestación al recurso de casación interpuesto por la empresa demandada; en concreto:

  1. a)Omitieron analizar el contenido íntegro de los contratos supuestamente comerciales suscritos con la parte empleadora, particularmente las cláusulas tercera, séptima, octava, décima quinta y décima sexta, de las cuales se desprende la existencia de una relación laboral encubierta bajo un contrato de consignación;
  2. b)Concluyeron que no percibía un salario, sino una comisión del 8.5% por las ventas realizadas, sin considerar que el art. 56 de la Ley General del Trabajo (LGT) regula la permisibilidad del salario a destajo;
  3. c)No tenía libertad para definir la organización del trabajo ni para disponer de los bienes inmuebles, mobiliario, maquinaria, herramientas e implementos de trabajo; siendo que, todos dichos elementos eran proporcionados por la empresa MANACO S.A., que incluso asumía el pago del alquiler de la tienda donde se comercializaban sus productos; además, la facturación de las ventas era emitida por la propia empresa y no por su persona, existiendo; asimismo, causales de resolución contractual sujetas a la discrecionalidad de dicha sociedad; y,
  4. d)La citada cláusula octava de los contratos establecía la exclusividad de la relación contractual.

Por otra parte, los Magistrados demandados se apartaron de los precedentes establecidos en Autos Supremos que resolvieron supuestos fácticos análogos al presente caso; en los cuales, a partir de la aplicación de los principios de primacía de la realidad y verdad material, el Tribunal Supremo de Justicia desestimó la existencia de contratos de consignación en ese tipo de relaciones laborales, tal es el caso de los , y , mediante los cuales ese Tribunal, tras analizar contratos de consignación similares al suscrito con MANACO S.A., concluyó que existía una relación laboral; de igual manera, similar criterio fue asumido en el , en el que se examinó un contrato de consignación celebrado entre la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Sociedad Anónima (ENTEL S.A.) y Sirlhey Nataly Escobar Linares.

Finalmente, incurrieron en una errónea valoración de la prueba, por cuanto:

  1. 1)Existen correos electrónicos remitidos por personeros de la empresa demandada mediante los que se impartían instrucciones relativas a la provisión y utilización de uniformes, el uso de la marca y la publicidad, los días y horarios de atención de los puntos de comercialización, la variación de los precios de los productos, el control de gastos, la remisión de información, entre otros aspectos; además de contener amenazas de sanciones por incumplimiento a esas instrucciones, avisos de incremento unilateral de comisiones, concursos e incentivos, lo que demostró una relación de subordinación y dependencia; y,
  2. 2)Todas las ventas y sus correspondientes alícuotas eran facturadas a nombre de la empresa demandada, de acuerdo con las cláusulas décima primera y décima segunda de los referidos contratos; circunstancia que, reveló la existencia de una relación de dependencia.
I.1.2. Derechos, garantía y principio supuestamente vulnerados

Denunció la lesión del derecho a la igualdad vinculado al principio de seguridad jurídica; así como, de la garantía al debido proceso en sus componentes motivación, fundamentación, congruencia interna y valoración de la prueba, citando al efecto los arts. 48.II y 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

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