Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0686/2026-S2 Sucre, 15 de abril de 2026
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional
Expediente: 56835-2023-114-AAC Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 82/23 de 29 de junio de 2023, cursante de fs. 33 a 35 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Luis Gutiérrez Veizaga contra Jaime Rodrigo Paz Soldán, Comandante del Instituto Geográfico Militar (IGM) del departamento de Santa Cruz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 26 de junio de 2023, cursante de fs. 18 a 25, el accionante manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 5 de mayo de 2023, presentó una solicitud escrita ante el IGM del departamento de Santa Cruz, solicitando que, se le certifique si en los archivos de planos aprobados por esa institución, existía un plano y documentación correspondiente a nombre de Tomás Guinter Melgar Gutiérrez, Cédula de Identidad 2827345 SC; María Roxana Antelo de Melgar, Cédula de Identidad 2997992 SC; y/o Lorenzo Adolfo Melgar Rodríguez, respecto a una parcela de terreno ubicada en la zona "CUPESI TERRADO", cantón El Palmar, provincia Andrés Ibáñez del departamento de Santa Cruz, con una superficie de 11 ha.
Previamente, en el marco de una diligencia preparatoria promovida ante la Jueza Pública Civil y Comercial Vigésimo Novena de la Capital del departamento de Santa Cruz, solicitó la obtención de dicha certificación mediante oficio; sin embargo, a través del Auto Interlocutorio 79/23 de 19 de abril de 2023, la referida autoridad judicial -determinó no ha lugar su solicitud- y señaló que acuda directamente ante el Comandante del IGM para obtener la certificación requerida.
A pesar de que adjuntó dicho Auto Interlocutorio a su solicitud escrita, no recibió respuesta formal, ni positiva ni negativa por parte del IGM; además, tanto él como sus abogados, acudieron en varias ocasiones a esa institución, pero únicamente recibieron respuestas verbales de sus funcionarios, quienes indicaron que: "...QUE NO CERTIFICARA[N] NADA, porque necesita[n] una ORDEN JUDICIAL..." (sic), desconociendo lo dispuesto en el Auto Interlocutorio 79/23.
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