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TCP

0685/2026-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
27 de abril de 2026SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 0685/2026-S3

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0685/2026-S3 Sucre, 27 de abril de 2026

SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional

Expediente: 55106-2023-111-AAC Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 44/2023 de 27 de marzo, cursante de fs. 474 a 478 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Juan Frank Bass Werner Subirana, en representación legal de la Empresa Constructora IBÉRICA Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) contra Nora Herminia Mamani Cabrera, Contralora de la Contraloría General del Estado (CGE).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 8 de febrero y 6 de marzo de 2023, cursante de fs. 323 a 338; y, 341 a 342; la empresa accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 28 de diciembre de 2012, suscribió con el Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Uriondo del departamento de Tarija, un contrato administrativo para la ejecución de la obra "Construcción Matadero Municipal Uriondo" por un monto total de Bs6 813 512,42.- (seis millones ochocientos trece mil quinientos doce 42/100 bolivianos) y un plazo de ejecución de trescientos sesenta días computables, a partir de la orden de proceder, construcción que fue adjudicada en el proceso de contratación CUCE-12-1607-00336555-2-1 y código interno GAMU-OMT-LPN-0 024/2012 bajo la modalidad de licitación pública nacional.

En la ejecución de la obra, fueron suscritas dos órdenes de cambio, ampliando el plazo de ejecución de la obra, la primera por ochenta y cinco días calendario y, la segunda, en ciento diecinueve días calendario; Luego, el 2 de septiembre de 2015, se suscribió el contrato modificatorio 1, que amplió el plazo en doscientos treinta y nueve días calendario e incrementó el monto del contrato en Bs609 851,90.- (seiscientos nueve mil ochocientos cincuenta y un 90/100 bolivianos).

Ello implica que las modificaciones pactadas, mediante las dos órdenes de cambio y el contrato modificatorio, más lo estipulado en el contrato principal, comprenden un plazo total final de ejecución de la obra de ochocientos tres días calendario y un monto total final que asciende a la suma de Bs7 423 364,32.- (siete millones cuatrocientos veintitrés mil trescientos sesenta y cuatro 32/100 bolivianos).

En cuanto al avance de la obra, se desembolsó el anticipo y el 28 de diciembre de 2012, fue emitida la orden de proceder, iniciando las labores como empresa; empero, debido a actividades que debió realizar el GAM de Uriondo del departamento de Tarija, se paralizó la obra, por aproximadamente seiscientos cuarenta y tres días, de los cuales ciento diecinueve días se debieron a una causa justificada ajena a las partes contratantes, debido a trámites de replanteo y diseño que requerían aprobación del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG); sin embargo, los otros quinientos veinticuatro días se debió directamente a trabajos de movimientos de tierras y trámites burocráticos atribuibles de forma exclusiva al referido municipio contratante.

Pese a ello, la empresa alcanzó un 38,41% de avance físico, coincidente con el avance financiero, que asciende al monto de Bs2 850 946,42.- (dos millones ochocientos cincuenta mil novecientos cuarenta y seis 42/100 bolivianos), hasta el momento de terminación del contrato, quedando pendiente de pago un importe de Bs281 431,16.- (doscientos ochenta y un mil cuatrocientos treinta y un 16/100 bolivianos) correspondiente a la planilla final de obra.

El 15 de enero de 2020, en atención a la cláusula vigésima primera del contrato, entregaron una carta notariada de intención de resolución del contrato a requerimiento del contratista, por causas atribuibles a la entidad edil, ello debido a la Comunicación Oficial de 26 de febrero de 2016, emitida por el Fiscal de Obra, con el que se remitió la planilla de Pago 3 aprobada por el Supervisor a la administración del mencionado GAM y ante la demora injustificada en el pago, dicho ente edil incurrió en la causal de terminación del contrato, prevista en la cláusula vigésima primera, subcláusula 21.2, núm. 21.2.2, inc. c), que estipula "incumplimiento injustificado de pago de un certificado de avance de obra aprobado por el SUPERVISOR, por más de sesenta (60) días calendario computados a partir de la fecha de remisión del certificado o planilla de avance de obra por el Fiscal a la entidad" (sic).

Transcurrido ese plazo, el 11 de febrero de 2020, entregaron la carta notariada de efectivización y consolidación de la resolución de contrato, ante lo cual, el municipio respondió con la Nota ASLEG/DESP/CITE 011/2020 de 11 de febrero, aceptando que las causas de resolución son "insuperables"; en ese sentido, y considerando que no manifestaron su voluntad de dar continuidad al proyecto y más aún ante la falta de recursos, señaló que se debe elaborar las planillas, informes y actas de cierre, aprobación de la planilla final y pago de saldos acreedores y deudores entre partes, mismos que ya gozan de aceptación debido al silencio transcurrido y en el marco del contrato mismo.

Así, sin existir cierre administrativo del contrato y con obligaciones pendientes a favor de la empresa, la CGE, a través de la Gerencia Departamental de Tarija, realizó una auditoría especial sobre la obra en cuestión, procedimiento al que aportaron documentación, información y argumentos; no obstante, fueron notificados con el Informe GT/EP46/L12 R1 de 29 de octubre de 2021, que sin considerar todo el acervo propuesto, determinó la existencia de indicios de responsabilidad civil, sin manifestarse siquiera sobre la manifiesta inviabilidad existente para efectuar el estudio de auditoría y control posterior, ya que no hubo cierre administrativo del proyecto y del contrato, al encontrarse pendiente la planilla de cierre.

Conocido el Informe GT/EP46/L12 R1, se presentó descargos y argumentó extensamente sobre cada hallazgo del indicado informe; no obstante, el 9 de noviembre de 2022, fueron notificados con el Dictamen de Responsabilidad Civil CGE/DRC-015/2022 de 2 de septiembre, que concluye entre lo más trascendental, la responsabilidad civil solidaria con Erick Jesualdo Mendoza Marquez y la Empresa Consultora MSD S.R.L., por un monto de Bs3 673 163,25.- (tres millones seiscientos setenta y tres mil ciento sesenta y tres 25/100 bolivianos), sin valorar las pruebas, ni argumentos vertidos, menos explicar de manera autónoma y con claridad por qué se llegó a tal determinación, limitándose a indicar que todo surge de hechos descritos en informes, que no fueron puestos a su conocimiento y cuyo contenido, les resulta extraño.

En consecuencia, el referido Dictamen de Responsabilidad Civil, es el acto lesivo a sus derechos fundamentales y garantías constitucionales, pues imputa a la empresa de forma injusta e ilegal, consolidando el silencio y la falta de respuesta a notas y memoriales, dejándoles en indefensión; además, se inició en su contra un proceso coactivo fiscal, que implica un registro como deudor en el sistema de la CGE, encontrándose ante una medida de hecho, haciendo hincapié que los dictámenes no son recurribles en sede administrativa ni proceso judicial, razonamiento que tiene sustento en la , y las y, 0539/2020-S4 de 4 de noviembre, en la que se refiere a los actos de auditoría gubernamental, considerando que el proceso coactivo fiscal, no es una instancia en la que se pueda revisar el procedimiento administrativo de determinación de responsabilidad civil. Así también, concurre al caso, la excepción de subsidiariedad por silencio de demandado, extremo contenido en la , porque no dieron respuesta a ninguno de los argumentos ni considerado las peticiones de anulación de proceso de auditoría.

Con dicho preámbulo, señaló que fue vulnerado el debido proceso en su vertiente motivación y fundamentación de las resoluciones; así como, la valoración de la prueba, debido a que no se manifestó ni consideró lo siguiente:

El contrato administrativo en su cláusula trigésimo sexta, determina la necesidad de suscribir órdenes de cambio o contratos modificatorios en caso de modificación de trabajos por más de diez días hábiles para el reinicio de la obra. De haberse considerado dicho extremo, la entidad demandada hubiera fallado de manera diferente, pues al no ser atribuible a una empresa contratista la posibilidad de reanudar los trabajos, no corresponde la aplicación de multas en su contra y por tanto, no existe responsabilidad civil ni daño económico alguno, liberando de responsabilidad no solo a la empresa, sino también a los servidores públicos del GAM y la empresa consultora responsable de la supervisión de la obra; debido a que, las multas son una consecuencia del incumplimiento injustificado de los plazos y términos del contrato, no un derecho que se consolida con el transcurso del tiempo, y se determinan conforme a procedimiento y no por examen de control superior que omite la interpretación del contrato y lo más importante, que no considera atribuciones y facultades de cada parte según el contrato mismo.

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