Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0684/2026-S2 Sucre, 15 de abril de 2026
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional
Expediente: 56808-2023-114-AAC Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 103/2023 de 15 de junio, cursante de fs. 353 a 359, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jhosseline Yessica Mamani Quispe en representación legal de Óscar Arnaldo Heredia Vargas, Rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) contra María Cristina Díaz Sosa y Carlos Alberto Egüez Añez, Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 4 de mayo de 2023, cursante de fs. 239 a 250 vta., la parte accionante manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso laboral por reliquidación de Beneficios Sociales seguido contra la UMSA, se emitió la Sentencia 079/2019 de 7 de junio, que declaró probada en parte la demanda y dispuso que dicha entidad cancelara la suma de Bs48 631,15.- (cuarenta y ocho mil seiscientos treinta y uno 15/100 bolivianos) en favor de Antonieta Rosario San Martín Vda. de Illanes -heredera de Rodolfo Joaquín Illanes Alvarado y ahora tercera interesada-; en ese marco, tanto la referida casa superior de estudios como la tercera interesada, interpusieron recursos de apelación contra la decisión emitida en primera instancia, emergiendo de ello el Auto de Vista RES. A.V. 058/2021 SSA-II de 30 de junio, que confirmó lo determinado en la citada Sentencia.
Habiendo sido notificados con el referido Auto de Vista, ambas partes formularon recursos de casación, los cuales fueron resueltos por María Cristina Díaz Sosa y Carlos Alberto Egüez Añez, Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia -demandados-; como resultado, se emitió el , que declaró infundado el recurso de casación presentado por la UMSA; sin embargo, casó parcialmente el Auto de Vista RES. A.V. 058/2021 SSA-II en favor de la tercera interesada, pese a las irregularidades advertidas en sus fundamentos, particularmente en lo relativo al indebido sustento para la aplicación del bono de antigüedad y otros derechos laborales, determinando el pago de Bs195 598,03.- (ciento noventa y cinco mil quinientos noventa y ocho 03/100 bolivianos).
En ese contexto, las autoridades demandadas emitieron el mencionado Auto Supremo, sin considerar que:
- a)Eludieron que el Decreto Supremo (DS) 21060 de 29 de agosto de 1985, fue "eliminado" de acuerdo a lo dispuesto en el art. 1 del DS 861 de 1 de mayo de 2011; por consiguiente, se dispuso el pago del bono de antigüedad con base en normativa que ya no se encontraba vigente;
- b)Como consecuencia de lo anterior, no existió respuesta en relación a la prueba presentada, particularmente el Reglamento para la Aplicación de la Escala Salarial para Docentes, Autoridades y Personal Administrativo Permanente de la UMSA y el formulario de finiquito, los cuales demostraron que los beneficios sociales fueron cancelados conforme a la escala salarial docente y con base en los últimos tres salarios efectivamente percibidos;
- c)No se pronunciaron sobre la indebida aplicación de los arts. "19" -siendo lo correcto 9- del DS 28699 de 1 de mayo de 2006; 2.III del DS 110 de 1 de mayo de 2009; y, 19 de la Ley General del Trabajo (LGT); toda vez que, se efectuó un cálculo incorrecto del tiempo de la relación laboral y del salario promedio indemnizable; de igual manera, se estableció la multa del treinta por ciento por retraso en el pago, pese a que este ya había sido realizado ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social;
- d)Se aplicó erróneamente el art. 9 del DS 1260 de 5 de julio de 1948, siendo que la finalización del vínculo laboral obedeció al fallecimiento del trabajador en circunstancias ajenas al desempeño de sus funciones en la UMSA; por tanto, únicamente correspondía el pago de beneficios sociales y no otros derechos laborales; y,
- e)El pago de quinquenios se encontraba previsto únicamente para el sector privado y en supuestos en los que medie proceso administrativo, conforme al DS 522 de 26 de mayo de 2010; además, se estableció su cancelación con base en un sueldo promedio indemnizable anterior, cuando la normativa establecía que el cálculo debía realizarse sobre los tres últimos meses de salario percibido.
I.1.2. Derechos, garantías y principios supuestamente vulnerados
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