Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0681/2019-S4 Sucre, 21 de agosto de 2019
SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional
Expediente: 28218-2019-57-AAC Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 14 de 25 de marzo de 2019, cursante de fs. 123 a 124 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Erika Roca Chavez contra Hugo Juan Iquise Saca y David Valda Terán, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, Albania Chane Caballero Saavedra, Jueza Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primera del citado departamento.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 8 de marzo de 2019, cursante de fs. 68 a 90 y el de subsanación el 18 del referido mes y año (fs. 93), la accionante expuso lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 8 de junio de 2018, Richard Suárez Chávez -hoy tercero interesado- inició el proceso de divorcio en su contra, mismo que radicó en el Juzgado Público de Familia Décimo Primero del departamento de Santa Cruz, con la finalidad de logar la desvinculación vía judicial y cancelación de la partida de matrimonio.
Posteriormente, el 20 del citado mes y año, formuló denuncia contra el precitado por la comisión del delito de violencia familiar o doméstica ante el Juzgado Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del departamento de Santa Cruz, ampliada el 12 de julio del indicado año, por la comisión de los delitos de violencia familiar económica y patrimonial. Proceso este último, dentro del cual, el 15 de agosto de ese año, el sindicado interpuso excepción de incompetencia, al considerar que en la tramitación del proceso de divorcio, no correspondía su procesamiento en la vía penal, y en todo caso, los antecedentes del mismo deberían ser remitidos a la jurisdicción de materia familiar, siendo resuelto mediante Auto 29 de 28 de septiembre de 2018, declarando infundada dicha excepción; por lo que, el ahora tercero interesado formuló recurso de apelación incidental, bajo los siguientes argumentos:
- a)No estaban en discusión las atribuciones, jurisdicción y competencia de la autoridad jurisdiccional, sino su incompetencia para conocer un proceso que estaba siendo dilucidado en la vía familiar, habida cuenta que también existe incompetencia en razón de materia, conforme lo dispuesto por el art. 46 del Código de Procedimiento Penal (CPP);
- b)Se demostró con suficiente prueba que el caso no se trataba de violencia familiar o doméstica, sino de un proceso de índole monetario que se encontraba ventilado en la jurisdicción familiar; y,
- c)No se discutió que la autoridad judicial pertenezca a un grupo especializado en el que se determinó su competencia, sino que el supuesto delito de violencia familiar o doméstica que se encuentra siendo investigado por el Ministerio Público debe ser dilucidado en la vía familiar, por ello solicitó se declare la admisibilidad del recurso y se revoque el Auto motivo de apelación.
Una vez analizado el memorial de apelación incidental "...existe una sola cuestión que fue transcrita tal como está impreso el memorial de impugnación y que este antecedente NO EXISTE en el memorial donde se interpuso la excepción de incompetencia..." (sic); por otro lado "...la ley establece QUE LAS CUESTIONES DEBEN SER DE LA RESOLUCIÓN, y revisado el Auto Interlocutorio de fecha 28 de septiembre de 2018 en las Consideraciones, de Fundamentación Jurídica, Conclusiones no existe esta expresión que ahora aparece como una nueva figura para el apelante" (sic). Recurso de apelación resuelto por los Vocales ahora demandados, mediante Auto de Vista 04 de 21 de enero de 2019, declarándolo probada y fundada la excepción de incompetencia, ordenando en consecuencia, la declinatoria de competencia ante el Juzgado de Familia Décimo Primero del citado departamento, en el que se tramitaba el proceso de divorcio, fallo que no se encuentra debidamente fundamentado, motivado ni es congruente; puesto que carece de un correcto análisis de los antecedentes al considerar una nueva petición, actuando de forma ultra petita; toda vez que, en el mismo, los mencionados Vocales de la mencionada Sala Penal señalaron que el Juez a quo "debió valorar y considerar si los actos investigativos solicitados en la etapa preliminar guardan relación con la denuncia.... Los actos investigados tienen total relación con estos delitos no valoro estos hechos que fueron puestos a su conocimiento............. De manera errónea no considero ni valoro de manera correcta con relación a la excepción de incompetencia..... Debió considerar y valorar que tanto la denunciante como el denunciado son parte dentro del proceso de divorcio" (sic), cuando el apelante no fundamentó en su memorial si la Jueza valoró o no correctamente los antecedentes con la prueba.
De esa manera, el Tribunal de alzada incurrió en error al permitir y considerar una nueva petición dentro del trámite de apelación, pese a que el propio apelante "...la puso como una cuestión que no existe en la resolución..." (sic), y reconoció la existencia de un supuesto delito, el cual se encuentra siendo investigado por el Ministerio Público, pero que debe ser dilucidado por la vía familiar, petición que hace notar la pretensión de que se imponga una nueva competencia al Juez Público de Familia; empero, el Tribunal superior sin aplicar el principio de razonabilidad actuó con incongruencia, pese a que existía una clara congruencia aditiva.
Asimismo, el Auto de Vista 04 no tiene la debida fundamentación, por cuanto no expresó los motivos y razones del porqué de la decisión asumida; así como tampoco existe coherencia jurídica entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto; por lo que, correspondía declarar la improcedencia del recurso de apelación incidental.
Por ello, considera que sus derechos fueron transgredidos, ya que los Vocales ahora demandados, no dieron un cabal cumplimiento al art. 394 y ss. del CPP, "...porque resolvieron una cuestión que no es de la resolución y esa presunta cuestión no fue más que un acto que encierra una nueva petición..." (sic), colocándola de esta manera en total indefensión al no saber qué va a defender en la vía familiar si el hecho es calificado como delito; además, no es posible que una Jueza Pública Familiar conozca de un hecho de violencia donde existe una denuncia así como una imputación formal, más aún cuando en el proceso penal se pidió la detención preventiva del denunciado al concurrir elementos suficientes de la probabilidad de la comisión del ilícito.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
La accionante denunció la lesión de sus derechos a la defensa y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y a la igualdad de las partes; así como el principio de seguridad jurídica, citando al efecto, los arts. 78, 115.II y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
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