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TCP

0684/2026-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
27 de abril de 2026SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 0684/2026-S3

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0684/2026-S3 Sucre, 27 de abril de 2026

SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional

Expediente: 54105-2023-109-AAC Departamento: Potosí

En revisión la Resolución 013/2023 de 9 de marzo, cursante de fs. 111 a 117, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional, interpuesta por Luis Rene Loayza Gallardo contra María Luz Flores Mollinedo y Juan Carlos Ramírez Flores, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí.

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 27 de febrero de 2023, cursante de fs. 20 a 33 el accionante, expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra y otras personas, por la presunta comisión de los delitos previstos en los arts. 154.1 y 150 del Código Penal (CP), en el cual se dispuso su detención domiciliaria con custodios esporádicos, mediante memorial de 25 de julio de 2022, interpuso incidente de nulidad por actividad procesal defectuosa, por falta de notificación con varios actuados y resoluciones judiciales desde el inicio del proceso penal seguido en su contra; asimismo, solicitó la nulidad de obrados hasta el decreto de 7 de febrero de 2022, debiendo ordenarse su notificación con todos los actuados y resoluciones judiciales emitidos desde el inicio del proceso, el cual fue declarado infundado por el Juez de Instrucción Penal Segundo del departamento de Potosí, mediante Auto Interlocutorio de 23 de agosto de 2022.

La falta de fundamentación e inobservancia de lo establecido en los arts. 160 y 163.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP) motivo que, en la misma audiencia, interpusiera recurso de apelación incidental contra el referido Auto Interlocutorio, en respuesta, los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí -ahora demandados- pronunciaron el Auto de Vista 91/2022 de 9 de septiembre, declarando improcedente el recurso interpuesto y confirmando la Resolución impugnada sin la debida fundamentación, motivación ni congruencia.

En ese orden, el Auto de Vista 91/2022 de 9 de septiembre, no explica cuáles fueron los motivos, razones y disposiciones legales con las que concluyeron que el Juez de Instrucción, al transcribir algunas partes de la y de la , cumplió con la debida fundamentación en derecho y no tomaron en cuenta que el objeto de la apelación fue la inobservancia del art. 163.1 del CPP y no la falta de notificación con la imputación formal.

El Auto de Vista impugnado en la presente acción de amparo constitucional, no explica de forma clara y fundamentada, cuál es la relación existente entre la solicitud de rechazo de la denuncia penal y que hubiese tenido pleno conocimiento de todas las actuaciones que estaba desarrollando el Ministerio Público, además, en ningún momento denunció el desconocimiento de los actuados de la Fiscalía; sino que lo reclamado fue que no se le notificó con los memoriales de ampliación de la investigación y sus respectivos decretos.

De igual forma, no señalaron los motivos por los cuales concluyeron que los principios que rigen las nulidades habrían sido formulados de manera totalmente generalizada; y que hubiese existido convalidación de los defectos denunciados porque supuestamente, conocía todas las actuaciones que estaba realizando el Ministerio Público, al encontrarse la documentación en el cuaderno de investigaciones, sin explicar cómo llegaron a dicha conclusión y tampoco expresaron si el Juez de Instrucción dio cumplimiento al art. 163.1 del CPP, limitándose a referir que de acuerdo con la jurisprudencia, se notificó con la imputación formal, argumentos sustentados en consideraciones meramente retóricas.

Los Vocales demandados no explicaron en forma clara y con argumentos propios debidamente fundamentados, cómo es que la documentación recolectada mediante un mandamiento de allanamiento sería la misma que habría sido presentada por la Gobernación, la cual estaría cursando en el cuaderno de investigaciones, sumándose a ello que tampoco explicaron con fundamentos fáctico-legales si es evidente o no la inobservancia del art. 160 del código procesal que rige la materia.

No fue observado el principio de congruencia externa al resolver el agravio referente a la inobservancia del art. 163.1 del CPP y falta de fundamentación porque incorporaron de oficio temas no contemplados en el memorial del incidente de nulidad -como la vulneración del debido proceso o el derecho a la defensa- y el recurso de apelación incidental que planteó, ya que en ningún momento reclamó el conocimiento o desconocimiento de las actuaciones que estaba desarrollando el Ministerio Público y de los documentos presentados cuando solicitó el rechazo de la denuncia penal; por otra parte se lesionó el aludido principio debido a que los Vocales demandados no se pronunciaron de forma positiva o negativa sobre todos y cada uno de los agravios denunciados en el recurso de apelación incidental.

En la incongruencia interna se hizo referencia a los argumentos utilizados por el Juez de Instrucción quien señaló que el dar a conocer una ampliación de investigación, no constituiría una forma de inicio de la acción penal y por ende, no correspondería notificar en forma personal dichos actuados; empero, los Vocales demandados de forma incongruente llegaron a la conclusión que no es evidente que desconocía esos documentos.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia interna y externa, citando al efecto los arts. 115.II y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE), art. 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (CADH) y art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y se disponga la anulación del Auto de Vista 91/2022 de 9 de septiembre y se ordene al Tribunal de alzada emitir nueva Resolución debidamente fundamentada, motivada y congruente conforme a lo establecido por el art. 124 del CPP.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 9 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 96 a 110 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, en audiencia ratificó los argumentos de su demanda y, ampliándolos manifestó que:

  1. a)Debía cumplirse con lo dispuesto por el art. 160 del CPP, que claramente establece que todos los actuados judiciales deben ser notificados a los imputados, incluso dentro de las veinticuatro horas, aspecto que no se cumplió;
  2. b)Tampoco fue cumplida la previsión contenida en el art. 163.1 de la norma procesal penal, toda vez que es el Juez de Instrucción quien debe disponer la notificación mediante la Gestora de Procesos, ya sea con la denuncia o con sus ampliaciones;
  3. c)La denuncia fue ampliada en más de dos oportunidades, motivo por el cual reclamó dicha falta de notificación, en ningún momento reclamó o manifestó que desconocía el proceso, porque lógicamente tenía conocimiento del mismo al haber sido notificado por el Ministerio Público, pero no el Órgano Judicial;
  4. d)No fue notificado "ni con los derechos donde ha aceptado las ampliaciones de investigación (...); no se le ha notificado incluso con la ampliación de las diligencias investigativas y tampoco y lo más importante lo que hemos reclamado no se le ha notificado con una audiencia donde primero han hecho un allanamiento a las oficinas del Gobierno Departamental y ha habido una audiencia donde supuestamente ha habido apertura de sobres a efectos de ver qué documentos se ha secuestrado, eso incluso el propio Juez ha ordenado que se notifique a las partes pero a ninguna de las partes no se le ha notificado" (sic);
  5. e)Se reclamó la falta de notificación porque no tuvo la oportunidad de observar los decretos o resoluciones que emitió el Juez antes de la imputación;
  6. f)El Juez manifestó que no tenía la obligación de notificar, aspecto contrario a lo dispuesto por los arts. 160 y 163 del CPP, refiriendo además la autoridad judicial, que conocía porque el Ministerio Público le notificó, refiriendo los Vocales demandados lo mismo, en sentido de que conocía del proceso, cuando no reclamó si conocía o no del proceso, sino que el Juez no le notificó con los actuados judiciales, como las ampliaciones de denuncia, con las audiencias donde inclusive hubo apertura de documentos, los decretos donde "se ha aceptado"; y,
  7. g)El Juez manifestó que el hacerle conocer el inicio de investigación, no le obliga a notificarle, pero no explica en qué ley o disposición sustenta tal afirmación y lo Vocales de manera incomprensible señalaron "no, no es evidente se le ha notificado".
I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

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