Volver a sentencias
TCP

0680/2026-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
27 de abril de 2026SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 0680/2026-S3

Proceso
—

Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0680/2026-S3 Sucre, 27 de abril de 2026

SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional

Expediente: 51153-2022-103-AAC Departamento: Tarija

En revisión la Resolución 01/2022 de 14 de octubre, cursante de fs. 1885 a 1892 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Karen Sánchez Valverde, Ejecutiva de Desarrollo de Villa Montes del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco contra Marcos Ramiro Miranda Guerrero, Vocal de la Sala Social, Seguridad Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Primera; y, Yenny Cortez Baldiviezo, Vocal de la Sala Civil y Comercial, de Familia y Niñez y Adolescencia Pública Primera ambos del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 3 y 7 de octubre de 2022, cursantes de fs. 1543 a 1579 vta.; 1586 a 1606 vta.; la accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 16 de octubre de 2009, se firmó el Contrato Prefec-CMVM 003/2009, entre el entonces Prefecto de Tarija, el Comandante General del Departamento de Tarija, el Corregidor Mayor de la Tercera Sección de la provincia Gran Chaco, y la Asociación Accidental "Lapacho", para la ejecución del Proyecto "Electrificación Rural Zona Weenhayek (3 Pozos-Viscacheral)".

Posteriormente, la precitada Asociación Accidental planteó acción declarativa de nulidad de la resolución contractual por ilegalidad de procedimiento resolutorio; arguyendo justamente, que el Ejecutivo Regional de Desarrollo de Villa Montes, carecía de competencia para resolver el contrato; puesto que la entidad contratante era la Prefectura del Departamento de Tarija, actualmente, Gobierno Autónomo Departamental (GAD) de Tarija.

De igual forma, con la emisión de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez" -Ley 031 de 19 de julio de 2010-, los Prefectos fueron sustituidos por los Gobernadores Departamentales y la Región del Gran Chaco inició su larga lucha por conseguir su autonomía; y, de acuerdo con lo previsto por el art. 14 del Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco, el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, se constituye, organiza y estructura a través de dos órganos, que son la Asamblea y el Órgano Ejecutivo Regional, a cargo de dos Ejecutivos Regionales de Desarrollo -como Máximas Autoridades Ejecutivas (MAE's)-, uno en Caraparí y otro en Villa Montes, conforme previene el art. 33.I del Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco. Aclaró que el citado Estatuto, fue declarado compatible con la Constitución Política del Estado mediante la "".

En ese contexto, las primeras autoridades electas son las emergentes de las elecciones subnacionales de Bolivia de 2021, denominadas Elecciones Departamentales, Regionales y Municipales de Bolivia, realizada el 7 de marzo de 2021; de esa forma fue conformado el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, con sus tres direcciones administrativas Yacuiba, Caraparí y Villa Montes, lo que no implica la sustitución de los corregimientos o subgobernaciones que eran parte del Gobierno Departamental.

Puesto que, la Ley Transitoria para la Conformación y el Funcionamiento del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco - Ley 927 de 18 de abril de 2017-, establece la conformación y funcionamiento de una nueva entidad territorial, no siendo atribución del o los juzgadores, determinar arbitrariamente una sucesión procesal o sustitución institucional, sin sustento legal alguno, pues para el caso de la transición de Prefecturas a Gobernaciones, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez", sustituye lo que corresponde al Prefecto Departamental por Gobernador o Gobernador Departamental y Prefectura Departamental por Gobierno Autónomo Departamental y no existe previsión legal que sustituya institucionalmente al Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco por alguna otra entidad, explicando que no existe la entidad territorial autónoma denominada Sub Gobernación del Gobierno Regional de Villa Montes, porque no está contemplada en el art. 33.I del Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco.

Por tanto, los errores en la identificación del demandado, en las que incurre el personal del juzgado por la participación del Ejecutivo transitorio de Villa Montes en actuaciones anteriores, aspecto que fue aclarado en la demanda de la Asociación Accidental "Lapacho" que fundamenta su petición en la falta de competencia del Ejecutivo transitorio para declarar la resolución de los contratos suscritos por el Prefecto, hoy gobernador, como asimismo, se absuelve mediante la Sentencia 04/2021 de 8 de febrero, que fue clara al establecer que la entidad contratante es la actual Sub Gobernación de Villa Montes, apéndice del GAD de Tarija.

Ahora bien, tramitado el proceso contencioso seguido por la Asociación Accidental "Lapacho" contra el GAD de Tarija, los Vocales de la Sala Social, Seguridad Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija -ahora demandados-, pronunciaron la Sentencia 04/2021, declarando probada la demanda declarativa de nulidad de resolución contractual por ilegalidad de procedimiento resolutorio; en consecuencia ilegal y sin efecto la resolución de contrato ordenando la cancelación de la inscripción de la resolución del contrato, debiendo en ejecución de sentencia establecerse los montos que deben ser pagados a la empresa contratista por el cierre del contrato; y, se declaró improbada la demanda reconvencional interpuesta por el Gobierno Autónomo Regional de Villa Montes.

Asimismo, el entonces Ejecutivo de Desarrollo de Villa Montes del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, al plantear recurso de casación, fue declarado infundado por ; por lo que, se mantuvo firme y subsistente la Sentencia 04/2021; e, ingresándose en la fase de ejecución del fallo judicial, durante la cual, a través del Auto Interlocutorio 66/2022 de 4 de mayo, se ordenó al recurrente -a tercero día de su notificación- cancele a la Asociación Accidental "Lapacho", la suma de Bs2 910 000.- (dos millones novecientos diez mil bolivianos).

Por su parte, el GAD de Tarija interpuso el incidente de nulidad de obrados, que fue rechazado a través del Auto Interlocutorio 94/2022 de 6 de junio, y finalmente, a través del Auto Interlocutorio 95/2022 de la citada fecha, se declaró no haber lugar al recurso de reposición planteado contra el señalado Auto Interlocutorio 66/2022, ordenándose la retención de fondos de las cuentas bancarias en el sistema financiero nacional del Gobierno Autónomo Regional Gran Chaco, Villa Montes en la suma indicada.

Aclaró que, la planilla final aprobada, mediante Auto Interlocutorio 66/2022, no contempló la devolución del anticipo que otorgaron a favor de la empresa demandante que asciende a la suma de Bs1 470 239,59.- (un millón cuatrocientos setenta mil doscientos treinta y nueve 59/100 bolivianos); puesto que, del mismo, solo se fue recuperado un monto total de Bs732 209,37.­ (setecientos treinta y dos mil doscientos nueve 37/100 bolivianos), en tres planillas aprobadas y pagadas, quedando un saldo pendiente de devolución de Bs737 921,22.- (setecientos treinta y siete mil novecientos veintiuno 22/100 bolivianos), que debió ser restituido al Gobierno Autónomo Regional Gran Chaco, Villa Montes.

Señaló que, durante la ejecución de la Sentencia 04/2021, los Vocales demandados abrieron únicamente un término de veinte días calendario, designando un perito del "sistema ODIN"; no obstante, la entidad no fue notificada personalmente con el inicio de dicha fase procesal y todos los demás actuados fueron comunicados en la Secretaría de Sala; razón por la que, no se tomó conocimiento para hacer el reclamo correspondiente; es más, toda la fase de ejecución de sentencia fue cumplida con varias irregularidades en cuanto a las notificaciones causando indefensión a la entidad; producto de ello, el Auto Interlocutorio 95/2022 de 6 de junio, dispuso la retención de cuentas; y, el Auto Interlocutorio 66/2022 no tomó en cuenta la cláusula sexta del contrato que establece la regulación del anticipo.

De esa forma, el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco recién tomó conocimiento del proceso en ejecución de sentencia, cuando ya se había iniciado el plazo probatorio sin que su representante José Luis Ábrego, hubiese sido notificado; dado que, una vez emitido el decreto de cumplimiento de 9 de febrero de 2022, se notificó al GAD de Tarija, a la Asociación Accidental "Lapacho" y a la Sub Gobernación del Gobierno Regional de Villa Montes en la Secretaría de Sala, mediante diligencia de notificación que lleva únicamente la firma de la Oficial de Diligencias, sin testigo y sin la intervención de la Secretaria, vulnerando el derecho a la seguridad jurídica, al debido proceso en su vertiente fundamentación y motivación, derecho a la defensa, igualdad procesal, acceso a la justicia y aplicación objetiva del ordenamiento jurídico y legalidad, publicidad, transparencia y verdad material.

El 11 de febrero de 2022, se apersonó al proceso, solicitando copia del expediente, y señalando domicilio procesal en la oficina de la ciudad de Villa Montes, correos electrónicos y número de celular, para notificaciones posteriores, aceptándose su apersonamiento por decreto de 14 de similar mes y año.

El 15 de febrero de 2022, la Asociación Accidental "Lapacho", requirió el inicio de la fase de ejecución de sentencia, emitiéndose el proveído de 16 del mismo mes y año, notificándose a la entidad que representa en Secretaría de Cámara, con evidente vulneración de sus derechos y garantías constitucionales. De igual forma, cuando el 25 de igual mes y año, se abrió término probatorio de veinte días calendario comunes a las partes.

El 23 de marzo de 2022, ofreció prueba que fue puesta en conocimiento de la parte contraria, en cuanto a la pericial ofrecida, fue denegada porque fue ofrecida en la fecha de vencimiento del término probatorio. Posteriormente, impugnó el informe del perito el 31 del citado mes y año.

Finalmente, se pronunció el Auto Interlocutorio 66/2022, por el que se aprobó el informe pericial, disponiendo el pago de la suma de Bs2 910 000.- (dos millones novecientos diez mil bolivianos), en el plazo de tres días de su legal notificación, Resolución que vulnera el debido proceso en su vertiente motivación y fundamentación, derecho a la igualdad de partes, a la valoración razonable de la prueba, a la defensa y seguridad jurídica por no haberse considerado la devolución del monto entregado en calidad de anticipo. Igualmente, respecto a los daños y perjuicios ocasionados a la empresa, el pago de trabajos ejecutados hasta la fecha de paralización y la devolución del monto ejecutado por la garantía de cumplimiento de contrato, cuando tales conceptos no fueron demostrados y se contempló un monto erróneo por falta de valoración de la prueba, ocasionando un monto económico a pagar con un interés legal del 6% de acuerdo al Código Civil (CC), que no corresponde.

Por otra parte, el Auto Interlocutorio 66/2022, aprobó el informe pericial y dispuso el pago de la suma indicada, señalando que se limita a indicar la existencia de los daños y perjuicios ocasionados y los trabajos ejecutados y no pagados y que, en ejecución de sentencia, no corresponde dilucidar si procede o no los mismos, cuando en un caso análogo, se emitió el , donde se dispuso que se establezca el monto correspondiente al cierre del contrato.

Igualmente, en el Auto Supremo 586, pronunciado en el presente caso, se confirmó la Sentencia 04/2021; así, de la interpretación de ambas resoluciones, únicamente correspondía establecer el monto correspondiente al cierre del contrato, sobre la base de los conceptos establecidos; razón por la cual, establecer un interés legal es un fallo ultra petita, ya que no fue considerado en el proceso ni en la referida Sentencia.

Sobre el Auto Interlocutorio 94/2022, que declara no haber lugar al incidente de nulidad planteado, reiteró que las notificaciones no cumplieron su finalidad y causaron vulneración a derechos y garantías constitucionales.

Finalmente, con relación al Auto Interlocutorio 95/2022, señaló que carece de fundamentación y motivación, transgrediendo la seguridad jurídica que coarta el acceso a la justicia y los derechos a la igualdad de partes, a la valoración razonable de la prueba y a la defensa porque se limita a indicar que los argumentos expuestos, no identifica los agravios causados por tal Resolución, ni considera que el recurso de reposición planteado contra el Auto Interlocutorio 66/2022, contiene un daño irreparable cuando dispone que se haga efectivo un depósito de suma de dinero a favor de la Asociación Accidental "Lapacho", cuando se encuentra latente la vulneración de derechos y garantías constitucionales porque se ocasiona un daño grave e irreparable a la entidad cuyos recursos están destinados para el pueblo.

Mostrando 29 de 142 parrafos.

Lee el fallo completo con Pixi Lector

Estás viendo aproximadamente el primer 20% del fallo. Activa Pixi Lector para acceder al texto íntegro y al PDF original completo.

Bs. 20/mesPixi Lector

  • Texto íntegro de las sentencias del TCP y TSJ
  • PDF oficial de cada resolución, listo para descargar
  • Citas listas para usar en tus escritos

¿Necesitas también el asistente IA? Compara todos los planes

Tribunal Constitucional Plurinacional27 de abril de 20260680/2026-S3Fuente oficial