Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0684/2025-CA Sucre, 27 de noviembre de 2025
Expediente: 78786-2025-158-AIC Acción de inconstitucionalidad concreta Departamento: La Paz
En consulta la Resolución sin fecha, cursante de fs. 405 a 409, pronunciada por el Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, por la que no promovió la acción de inconstitucionalidad concreta, interpuesta por Germán Arrieta Justiniano, Director; Mauricio Alexi Cruz Arnéz, Asesor; Elva María Paredes Suárez; Ana Ortuste Guevara, Guiselle Evelin Alfaro Torrejon; Kelly Rodríguez Limpias; Erick Jussel Claros Titze, abogados del Departamento Administrativo y Legal funcionarios de la Dirección de Recursos Humanos (RR.HH.) en representación legal de Max Jhonny Fernández Saucedo, Alcalde todos del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, demandando la inconstitucionalidad de los arts. 4.I inc. b), 5, 10, 13.I de la Ley de Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales -Ley 1468 de 3 de octubre de 2022-; concordantes con los arts. 14.I y II, 16.III incs. b) y c) y 21.III del Protocolo de Actuación para la aplicación de la mencionada Ley 1468, aprobada por Resolución Ministerial (RM) 635/24 de 3 de junio de 2024, por ser presuntamente contraria a los arts. 9.1, 115.II, 117.I y 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de la solicitud de parte
Por memorial presentado el 2 de octubre de 2025, cursante de fs. 410 a 414 vta., el accionante a través de sus representantes legales, manifestó que el Sindicato de Trabajadores Municipales de Santa Cruz, formuló denuncia escrita en favor de Filemón Franco Gutiérrez contra el Gobierno Autónomo Municipal de ese departamento, denunciando la vulneración de sus derechos laborales, a la estabilidad laboral y al despido sin causa justificada, motivo por el cual la Jefatura Departamental del Trabajo de Santa Cruz, por Resolución de Reincorporación Laboral METPS-DNC-REDLAB-979-2025 de 7 de julio, dispuso la reincorporación laboral por inamovilidad del nombrado en las mismas condiciones anteriores al momento de su despido sin causa justificada, las mismas que además comprenden el pago de salarios devengados por el tiempo que duró la suspensión de la relación laboral y la restitución de los derechos a la seguridad social a corto y largo plazo y demás derechos que hubiesen sido afectados; por lo que, el 1 de agosto del mismo año, plantearon recurso de revisión, contra esa determinación.
Consideran que los preceptos ahora cuestionados de inconstitucionales, al imponer la ejecutoriedad inmediata de una resolución administrativa, sin control judicial previo, restringe el acceso a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, generando un desequilibrio entre el derecho del trabajador y las garantías del empleador, y el Estado en lugar de garantizar igual protección y defensa de los derechos, favorece un procedimiento que privilegia la posesión administrativa sobre el control jurisdiccional, afectando un recurso judicial previo antes de la ejecución de la medida, obligando al cumplimiento inmediato de un acto administrativo que equivale a imponer una sanción o efecto jurídico sin que medie control de legalidad, ni posibilidad real de defensa, vulnerando el núcleo del derecho al debido proceso, toda vez que el cumplimiento inmediato de una resolución ministerial equivale a ejecutar una condena sin que el afectado hubiese sido oído en sede jurisdiccional, trasladando una función de carácter jurisdiccional a la autoridad administrativa, lo que supone una vulneración directa al derecho a la defensa y a la presunción de legalidad de las actuaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, otorgando a la administración laboral la facultad de dictar resoluciones con efectos ejecutoriados e irrevisables en lo inmediato, desplazando al juez natural, cercenado los derechos al debido proceso y a la defensa, al favorecer una aplicación unilateral que sacrifica la seguridad jurídica y la igualdad de las partes en el litigio.
Por otra parte indica que, no existe salvedad alguna respecto a los servidores que son destituidos por procesos disciplinarios internos, con el debido proceso y las garantías de defensa, forzando al empleador a su restitución cuando el trabajador legalmente destituido podría reclamar ser víctima de un despido sin causa justificada, anulando los efectos de un procedimiento en el cual ya se ejecutó el derecho a la defensa, y al equiparar todo despido por inasistencia a despido injustificado, sin distinguir entre abandono injustificado y faltas graves comprobadas en procesos internos desequilibra la protección de derechos protegiendo sólo al trabajador, vulnerando el derecho a la defensa, a la "seguridad jurídica" y la gestión legítima del empleador, quedando obligado éste a sumir consecuencias jurídicas como si hubiese actuado arbitrariamente, aunque exista resolución disciplinaria válida, trasladando la carga contra el empleador, vulnerando la garantía de presunción de legalidad de los actos regulares; convirtiendo al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social en un órgano jurisdiccional paralelo; puesto que, reinterpreta e incluso invalida efectos de procesos sumarios disciplinarios que deberían ser revisados únicamente por la jurisdicción laboral u ordinaria, afectando el principio de separación de funciones y la exclusividad de la potestad jurisdiccional en el Órgano Judicial. Por otra parte en cuanto al empleador al no asistir a la audiencia, equivale a aceptar la vulneración a los derechos denunciados, no diferenciando entre ausencia justificada e injustificada, privando al empleador del ejercicio de su derecho a la defensa, además de otorgar al mencionado Ministerio a una facultad sancionadora automática que no admite control jurisdiccional previo, favoreciendo únicamente al trabajador, sin valoración de prueba.
En cuanto a la impugnación administrativa o judicial de resoluciones ministeriales no suspende la ejecución inmediata, estando obligado a la reincorporación, pago de salarios u obligaciones aún hubiese formulado un recurso, perdiendo eficacia la impugnación, ejecutando una condena anticipada, sin haber agotado el debido proceso.
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